Organizaciones de mujeres empezaron a juntar firmas y marcharán el jueves contra el proyecto de ley del Gobierno que busca tipificar el delito de trata de personas para la explotación laboral o sexual. La iniciativa, impulsada por el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, ya tiene media sanción del Senado y sería aprobada en la sesión de la semana próxima en Diputados. El punto más conflictivo –y que más cuestionamientos recibe– es que las víctimas de trata mayores de 18 años tendrán que probar que no han consentido ser esclavas o esclavos. Este aspecto, el del consentimiento, ha sido objetado por diversas ONG y redes que se especializan en el tema de la trata humana y también por el Inadi y la Secretaría de Derechos Humanos. Aunque fueron escuchadas en el Congreso, ninguna de sus sugerencias fueron tenidas en cuenta por el oficialismo. “Como está planteada, esta ley no va a servir para perseguir el delito de trata y seguirá quedando impune y sin protegerse a las víctimas”, sintetizó Marta Fontenla, integrante de la Campaña Ni una víctima más de las redes de prostitución y de la Red No a la trata.

También convocan a la manifestación frente al Congreso, el jueves a las 18, la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar-Capital), La Casa del Encuentro, Mujeres de Izquierda-Capital, Colectiva Feminista La Caldera, entre otras entidades.

El martes pasado, el proyecto obtuvo despacho de mayoría en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda y Mujer, Niñez y Familia, con la firma de legisladores del oficialismo. La diputada del Frente para la Victoria Vilma Ibarra es su ferviente defensora. La voz de las ONG quedó plasmada en el despacho de minoría de la diputada Fernanda Gil Lozano, de la Coalición Cívica, que sumó también el apoyo del radicalismo. En el kirchnerismo además hay algunos legisladores que avalan los cuestionamientos al proyecto oficialista, como Stella Maris Córdoba y Oscar Massei, que presentaron también proyectos alternativos, pero tampoco tuvieron eco en el bloque del FV. “El tema de la trata de personas no tiene que ver con una cuestión partidista sino de derechos humanos y de conciencia”, señaló Córdoba a Página/12. La diputada Córdoba criticó la posición “un poco intransigente” de su propia bancada para aceptar introducir modificaciones al proyecto que se aprobó en noviembre de 2006 en el Senado. En ese entonces, Vilma Ibarra era titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta y se encargó de promoverlo. En apoyo al proyecto, el día que tuvo la media sanción, estuvo presente en el recinto Aníbal Fernández, entonces ministro del Interior.

El polémico proyecto define como “trata de mayores de 18 años” a “la captación, el transporte o traslado, la acogida o la recepción, ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior, con fines de explotación, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando existiere consentimiento de ésta”. La pena prevista para este delito es de 3 a 6 años de prisión y puede llegar a los 10 si el culpable fuese cónyuge o familiar directo, funcionario público o si interviene una organización delictiva, es decir, si “el hecho fuere cometido por tres o más personas” o “si las víctimas fueren tres o más”.

En casos de menores de 18 años, “el ofrecimiento, captación, transporte o traslado” configuran trata aun cuando no se den las restantes condiciones, y el “asentimiento de la víctima no tendrá efecto alguno”. Las penas pueden llegar a 15 años.

La “explotación a la que se refiere la normativa abarca las siguientes posibilidades: la reducción a la esclavitud o a la servidumbre, los trabajos forzados, el comercio sexual y la extracción ilícita de órganos.

“Nos oponemos al proyecto del oficialismo porque distingue entre víctimas mayores y menores de 18 años y porque cuando son mayores, establece que es necesario probar que el delincuente actuó con violencia, abuso, engaño, amenazas, etc., para que exista delito. Ello implica que se presume que pueden prestar consentimiento con su propia explotación. De esa manera se favorece la impunidad de los proxenetas y tratantes. Y no se protegen efectivamente los derechos humanos de las personas víctimas de trata”, resumió en diálogo con este diario Sara Torres, presidenta en Argentina de la Coalición contra la trata de la Mujer (CATW).

Consultada por Página/12, Vilma Ibarra sostuvo que si se aceptan las reformas que plantean las ONG, “tenés que meter presos a todos los dueños de los prostíbulos y se van a rentabilizar en manos de la policía. Nadie cree, entre los fiscales y los jueces, que es el momento de ilegalizar todos los prostíbulos. Va a ser contraproducente. Las mujeres que no arreglen van a tener que ir a atender a los clientes a sus casas delante de sus hijos. La prostitución es un problema social gravísimo. Y hay que respetar que una persona adulta pueda decidir elegir ejercer la prostitución”.

–Pero hoy ya los prostíbulos están prohibidos y, sin embargo, todo el mundo sabe que existen...

–Hoy los habilitan con otros nombres, como whiskerías o casas de masajes. Hay un problema con los operadores judiciales para cerrarlos. Son delitos que en general están amparados por el poder y no se consiguen condenas –reconoció Ibarra.

Para la diputada de la Coalición Cívica, la historiadora y feminista Gil Lozano, si se incorporaran los cambios propuestos por su despacho de minoría “los proxenetas irían presos”. A su entender, “no hay voluntad política para perseguir la trata y terminar con el delito”. “En Colombia –agregó Mercedes Assorati, del Programa Esclavitud Cero de la Fundación El Otro– se probó un tipo penal como el que busca establecer el proyecto oficial y la experiencia fue que se lograron condenas en lo que hace a menores, pero no en caso de mayores de edad. Por esa razón, en el 2005 Colombia tuvo que cambiar el tipo penal y equiparar a mayores y menores de edad. Lo que pedimos a los legisladores es que no cometamos el mismo error en la Argentina.”

El Ejecutivo quiere que la ley se apruebe lo antes posible. El proyecto podría tratarse en la próxima sesión, el miércoles 9.