León Arslanian va por su segunda reforma. Esta vez, el objetivo es frenar la ola de secuestros que en los últimos tiempos viene sacudiendo al país. Tal como anticipó Página/12 en su edición del jueves, la comisión que preside el ex camarista elevó al presidente Eduardo Duhalde un informe en el que promueve la creación de la figura del cooperador (arrepentido) y la implementación de un fondo de recompensas para quienes aporten datos relevantes. Además, se propone un agravamiento de las penas para este tipo de delitos y una mayor flexibilidad para la tarea de los fiscales.
El titular de la Comisión Asesora para la Prevención de Secuestros de Personas, León Arslanian, entregó al presidente Duhalde un documento donde se recomienda una serie de medidas para frenar la seguidilla de secuestros. El proyecto plantea la reclusión perpetua para el secuestro extorsivo si se produce la muerte dolosa de la víctima y una pena de 15 a 25 años si es culposa. También especifica que corresponderán de 10 a 25 años de cárcel si la víctima fuese una mujer embarazada, menores de 18 años o mayores de 70 años.
En cuanto a la investigación, se propone un fondo de recompensas para los que brinden información valiosa, que sería incluido en el Presupuesto 2003 en una partida de dos millones de pesos. Y se incorpora la figura del cooperador (arrepentido), a quien se beneficiaría con una reducción de penas si aporta datos para acceder a la víctima o la identidad de otros integrantes de la banda con mayor responsabilidad que la suya. En el mismo sentido, se sugiere incrementar las facultades de los fiscales para que en situaciones excepcionales puedan realizar allanamientos e intervenciones telefónicas sin necesidad de una orden judicial.
Con respeto a la protección de las víctimas, se prevé un programa integral con ayuda económica, médica y familiar. Y los bienes muebles rodados o inmuebles, utilizados para mantener cautiva a la persona, serán decomisados y su venta integrará un Fondo de Asistencia especial. El texto que la comisión le dio en mano al Presidente asegura que, “más allá del contexto de la crisis social y económica y de su franca incidencia en el aumento de la violencia criminalizada, es posible brindar una mayor seguridad mediante el fortalecimiento del sistema penal en su conjunto”.
El grupo comandado por Arslanian, que también contó con el trabajo de otros especialistas, elaboró sus propuestas en apenas 15 días hábiles.
Los expertos consideran que hay una “dispersión extraordinaria” en materia de información e inteligencia, muchas veces vinculada con “celos profesionales”. Por eso, recomiendan la creación de un Programa de Inteligencia Criminal que contará con una base unificada de datos provenientes de las distintas policías, fuentes judiciales y otras fuerzas de seguridad. El presidente Eduardo Duhalde manifestó, en el acto de ayer, que les solicitará a los legisladores nacionales que “obren con la premura que la sociedad está reclamando” para sancionar las leyes necesarias para cumplir con estas iniciativas.