En medio de una feroz interna política que confunde acusados con acusadores, un diputado del PJ santiagueño hizo una denuncia pública contra funcionarios del poder político y Judicial de la provincia supuestamente involucrados en una red dedicada al tráfico de bebés. De acuerdo con el diputado Osvaldo Floridia, esa red compraba y vendía a recién nacidos dentro y fuera del país por montos que llegaron a 30 mil pesos. Entre los acusados hay un ex defensor de menores y funcionarios del Registro Civil y del hospital de la localidad de Añatuya, una pequeña ciudad ubicada a 200 kilómetros de la capital que funcionaba como base de operaciones del negocio. Esta suma de elementos integra ahora un pedido de informes en la Legislatura provincial e incluye otra causa paralela por sepulturas clandestinas que existirían en el hospital de Añatuya. En el marco de esa causa hoy se harán las excavaciones de testeo en el hospital y, como garante, participará la Gendarmería tucumana.
En la causa del diputado del PJ hay elementos escalofriantes, sin embargo el peso de sus aportes se vuelve confuso por los antecedentes judiciales de quienes están empujando la investigación. El propio Floridia está procesado por cuatrerismo y tiene un pedido de desafuero presentado por el mismo hombre que ahora acusa: el ex defensor de menores Carlos García, quien ahora se desempeña como fiscal en Añatuya o como juez subrogante cuando no hay magistrados en la ciudad.
En medio de este fuego cruzado entre acusador y acusado, Floridia tiene como testigo clave en la investigación a otro hombre prontuariado. En este caso es José Ramón Yñiguez ex director del Registro Civil de Añatuya, que ahora está prófugo de la Justicia acusado por un robo. Sin embargo, Yñiguez tuvo un rol central en el tema de la venta de bebés: mientras era director del Registro Civil recibió una propuesta para asociarse al negocio del tráfico de niños. Yñiguez rechazó la oferta y formuló la denuncia el 6 de junio pasado ante un escribano público.
De acuerdo con sus datos, la banda tenía una metodología compleja. Primero hacían contacto con las mujeres embarazadas de los pueblos más pobres de los alrededores y en ese momento les ofrecían o algo de dinero o mercadería a cambio de sus hijos. Así formaban un stock que ponían a la venta. Los compradores eran matrimonios generalmente de Buenos Aires, pero también del interior del país y extranjeros. El contacto con la organización se hacía a través de un estudio de abogados de Añatuya especializados en adopciones. Una vez que comenzaban el trámite, los futuros padres sabían “que de acuerdo al dinero podían tener el chico que realmente querían y acelerar las gestiones”. Así, sigue el diputado, “si era rubio le pedían 30 mil pesos, por uno morochito unos 10 mil”. El dinero se pagaba en tres veces. Los denunciantes calculan que el negocio llevaba unos siete años y entre el cúmulo de casos que investigan señalan el de una pareja de arquitectos de La Plata. El matrimonio habría optado por un nene rubio por quien se comprometieron a pagar hace un año y medio, 30 mil pesos. “Pagaron cinco mil en el momento, una fracción más poco tiempo después, y al cabo de los dos años iban a pagar el resto, cuando se cumple el plazo legal para la adopción definitiva”, sigue el diputado.
Con esos elementos, Floridia armó parte del rompecabezas que “comenzó a funcionar con el acuerdo de uno de los más antiguos defensores de menores de la provincia”, dice sobre Carlos García, actual fiscal y enemigo político del diputado. “García le daba la cobertura legal a la organización –dice Floridia–: inscribía las ventas como adopciones”.
Carlos García, por su lado, rechaza cada una de esas imputaciones. Consultado por este diario, aseguró que ni ahora como fiscal ni cuando estuvo como defensor “no tuve nunca vinculación con los hechos que se me imputan”. Ayer él mismo abrió una causa judicial cuando conoció las denuncias de Floridia sobre la existencia de sepulturas clandestinas debebés en el predio del hospital. El diputado del PJ vincula las sepulturas al tráfico de niños. “Ahí van a parar –dice– los nenes que no pueden ser vendidos o porque no los van a buscar o porque los que compran quieren uno rubio y se los venden negros”.
Anoche la Justicia criminal de Añatuya le prohibió el acceso al predio a la policía provincial, supuestamente involucrada también en estos casos. En su lugar pidió intervención a la División Criminalística de la Gendarmería de Tucumán que desde anoche monta guardia alrededor del hospital. Hoy empezarán las excavaciones en los patios, cerca de la morgue.