Una médica cubana quiso inscribir a sus dos hijos en el jardín de infantes del Instituto Sara Chamberlain de Eccleston, en Flores, pero en el establecimiento no los admitieron. La escuela se reserva el derecho de admisión fue el argumento de las autoridades. Para la madre, sus hijos no fueron matriculados porque ella “es negra y extranjera”. Un proyecto de ley que regula la admisión de alumnos en colegios privados hoy podrá recibir dictamen favorable de la Comisión de Educación de la Legislatura porteña, a partir del consenso de los principales bloques legislativos. La iniciativa obliga a los establecimientos educativos privados a fundamentar por escrito su negativa de no admitir a un estudiante. Sectores vinculados con la Iglesia buscan proteger su derecho de admisión sin explicaciones, establecido por la resolución 641 dictada por la dictadura.

La iniciativa, que sintetiza las propuestas del diputado Pablo Failde (FpV) y la legisladora Victoria Morales Gorleri (PRO), cuenta con un preacuerdo de la mayoría de los bloques, por lo que se prevé que será sancionada el próximo jueves, según adelantaron voceros de la Legislatura. “Tras las incorporaciones de los nuevos diputados, hemos generado un nuevo consenso. Soy optimista con que esta vez sí sea aprobado”, dijo a Página/12 Failde.

El proyecto no niega el derecho de los colegios de seleccionar a quiénes admitir y a quiénes no, pero plantea que deben explicar por escrito las causas por las que decidan no admitir a un alumno en caso de que se lo exijan los padres o tutores. “En caso de que dicha información sea negada, podrá radicarse una denuncia ante el Ministerio de Educación porteño”, señala el artículo 3. Mientras el 5 precisa que “la fundamentación de la negativa (...) deberá ser respondida por escrito en el plazo máximo de diez días de recibida la solicitud”.

La propuesta contempla sanciones para los establecimientos que no cumplan con la ley: desde un apercibimiento hasta multas de hasta 10 o 50 veces el valor de una cuota mensual en caso de reiteración. Además, la nómina de sanciones aplicadas a las instituciones se publicará en la página web de la cartera educativa.

“Según las denuncias que venimos tramitando, cuando los colegios excluyen a un alumno sólo les dicen a los padres que la ‘escuela se reserva el derecho de admisión’. Esa no es una razón fundada”, comentó a Página/12 Gustavo Lesbegueris, defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Además, el funcionario señaló que “muchos de esos colegios son subvencionados por el Estado” y se quejó de que “la Dirección de Educación de Gestión Privada de la ciudad no hace ningún control para evitar rechazos arbitrarios, sino que los avala”.

El año pasado el bloque del PRO con complicidad de la Coalición Cívica de Elisa Carrió, que se retiró del recinto, votó en contra de la propuesta de la Defensoría del Pueblo porteño. Así, los colegios pudieron conservar este año el derecho a no admitir alumnos por causas arbitrarias, como el que ocurrió el año pasado con cuatro alumnos de un instituto del barrio Villa Devoto, que no fueron rematriculados este año. Sus padres impulsaban un petitorio en el establecimiento en contra del aumento de las cuotas.

Más de 50 denuncias respaldaron el proyecto que presentaron en 2004 y que perdió estado parlamentario en 2007. “Hay más casos, pero los padres en general no se animan a denunciar”, evaluó el defensor adjunto. “Los colegios pueden ejercer el derecho de admisión, pero como lo utilizan las escuelas públicas, con examen de ingreso como hace el Carlos Pellegrini, o ante la falta de vacantes”, explicó Lesbegueris.

En la Defensoría advierten que colegios de todo el país rechazan la inscripción de alumnos por razones arbitrarias. “Cuando se discutía la nueva ley nacional de Educación buscamos que en la norma se regulara el derecho de admisión, pero en el Ministerio de Educación no tuvieron en cuenta ese pedido”, lamentó Lesbegueris.

Informe: Esteban Vera.