Un juez platense dispuso “la inmediata clausura” de los sectores conocidos como “Circuito” y “Celeste” del instituto Centro de Recepción La Plata, donde están detenidos más de cincuenta adolescentes con problemas penales. Al describir esos lugares, el juez Fabián Horacio Cacivic sostuvo que son “verdaderas jaulas humanas, de condiciones inhumanas, donde los detenidos permanecen encerrados 23 horas de cada día”. En el mismo fallo, al que tuvo acceso PáginaI12, Cacivic criticó con crudeza la forma en que se realizan las requisas a las visitas, los fines de semana. “Cualquiera sea su edad y estado físico, deben someterse inexorablemente a una revisión ocular tan completa que incluye, ante un policía del mismo sexo que el examinado, colocarse en cuclillas y toser, previo despojarse de todo ropaje, por caso de que quizá contengan dentro de sus anos o vaginas (...) algún elemento o sustancia prohibida por la administración del Centro”, describió el juez en su fallo.

La medida judicial respondió en forma positiva a un hábeas corpus presentado por los abogados del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires. El juez ordenó a las autoridades del Centro el traslado de los chicos “dentro de un plazo máximo de 48 horas” a otros sitios del mismo instituto o a lugares cerrados de detención que tengan “adecuadas condiciones de seguridad, priorizando la cercanía con sus domicilios de origen, reduciendo el número de internos” alojados. Se comprobó que en un lugar donde el cupo máximo es de 35 jóvenes, había 52 alojados en condiciones de hacinamiento.

El juez, luego de realizar varias inspecciones, concluyó que el sector “Circuito” es “una verdadera jaula humana”. Al describir sus instalaciones destacó que hay “poca ventilación –ventana tapiada– y una de las celdas iluminadas a pleno con un reflector directo”. Los jóvenes, a la hora de acostarse, “no tienen camas, camastros ni catres, debiendo dormir en el frío y húmedo suelo de cemento donde apoyan los colchones que les proveen”. Tampoco cuentan con una “mesa donde apoyar la comida” y por eso “deben hacerlo sobre las piernas, sentados en una suerte de cajas” utilizadas como bancos.

Por las noches y “cuando los guardias no los escuchan” tienen que “orinar en botellas plásticas”. Una situación similar se vive en “Celeste”, sector al que el juez también calificó de “jaula casi permanente”. Durante las visitas, los familiares de los adolescentes “no disponen de un lugar ni comodidad adecuados” para poder conversar en forma privada con los chicos.

Luego de mencionar que algunos internos tienen pareja y hasta son padres, Cacivic resaltó que tampoco existe “un lugar íntimo adecuado” para que los que tienen novias o esposas “puedan mantener con las mismas relaciones sexuales” durante las visitas especiales. En cuanto a las requisas a los familiares, el fallo sostuvo que además de “resultar humillante” el método descripto en el fallo “resulta desproporcionado a la vista de los escasos resultados de hallazgos positivos” en las partes íntimas de los que son desnudados. Más ridículo es el procedimiento cuando, según comprobó el propio juez, “resulta factible el arrojar” los elementos o sustancias prohibidas “desde la calle hacia los patios enrejados situados a pocos metros”.

Otro hecho grave que se constató es que los adolescentes sólo pueden hablar por teléfono una vez por semana con sus familias y que en todos los casos son controlados “a través de un guardia asistente de minoridad sentado al lado”. También es “harto insuficiente” la educación escolar, salvo que eso pudiera ser reemplazado por “los esporádicos y sorteados encuentros de algunos jóvenes con algunos docentes de algunas materias de enseñanza básica, sin plan ni sistematización”.

El juez consideró, en suma, que a los lugares conocidos como “Circuito” y “Celeste” es “difícil distinguirlos de los sórdidos calabozos policiales” descriptos en las presentaciones realizadas años atrás por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ante la Corte Suprema de Justicia Nacional y la Suprema Corte bonaerense. El magistrado admitió, en su fallo, que es consciente de “las dificultades de revertir en poco tiempo décadas de desidia e inoperancia propias de la cultura de patronato para el tratamiento de jóvenes imputados de cometer delitos”.

Además de clausurar los dos sectores, dispuso “la inmediata provisión de camas, colchones apropiados y frazadas”, que en un mes se instale “un adecuado sistema de seguridad ante incendios y otros siniestros”, que “cese la escucha de las conversaciones telefónicas” y que éstas se realicen “no menos de dos veces por semana” y el “inmediato cese de la forma de requisa de las visitas”. El juez exhortó a la subsecretaria de Niñez y Adolescencia bonaerense, Marta Arriola, para que arbitre “los medios y recursos necesarios para implementar los cambios de infraestructura” necesarios. Por último le dio un plazo de 30 días al director provincial de Coordinación del Sistema de la Responsabilidad Penal Juvenil, Enrique Pochat, para que informe sobre la marcha de las medidas tendientes a solucionar las deficiencias señaladas.