La causa 8357 tiene seis imputados pero ningún detenido. También reúne una extensa lista de personas físicas y jurídicas, tantas como focos de incendio se produjeron en las islas del Delta. La investigación del juez federal de Campana, Federico Faggionato Márquez, cumplirá un mes el próximo viernes 16 y el expediente continúa ampliándose con informes de fuerzas de seguridad, laboratorios, el INTA, el Servicio Meteorológico, el Ministerio de Salud bonaerense y algunos municipios. Estas son las señales más visibles de una investigación donde Antonio Pazzaglia, el productor que era buscado por las quemas de pastizales, obtuvo la exención de prisión que le concedió la Cámara de Apelaciones de San Martín. El era uno de los dos prófugos. El otro se llama Jacinto Amantray y, como los demás imputados, no parece ser un pez gordo.

Con el inicio de nuevos incendios, el humo volvió a respirarse en localidades como San Nicolás y San Pedro, al norte de Buenos Aires. Una hipótesis más sobre los recientes focos en la zona de islas la hizo correr un ingeniero agrónomo de la primera ciudad: “Queman por una garrapata de las vacas”, afirmó en rueda de amigos. Pero, ¿quién o quiénes provocan el fuego con semejante insistencia? De la causa por “Contaminación ambiental por incendio en la zona de islas” se desprende que Faggionato Márquez ya resolvió la situación procesal de los únicos seis imputados. Aunque no se perciben otros avances que se compadezcan con el desastre provocado.

Sergio Amable Salvador Vera, el uruguayo que habita un predio en la zona del Arroyo Negro, está procesado sin prisión preventiva, y el juez lo consideró autor penalmente responsable del delito de daño, estrago doloso y contaminación. A Juan Leonardo Medina y Juan Pablo García, alias “La Gata”, los procesaron por los mismos cargos, mientras que Celso Medina, hermano de Juan Leonardo, recibió una falta de mérito.

Vera, García y los Medina se conocen muy bien. El primero es peón en el campo de los hermanos y “La Gata” es propietario de 150 cabezas de ganado que pastan sobre las mismas hectáreas. El productor Pazzaglia y su administrador Amantray se encuentran prófugos, aunque el primero no será detenido porque un fallo de la Cámara Federal revocó la decisión de Faggionato Márquez y le otorgó la exención de prisión bajo caución juratoria.

Cuando se deja atrás a los productores y peones rurales, y se analiza caso por caso la presunta responsabilidad de ciertas empresas, aparecen las mayores dificultades. La nómina de sociedades que aportaron al expediente Florencio Randazzo, el ministro del Interior, y Romina Picolotti, la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, tiene nombres que parecen ajenos a la actividad agropecuaria. Por ejemplo, Compañía Americana Metalúrgica. Se trata de una firma cuyo último domicilio registrado es Lavalle 1634, 9 piso, y que inició sus actividades el 1º de marzo de 1999. Su especialidad es la venta al por mayor de metales y minerales metalíferos. El directorio está integrado por Roberto Muller (presidente), Zenaida Ferker (vice), Víctor Simón Muller (director), Mabel Mirta Mariotti (directora) y Ricardo Andrés Molinas (director).

Stonehedge SA es la continuadora de Campodero SA (inicialmente se difundió como Capodero). Con oficinas comerciales en la city porteña (25 de Mayo 555, piso 12), esta empresa constructora figura inscripta en el Registro Público de Comercio desde el 6 de junio de 1997. Dos abogados aparecen vinculados con ellas en distintas etapas: Hernán Cibils Robirosa como presidente y ex director titular; Joaquín Labougle como director suplente. La sociedad, según la Inspección General de Justicia (IGJ), tuvo un aumento de capital este año. Los dos letrados también coinciden en el directorio de otras firmas como Inversora Internacional Hípica SA, Isaura SA, Oriflame de Argentina SA y Zurich Argentina Compañía de Seguros. Asimismo, ambos son socios en un estudio jurídico y han tenido intereses en las compañías más diversas.

Forestargen SA y Recuter son dos sociedades sobre las que el juez les pidió información a la AFIP, Rentas de la Provincia de Buenos Aires y la IGJ, el 29 de abril pasado. Y no aparecían en la lista inicial que se difundió en los medios cuando arreciaban los incendios. De Recuter no existen datos disponibles. Forestargen tiene como actividad la forestación y reforestación y sus socios son Santiago Gagliano, Jorge Eduardo Seminara, Alberto Juan Bradach, Luis Eduardo Zolezzi y Carlos María Nicolás Cejas. Sus oficinas se encuentran en Chacabuco 145, piso 2º, y es la más antigua de las compañías investigadas.

Otras personas jurídicas señaladas por Randazzo y Picolotti son Idasbest Sacif; Compañía Americana, Fapsa SA y Sociedad San Juan del Tropezón, que según el registro donde se ubique la información, difieren en sus integrantes o no mantienen actualizados sus directorios. Incluso, si la sociedad es muy antigua, a su expediente archivado en un depósito de la IGJ sólo se accede mediante un trámite pago y que tiene demoras.

La secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable también agregó nombres de personas físicas a la nómina que está en el juzgado federal de Campana. Y entre once mujeres y hombres que portan el apellido Bouquet, aparece Rodolfo Amadeo Baqué (parecido pero diferente), un conocido abogado que intervino en la causa judicial del cura Julio César Grassi como defensor del letrado del sacerdote, Miguel Angel Pierri, cuando a éste lo detuvieron.

“La cuestión penal, si se estudia la responsabilidad de las empresas, es un tema complejo. Porque en delitos ambientales son el directorio o los gerentes quienes deben responder. Además, hay escasos ejemplos de procesamientos o condenas. Yo diría que casi inexistentes. La lista de Picolotti está agregada a la causa pero, será muy difícil juzgar a una sociedad anónima”, explicó una fuente de la Ufima, la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental que colabora con el juez Faggionato Márquez desde la Capital.