La Legislatura porteña sancionó ayer –tal como anticipó Página/12– un proyecto de ley que regula la aplicación del derecho de admisión de alumnos en colegios privados. La iniciativa obliga a los establecimientos educativos privados a fundamentar por escrito su negativa a admitir a un estudiante. La Iglesia había presentado una fuerte oposición porque son muchas las escuelas privadas religiosas, como el Instituto Nuestra Señora del Huerto, de Villa Pueyrredón, donde siete alumnos no fueron rematriculados para este año. Nadie les explicó nada, pero sus padres creen que se trató de una represalia porque impulsaban un petitorio en contra del aumento de las cuotas (ver aparte). Finalmente, la Justicia les dio la razón.

La ley, que consensuó las propuestas del diputado Pablo Failde, del Frente para la Victoria (FpV), y la legisladora Victoria Morales Gorleri, del PRO, se aprobó por 48 votos a favor y uno en contra, del diputado Raúl Fernández, de Encuentro Progresista. El año pasado el bloque del PRO, con la ayuda de la Coalición Cívica (CC), que no estaba en el recinto, votó en contra de una propuesta similar que había sido presentada por la Defensoría del Pueblo porteño.

La norma se propone regular el polémico derecho de admisión establecido por la resolución 641, dictada en 1981 por el gobierno militar. “El proyecto que consensuamos intenta poner de manifiesto el compromiso de la relación escuela-familia, que no estaba planteado en el anterior proyecto. Planteamos que la escuela debe hacer explícito su perfil pedagógico así las familias saben dónde pueden inscribir a sus hijos según sus valores”, explicó a Página/12 Morales Gorleri. Para su par Enrique Olivera (CC), presidente de la Comisión de Educación, “no hay grandes diferencias con el proyecto de la Defensoría”.

–¿Por qué ahora la CC acompañó la iniciativa cuando antes la había rechazado?

–El año pasado no nos dejaron votar. Yo y otros diputados estábamos fuera del recinto discutiendo otros temas y cuando entramos ya habían votado. Pedimos la rectificación para votar, pero no se pudo lograr. Aquella vez, la votación había quedado 25 a 25. Y el presidente del cuerpo legislativo, Santiago de Estrada, votó contra el proyecto.

La flamante norma no niega el derecho de los colegios a no admitir alumnos, pero plantea que deben explicar por escrito las causas por las que decidan no aceptar a un alumno en caso de que se lo exijan los padres o tutores. “En caso de que dicha información sea negada, podrá radicarse una denuncia ante el Ministerio de Educación porteño”, señala el artículo 3. Mientras el 4 precisa que “la fundamentación de la negativa (...) deberá ser respondida por escrito en el plazo máximo de diez días de recibida la solicitud”. Y el 5 agrega que la respuesta tendrá que ser “antes del 31 de octubre del año anterior al ciclo lectivo”. Durante el debate en el recinto se acordó una prórroga de diez días más.

La ley contempla sanciones para los establecimientos que no cumplan con la norma, desde un apercibimiento hasta multas de hasta 10 o 50 veces el valor de una cuota mensual, en caso de reiteración. Además, la nómina de sanciones aplicadas a las instituciones se publicará en la página web del Ministerio de Educación de la ciudad. “Todas las causas que no respeten las leyes serán consideradas causas no justas y constituyen un ilícito, además de ser discriminatorias”, precisó Morales Gorleri.

“Era fundamental establecer un mecanismo transparente para la matriculación de los chicos, donde el único motivo por el cual no sean inscriptos sea por falta de matrícula y no por motivos discrecionales o discriminatorios por parte de directivos o autoridades de las escuelas”, comentó Failde.

En la Defensoría del Pueblo de la ciudad se recibieron más de 50 denuncias de ese tipo desde 2003, como el caso de la médica cubana que quiso inscribir a sus dos hijos en el jardín de infantes del Instituto Sara Chamberlain de Eccleston, del barrio de Flores, pero en el colegio no los admitieron. Para la madre, sus hijos no fueron matriculados porque ella “es negra y extranjera”.

Informe: Esteban Vera.