En Catamarca cobra fuerza la hipótesis del pago de coimas en los puestos de control interprovinciales. La hipótesis había sido lanzada por un grupo de sobrevivientes del ómnibus que se desbarrancó en la cuesta de El Totoral con al menos 72 pasajeros a bordo. Ayer, en medio de un fuego cruzado de acusaciones entre provincias, los gobiernos de Tucumán y Catamarca hicieron rápidas maniobras para cubrirse del escándalo y las ramificaciones que podría alcanzar la investigación de sus controles fronterizos. En ese sentido, ambos gobiernos pusieron en disponibilidad a los agentes que cubrían los turnos en los pasos el domingo pasado. Y Catamarca impulsó además una denuncia penal para profundizar la investigación. En tanto, la jueza María de los Milagros Vega avanza ahora sobre la situación legal del micro. En ese marco pidió la detención de su propietario e incluyó como imputados culposos a los dos choferes.
A medida que pasan las horas, la investigación sobre el accidente de Catamarca se concentra en dos aspectos: las características legales del Scania modelo 1987 que cruzó de Tucumán a Catamarca sin seguro ni habilitación provincial o de la Comisión Nacional de Regulación del Trasporte (CNRT). Y por otra parte, el modo en que los choferes lograron escamotear los dos puestos de control fronterizo interprovinciales: el paso de Huacra en Tucumán y El Portezuelo en Catamarca.
Este segundo aspecto es el que tiene efectos políticos más fuertes en cada una de las provincias. El lunes, algunos sobrevivientes y familiares de las víctimas abrieron con sus testimonios la línea del pago de coimas. De acuerdo con esos relatos, durante el viaje de ida hacia Catamarca y poco antes de cruzar la frontera, uno de los choferes les propuso a los pasajeros hacer una colecta para la policía. Ese soborno les permitiría pasar las fronteras interprovinciales y seguir el viaje.
Ayer, cada una de las provincias salió a enfrentar este tema con estrategias similares.
El subsecretario de Seguridad tucumano, comisario Julio Díaz, buscó en la Unidad Regional del Sur el nombre de los dos policías que estaban el domingo a las 8.30 de la mañana en el cruce del río Huacra. A esa hora estaba registrado el paso del Scania. Con esos datos, Díaz puso en disponibilidad a dos sargentos: Héctor Rolando Luján y Manuel Antonio Garzón. La medida fue efectiva, pero la provincia asegura que aún no tiene datos ciertos sobre el pago de coimas: “Tomamos la decisión –le dijo Díaz a Página/12– sin saber si las coimas se pagaron acá o en Catamarca”. De todos modos, anoche el comisario Díaz estaba convencido de que existieron al menos otras dos fallas en los controles: “Permitieron que pasara un vehículo sin atender sus características –explicó–, ni la cantidad de pasajeros que transportaba”.
En Catamarca, en tanto, redoblaron los esfuerzos. El Scania pasó por el cruce de El Portezuelo antes de salir de la provincia y desbarrancarse. Eso ocurrió a las 20.30 del domingo, cuando el micro volvía a Tucumán. Los controles de El Portezuelo fueron los últimos que vieron al micro. Y allí los choferes entregaron una copia con un listado de pasajeros. En esa lista no estaban todos los pasajeros del micro, sino una parte: “En esa lista hay unas 50 o 52 personas”, le dijo a este diario el secretario de Seguridad de Catamarca, Rafael Cazaux.
Esto generó ayer que se desvinculara de sus puestos a los agentes que estaban esa noche a cargo del control fronterizo. Y además propició una medida más extrema de parte del Gobierno. Pedro Casas, titular de la cartera de Gobierno, presentó una denuncia penal ante la fiscalía 4 de Patricia Olmi para que se investigara si se pagaron o no coimas a la policía caminera.
Los policías de los puestos de control no tienen obligación de detener a todos los micros que pasan, sólo deben hacerlo con los que resultan sospechosos, explicó Cazaux. Y el aspecto del Scania merecía un control. Pero Cazaux no sabe qué hicieron sus hombres: –Mire –le dijo a Página/12–, si mi gente contó mal, o se hicieron los distraídos y dejaron pasar a los pasajeros..., ¿qué hubiese hecho usted en el lugar del cabo? ¿Qué iban a hacer con todos esos pasajeros de más? ¿Los iban a dejar en medio de la ruta?
Eso, para el secretario de Seguridad, “era demasiado peligroso”.
Kilómetros más adelante, la tripulación del Scania sabría el significado de la palabra peligro.
En tanto, el director de Trasporte tucumano, Enrique Romero, completó ayer los datos que se venían barajando sobre el micro. El ómnibus era parte de 26 de Febrero, una empresa tucumana de tipo familiar de una localidad llamada Juan Bautista Alberdi. Raúl Alfredo Oyola es el propietario del Scania y accionista de la compañía. Y ahora es el hombre sobre el que la jueza Vega ordenó la detención. En julio de este año, y en medio de la crisis, Oyola había dejado de pagar el seguro por falta de viajes y pasajeros. Desde ese momento, no tenía tampoco permisos ni provinciales ni nacionales para circular con pasajeros.
En este momento, Oyola está internado en la Clínica Alberdi de su ciudad, por una crisis nerviosa. En tanto, la jueza Vega incluyó como imputados en la causa a los dos choferes del Scania. Juan José Soberón y José Luis Juárez ahora están imputados como responsables del delito de homicidio culposo. Por ahora, como Oyola, ninguno de ellos podrá presentarse en el juzgado. Los dos están internados en estado delicado en el Hospital Juan Bautista de Catamarca.