La erradicación de los manicomios ha dejado de ser tema de debate para constituirse en un mandato trasmitido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sobre la base de los pactos internacionales de derechos humanos. Así lo explica Javier Vásquez, especialista de la OPS, al señalar como “un problema central en América latina la pérdida de la libertad personal que conllevan las internaciones psiquiátricas”. A partir de criterios establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la OPS requiere: el traslado de la atención en salud mental desde el hospital psiquiátrico a los hospitales generales; la supresión o reducción al mínimo de la internación, reemplazada por la atención ambulatoria y, eventualmente, la residencia en casas comunitarias; para los que ya están internados, revisión de cada “privación de la libertad” por comisiones independientes. Sobre esas bases debiera promoverse el despoblamiento progresivo de las instituciones psiquiátricas, hasta su desaparición –destaca Vásquez, nacido en España, quien, en Buenos Aires, intervino en el Taller sobre Salud Mental y Derechos Humanos, con ministros de la Corte Suprema de la Nación–. Los protagonistas principales de este proceso deben ser “las propias personas con discapacidad mental: ¿quién podrá defender sus derechos mejor que ellos mismos?”.

–¿Por qué la OPS entiende que las normas internacionales sobre derechos humanos son un “instrumento esencial” en cuestiones de salud mental?

–Tomemos un problema central en América latina: la pérdida de la libertad personal que conllevan las internaciones psiquiátricas. El derecho a esa libertad debe protegerse por imperio del artículo 7º de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

–Sí, pero muchos legos..., o muchos psiquiatras, aducirían que, lamentablemente, no hay más remedio que internar a esas personas por causa de su “enfermedad mental”.

–Primero, sí hay más remedio. Pero, aun en el caso de que una persona debiera ser internada, los Principios de Salud Mental aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas exigen que esa pérdida de libertad sea revisada, en cada caso y lo antes posible, por un organismo totalmente independiente de la dirección del hospital que internó a la persona.

–¿Cómo debe integrarse este organismo de revisión?

–Puede estar integrado por un trabajador social, un abogado especialista en salud mental y en derechos humanos, un miembro de la comunidad que tenga conocimiento de la problemática de la salud mental; en fin, la composición de este organismo de revisión no es estricta, lo importante es que sea multidisciplinario para que no sean sólo psiquiatras o sólo jueces los que toman las decisiones.

–¿Cómo debe funcionar este organismo?

–Con facultad para recibir pruebas, escuchar testigos, escuchar a la persona y a su representante legal; sin ser un órgano judicial, funciona con todas las garantías propias de la Justicia, y, finalmente, su decisión puede ser apelada ante un tribunal superior.

–La actuación de ese organismo debería alcanzar a todas las personas actualmente bajo internación psiquiátrica...

–Así es. Además, el organismo de revisión debe intervenir lo antes posible ante toda nueva internación. Y, si el organismo acepta que la persona quede internada, la revisión deberá reiterarse cada pocos meses, según la legislación de cada país.

–De todos modos, usted empezó por observar que “sí, hay más remedio” que la internación.

–Efectivamente, para que sea compatible con los estándares internacionales en derechos humanos, la atención en salud mental se organiza sobre la base de unidades descentralizadas, no ya en hospitales psiquiátricos sino en hospitales generales. En los hospitales debe haber servicios de salud mental, con camas, por si el paciente necesita pasar alguna noche. También debe haber atención de salud mental en las salas barriales de atención primaria. Y, para las personas con discapacidad mental que necesiten residencia, hay que proveer servicios comunitarios como hogares sustitutos y casas de medio camino. Pero es inútil inaugurar este tipo de residencias si no forman parte de esa red que incluye al hospital general y el centro de atención primaria; de otro modo, la atención termina siendo absorbida por el hospital psiquiátrico.

–¿La OPS plantea que el hospital psiquiátrico no tendría lugar en la atención a la salud mental conforme a derechos humanos?

–La OPS y la OMS entienden que los hospitales psiquiátricos deben ser eliminados progresivamente, en la medida en que el Estado vaya creando alternativas de atención en hospitales generales y servicios comunitarios. Pero no deben ser suprimidos mientras no se cuente con esas modalidades; eliminarlos prematuramente sería desastroso. Ciertamente, junto con la instauración de las nuevas modalidades, los ingresos en los hospitales psiquiátricos deben reducirse y aumentar los egresos, de modo que se vaya reduciendo la cantidad de personas alojadas.

–Lo que usted plantea no es que ésta sea una alternativa terapéutica preferible a otras, sino que es la única acorde con los derechos humanos...

–Lo que plantean la OMS y la OPS es que oponerse a estos criterios es oponerse a una reforma de la salud mental sobre la base de los estándares validados internacionalmente en derechos humanos: es necesaria esta reforma para que la persona con discapacidad mental no sea discriminada en su derecho a trabajar, educarse, votar, formar familia, expresarse libremente, informarse; concierne a todos los derechos reconocidos.

–¿Qué actores sociales son imprescindibles para que la atención en salud mental pase a ser compatible con los derechos humanos?

–Esencialmente, deben participar los usuarios del sistema. Hace muy poco en Belice, ese pequeño país del Caribe, la OPS organizó talleres para negociar la política y legislación en salud mental, y unos 20 usuarios participaron en el mismo nivel que los funcionarios gubernamentales. No se puede hablar de los derechos del usuario sin que él esté presente en el momento de negociar políticas y planes de salud mental. Es importante entonces que se fortalezcan las asociaciones de usuarios del sistema de salud mental; no ya sólo con presencia de familiares, lo cual es relativamente más fácil, sino de los usuarios mismos.

–Pero muchos legos..., o muchos psiquiatras, podrían objetar que, por loable que sea esa intención, la enfermedad mental inhabilita a los pacientes para ciertos niveles de participación.

–La experiencia muestra que no es así. Hay distintos trastornos mentales y hay distintas capacidades; no toda persona con discapacidad mental es incapaz en todo momento y para cualquier acto jurídico. En muchos países hemos trabajado con líderes que son usuarios de salud mental; yo he participado en presentaciones ante parlamentos nacionales junto a usuarios, en plano de igualdad. En las negociaciones para la Convención de la ONU para los Derechos de Personas con Discapacidad, que se efectuaron en Nueva York, hubo usuarios de salud mental que, representando a sus organizaciones, debatieron con 190 expertos para la redacción de un tratado internacional.

–¿Qué estrategia puede promover esa presencia de los usuarios?

–La OPS organiza reuniones específicas con usuarios en distintos países, procurando “empoderarlos” para que tengan participación efectiva en el momento de negociar planes y legislaciones. Los países donde esto se hizo fueron los que más avances tuvieron en sus sistemas de salud mental, y es comprensible: ¿quién podría defender los derechos del usuario mejor que él mismo?