SOCIEDAD › AMNISTíA INTERNACIONAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ARGENTINA
En su informe anual de 2007, la organización advirtió sobre la tragedia en la cárcel de Santiago, la discriminación a los pueblos originarios y la represión a la protesta que culminó con la muerte de Carlos Fuentealba. También advierte sobre la violencia de género.
El crimen del docente Carlos Fuentealba, en Neuquén; los 39 muertos en la cárcel de Santiago del Estero; la discriminación hacía los pueblos originarios y el hostigamiento hacia organizaciones que defienden los derechos de los campesinos, son los puntos negros que sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina encontró Amnistía Internacional en su informe 2007, divulgado ayer. Rafael Barca, director ejecutivo de AI Argentina, advirtió además, en declaraciones a Página/12, que “la violencia contra la mujer es una situación recurrente que se repite día a día en Argentina, sin que el Estado actúe de manera urgente”. “Cada día muere una mujer a manos de su pareja o algún familiar”, remarcó Barca. Sobre la situación en el resto del mundo, el informe denuncia “el fracaso de 60 años en derechos humanos”. En 81 países se infligen torturas y en 45 se llevan a cabo juicios sin garantías debidas, advierte el relevamiento (ver aparte).
En su capítulo sobre Argentina, el informe presentado ayer en Londres destaca la vulneración de los derechos humanos de los indígenas. Señala el caso de los tobas en el Impenetrable chaqueño. La Defensoría del Pueblo de la Nación demandó al estado provincial y al nacional por el “exterminio de comunidades tobas y la vulneración permanente y sistemática de sus derechos humanos básicos”. En septiembre, la Corte Suprema ordenó –a través de una medida cautelar– a la provincia y a la Nación atender la situación de urgencia de las comunidades. “Vemos que no se cumplen sus derechos porque quedan en el olvido sus reclamos. La prensa no registra ni informa sobre la situación que padecen y entonces quedan en el olvido”, comentó Barca.
Durante 2007, según AI, se registraron casos de crueldad en el trato a los detenidos y hubo numerosas denuncias sobre torturas a manos de guardias penitenciarios. El informe refiere en especial el caso de los presos de la cárcel de varones santiagueña, donde murieron 39 reclusos durante un incendio. Los golpes de los guardias a los detenidos y las requisas vejatorias a las visitas fueron, según los familiares de las víctimas y los organismos de derechos humanos, las causas de la protesta que derivó en tragedia. “Otro de los problemas es el hacinamiento”, señaló Barca. Es necesario un plan penitenciario que proteja los derechos de los detenidos. El ex presidente Néstor Kirchner reconoció que fue una asignatura pendiente que debía resolver este gobierno”, comentó el director ejecutivo de AI Argentina.
El documento recuerda que el año pasado se repitieron protestas de estatales y docentes en Santa Cruz. En ese contexto, señala que “doce manifestantes resultaron heridos por el impacto de balas de goma disparadas por la policía provincial”, según AI. Además, subraya el asesinato del profesor de Química Carlos Fuentealba, en Neuquén. “Un manifestante murió al ser alcanzado por un gas lacrimógeno –señala el informe– durante una manifestación llevada a cabo por profesionales de la enseñanza en demanda de mejoras laborales.”
El cabo Darío Poblete había disparado una granada de gas lacrimógeno que hirió de muerte a Fuentealba. “En algunos casos se dio un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad”, notó Barca.
En el párrafo titulado “Conflicto sobre tierras”, la ONG recibió informes “sobre la irrupción violenta de policías y guardias armados en comunidades campesinas e indígenas en el contexto de los conflictos sobre tierra, en concreto en la provincia de Santiago del Estero”. “Las organizaciones de defensa de los derechos de los campesinos sufrieron hostigamiento”, indica.
En cuanto a los aspectos positivos para el país, Amnistía Internacional recuerda que entró en vigencia una ley para la aplicación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional “que incorporó a la legislación nacional el delito de genocidio, los crímenes de guerra y los de lesa humanidad”. Además, AI destaca los juicios por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar. El informe reseña la condena a cadena perpetua al ex capellán de la Policía Bonaerense Christian Von Wernich “por asesinatos, secuestros y torturas”.
Informe: Esteban Vera
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