Antes de la sanción de la ley que regula el derecho de admisión de las escuelas privadas, dos fallos de la Justicia volvieron a poner límites a esa atribución que ejercen los colegios. Dos magistrados ordenaron la reincorporación de una nena de 7 años y dos adolescentes de 16 y 17 años que no habían sido reinscriptos en una escuela católica del barrio porteño de Villa Pueyrredón. Todo comenzó a fin del año pasado, cuando un grupo de 70 padres impulsaba un petitorio en el Instituto Nuestra Señora del Huerto contra un aumento de más del 50 por ciento de las cuotas. Por el reclamo, a ocho estudiantes la escuela religiosa decidió no rematricularlos.

Tras el aumento, el grupo de padres solicitó una reunión con el representante legal del establecimiento –ubicado en la avenida Mosconi 3022– para pedir explicaciones de cómo se había conformado la suba. En la reunión hubo una respuesta que no hizo desistir a los padres. Hubo una segunda reunión. Esa vez, el encuentro terminó con la policía en el establecimiento. Una secretaria había marcado el 911 y había dicho que los padres amenazaban con atacar a los profesores. Por ese hecho, la Justicia absolvió a los padres.

Mientras tanto, el reclamo continuaba. Pero al mismo tiempo, comenzaron a llegarles cartas-documento a algunos de los padres que impulsaban las quejas, por las que los notificaban de que a sus hijos no les renovarían la matrícula para 2008. ¿Las causas? Arbitrarias, según denunciaron los padres ante la Defensoría del Pueblo porteña. Así, a ocho alumnos no les renovaron la matrícula.

A partir de ese hecho también, tres padres realizaron una presentación ante la Justicia para asegurar la permanencia de sus hijos en el instituto. El resto optó por inscribirlos en otra institución.

Uno de los padres, que prefiere mantener el anonimato para no perjudicar a su hija en el colegio, contó a Página/12 el caso de su nena. “Me enviaron una carta documento que decía que no tenía pagadas las cuotas y, en consecuencia, no iban a rematricular a mi hija. Pero eso era mentira, porque tengo los comprobantes de las facturas pagas. Y además, había pagado el aumento del 53 por ciento”, relató. La carta, además, agregaba que el hombre había “incurrido en inconductas”. “Yo sólo quería saber –aseguró– cómo estaba compuesto el aumento de las cuotas.” “Parece que si se reclama algo que es justo, deciden echarte del colegio”, sentenció. La nena había pasado a segundo grado. “Antes de recibir esa carta teníamos ese temor y por eso antes le pedimos a la Dirección General de Educación de Gestión Privada de la ciudad que intervenga, para garantizar el derecho de nuestros hijos, pero esa dirección no hizo nada”, se quejó el padre.

Tras la presentación, los juzgados en lo Contencioso y Administrativo Nº 3 y Nº 4 hicieron lugar a un recurso de amparo presentado por tres padres.

Informe: E. V.