La primera medida ambiental de la gestión de Mauricio Macri llegó esta semana, con la creación por decreto de una contribución económica que deben pagar los empresarios o comerciantes que pongan en el mercado productos que, con su uso, se conviertan en residuos. Es una suerte de ley de envases, sólo que no fue sancionada por la Legislatura sino que salió a la luz con la firma del jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y los ministros de Ambiente y Espacio Público y de Hacienda, Juan Pablo Piccardo y Néstor Grindetti. La norma, que se basa en el principio “el que contamina, paga”, no establece el monto de las contribuciones, que se conocerán en aproximadamente dos meses. Los que deberán hacer frente a esas cargas serán los productores, importadores, distribuidores, intermediarios o el responsable de la puesta en el mercado de los productos. Greenpeace cuestionó la decisión: “Deberían preocuparse primero en recuperar el 80 por ciento de la basura generada en la ciudad, que es aprovechable, y luego gravar el 20 por ciento restante”, dijo Juan Carlos Villalonga.

Tal como adelantó PáginaI12 hace dos semanas, el gobierno porteño puso en vigencia una “contribución” destinada a financiar el sistema público de gestión de residuos. Lo hizo como parte de la reglamentación de la Ley 1854, conocida como de Basura Cero, que propone la reducción paulatina de la cantidad de desperdicios que los porteños destinan a los rellenos sanitarios de la provincia de Buenos Aires.

“El monto de esa contribución será fijada por una comisión, a partir de la evaluación técnica de los distintos materiales que está haciendo la Facultad de Ingeniería de la UBA”, dijo a PáginaI12 una fuente del ministerio. El funcionario aclaró que la carga no se impondrá sobre productos de primera necesidad ya que –admitió– “el costo puede ser trasladado a los precios”.

Aunque la reglamentación de la ley de Basura Cero establecía que el régimen para los envases debía ser fijado por una ley aprobada por la Legislatura, el ministro Juan Pablo Piccardo resolvió eludir ese camino “para esquivar la presión de los lobbies de las cámaras de empresas productoras de envases”, explicaron sus voceros. A esos mismos grupos atribuyen, en el gobierno porteño, la parálisis que afecta al proyecto de ley nacional de envases, en el Congreso.

El decreto 760/08, firmado el miércoles último, dispone una nueva reglamentación para el artículo de la ley que se refiere a productores, importadores o comercializadores que pongan en el mercado “productos que con su uso se conviertan en residuos”. La deliberada omisión de la palabra “envases” abriría la posibilidad de que la administración pudiera sancionar con una “contribución”, por ejemplo, a “los supermercados que distribuyen bolsas que no se degradan y otra carga aún mayor a las que están pintadas con la marca del comercio, pues la pintura está considerada como altamente tóxica”, aseguran en el ministerio.

Otro de los objetivos de la norma son las empresas productoras de papel y cartón. “Son cinco empresas que les compran la materia prima a los cartoneros porque les sale mucho más barata que importarla. No pagan cargas sociales ni impuestos, y la ciudad tiene que hacerse cargo de la logística, pagando los camiones que reemplazan al Tren Blanco”, dijo a PáginaI12 el jefe de Gabinete de Ambiente y Espacio Público, Fabián Rodríguez Simón.

Los promotores de este decreto están convencidos de que, como consecuencia de esta suerte de impuesto al envase, los generadores tratarán de reducir el packaging de sus productos de manera de disminuir el impacto ambiental y, por lo tanto, la contribución que deben pagar. “Es más una herramienta para reducir la generación de basura que para recaudar”, confían.

Lo recaudado en concepto de “contribución” está destinado a financiar el Sistema Público de Gestión de Residuos. Esa contribución se recaudará a través de un depósito en una cuenta especial que abrirá el Ministerio de Hacienda. La autoridad de aplicación de este decreto es el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que será el encargado de establecer el monto de las contribuciones, establecer excepciones, administrar los fondos generados y “diseñar planes, programas y proyectos para garantizar la gestión de los residuos sólidos urbanos en forma ambientalmente adecuada”. Según establece la norma, los productos y sus envases contarán con un símbolo que los acredite como aprobados por la autoridad de aplicación.

Desde Greenpeace, si bien rescatan que se avanzó en el concepto de “responsabilidad del que produce basura” (el que coloca envases en el mercado debe hacerse cargo de ellos), cuestionan la forma en que se intenta implementar. “La producción de envases excede a la ciudad de Buenos Aires y su control debería hacerse desde el Estado nacional”, dice Juan Carlos Villalonga, dirigente de la organización ambientalista. “Si una empresa produce envases en Capital pero los vende en el interior ¿por que la ciudad recaudaría por toda la producción?”, se preguntó.

Para el responsable de Greenpeace, lo prioritario en materia de residuos es “la separación en origen, la recolección diferenciada y una adecuada clasificación de reciclables en los centros verdes”. “Casi el 50 por ciento de la basura es orgánica y el 30 por ciento es fácilmente reciclable. Entonces sólo quedaría el 20 por ciento restante, que son materiales de difícil recuperación, como los electrónicos, por ejemplo. Sobre ésos recién habría que aplicar la contribución.” “Hacerlo ahora –concluyó– es como ponerle una cereza a una torta que no existe.”

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