En el barrio El Vinaral, en Santiago del Estero, fue hallado ayer el cadáver de un hombre y en fuentes policiales se supo que existen “fuertes indicios” de que podría tratarse de Raúl Domínguez, un empleado estatal que está de- saparecido desde el 13 de este mes. Domínguez es el principal testigo en una causa por una estafa millonaria que se habría cometido en perjuicio de la Dirección de Rentas de la provincia. La investigación se inició por una denuncia presentada por el desaparecido, quien dijo que las maniobras se hacían mediante la adulteración de timbrados y sellos de la dependencia oficial. “El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. Los peritos estimaron que la muerte se produjo entre tres o cinco días atrás. La cabeza estaba separada del cuerpo y también las manos”, le dijo a Página/12 una fuente policial. El médico forense Julio Roldán, quien se hizo presente en el lugar donde se encontró el cuerpo, dijo que la autopsia recién se hará hoy. El caso, por su gravedad institucional, preocupa al gobernador Gerardo Zamora, quien hace unos días recibió en su despacho a la familia de Domínguez.

“No se sabe todavía si el cadáver fue descuartizado por los autores del hecho o si fue atacado por animales. Todavía no fue identificado, pero una de las hipótesis es que podría tratarse del cuerpo del empleado que está desaparecido”, hizo saber el vocero policial. El cadáver, que había sido arrojado en una zona de espesa vegetación, fue encontrado por dos hombres que estaban “cartoneando” y que se movilizaban en un carro tirado por un caballo. Ante el hallazgo, decidieron pedirle ayuda a José Farías, un obrero municipal que realiza tareas de limpieza en la vía pública, quien a su vez avisó a la policía. La zona es de difícil acceso porque está llena de plantas de vinal, que tienen espinas muy grandes. Por su resistencia, esas espinas suelen ser usadas para tejer a mano.

El cuerpo estaba cubierto por un pantalón de color negro, parecido al que usaba Domínguez el día que desapareció. El hombre vive con su esposa Olga Torres y su hijo Milton, en una casa humilde del barrio Smata, a unos 300 metros del lugar donde fue encontrado el cuerpo. Llamó la atención que la autopsia haya sido postergada hasta hoy. El cuerpo, encontrado a las 12 de ayer, fue llevado a la Morgue Judicial del Hospital Independencia, donde fueron citados para hoy los familiares de Domínguez. El empleado, de 51 años, está desaparecido desde el 13 de mayo. Su testimonio es clave en la causa por defraudación, a cargo del juez Juan Antonio Jorge.

Domínguez declaró dos veces en sede policial y tenía que presentarse ante el juez. Su desaparición lo impidió. Aseguró que la defraudación era realizada por empleados y personal jerárquico de la Dirección de Rentas, mediante la adulteración de timbrados y sellos, incluso de jueces civiles. Antes de su desaparición, Domínguez había sido amenazado de muerte. “Traidor, te vamos a matar, hijo de puta”, “Pelotudo, botón, hijo de mil yiras, qué cagada te vamos a dar, ja, ja, ja” y “A Domínguez hay que hacerlo cagar”, fueron algunas de las leyendas que manos anónimas pintaron en uno de los baños de la Dirección de Rentas.

“Se trata del cadáver en avanzado estado de descomposición de un hombre adulto y robusto, su cuerpo estaba separado en varias partes”, declaró a la prensa el obrero municipal Farías. La descripción física coincide con la de Domínguez. Tres días antes del hallazgo, la policía había realizado un rastrillaje por la zona de El Vinaral, pero no encontraron nada. Los vecinos habían denunciado que se sentían “fuertes olores nauseabundos”.

Otra decisión que no tuvo explicación oficial fue el allanamiento que se hizo, tres horas después de la aparición del cuerpo, en la casa de Domínguez, en presencia de la esposa del desaparecido y de un joven de 21 años, Lucas Ibáñez. Este fue rescatado de la calle por Domínguez, quien le enseñó el oficio de zapatero. En sus ratos libres, Domínguez trabajaba en un local de su propiedad, arreglando zapatos. Por la denuncia de Domínguez hay diez detenidos. Uno de ellos, Miguel Leguizamón, aseguró el lunes que el desaparecido está involucrado en las estafas que había denunciado. En casa de Leguizamón, la policía encontró la suma de 250 mil pesos. Su abogado defensor dijo que la suma es “fruto de los ahorros de toda una vida”. Una de las procesadas, la directora de Fiscalización de Rentas, María Virginia Cura, salió en libertad bajo fianza, igual que el empleado de esa dependencia José Aranda. Los otros ocho imputados siguen presos.