El desastre de la cuesta de El Totoral va a desembocar indefectiblemente en acusaciones de homicidio múltiple, aunque habrá una batalla judicial -que incluso puede provocar movilizaciones de los familiares– acerca del enfoque y la gravedad de las penas. Las defensas de los imputados, que van a ser el dueño del micro y los dos choferes, alegarán que aunque hubo negligencias, fue un accidente, y por lo tanto corresponde una pena excarcelable. Los familiares sostendrán que el dueño del autobús debió ver que esto –el micro viejo, sin habilitación, sin registro de conducir, con el pago de coimas para funcionar– podía terminar en la muerte de los pasajeros y por lo tanto se trató de un homicidio simple que tiene penas que van más allá de los ocho años de prisión y no es excarcelable. Además, habrá una batalla por las indemnizaciones para los familiares de cada víctima –las sumas irán desde unos 150.000 a unos 450.000 pesos por fallecido– y lo más probable es que termine pagando el Estado.
Aquí, un cuadro de cómo puede ser la batalla judicial y las consecuencias para los protagonistas.
- El dueño del micro, Raúl Oyola: Sin duda tiene la máxima responsabilidad. El vehículo no estaba habilitado, era antiguo, hubo problemas mecánicos seguramente por falta de mantenimiento, llevaba pasajeros de más, contrató choferes con el registro de conducir vencido, la póliza de seguros no fue renovada y se pagó una coima para pasar los controles en la ruta. Las alternativas son dos:
- Homicidio culposo. Es un accidente pero donde hay negligencia y responsabilidad en que se haya producido. El penalista Mariano Cúneo Libarona recordaba ante Página/12 que, para dar un ejemplo, los dueños de Lapa fueron imputados por homicidio culposo en el accidente de Aeroparque porque el piloto no estaba entrenado como correspondía. En este caso, la pena es de hasta tres años y por lo tanto el delito es excarcelable.
- Homicidio doloso. Cuando el responsable se imagina el final que pueda tener su acción. Es uno de los ejemplos que se dio cuando hubo muertos a raíz de las picadas que se corrían en la avenida Lugones. En este caso, es muy probable que los abogados de los familiares y los fiscales digan que quien pone en una ruta tan peligrosa un micro sin habilitación, con choferes sin registro y pagando coimas para que pase, forzosamente tiene que imaginarse que puede producir muertes. La pena va de ocho a 25 años de cárcel. Es posible que haya gran controversia y hasta protestas si el juez se inclina –los penalistas Cúneo Libarona y Marcelo Parrilli creen que es lo que corresponde– por el homicidio culposo.
- Los choferes: Indudablemente su culpa será menor y todo indica que los procesarán por homicidio culposo. No tenían el registro vigente, pero nunca pudieron imaginarse el final de muerte si ellos mismos iban dentro del micro.
- Los policías que cobraron coimas: En principio serán procesados sólo por cohecho, o sea coimas. Los delitos de homicidio requieren elementos muy precisos, participación muy directa en las muertes y por ello la lógica es que no los condenen por homicidio.
- Las indemnizaciones: En un caso como el del Shooting Baires, el polígono de tiro que estalló por emanaciones de gas, la máxima indemnización que se pagó fue por la muerte del hijo del diputado César Jaroslavsky: 450.000 pesos.
Los especialistas coinciden en que las indemnizaciones estarán entre 150.000 pesos para familiares de las personas de más edad hasta 450.000 los familiares de los niños.
El gran interrogante es quién pagará los cerca de 15 millones de pesos de las indemnizaciones, contando gastos y costas. El dueño del micro seguramente será declarado insolvente y por ello lo más probable es quedespués de un largo proceso judicial se tenga que hacer cargo el Estado, que tuvo la responsabilidad de no controlar como correspondía que ese vehículo no circulara por las rutas. Al final, pagarán tanto el estado catamarqueño como el tucumano, por cuyos territorios anduvo el micro.