El cuarto integrante del grupo de Jorge Corsi, acusado por delitos sexuales contra menores, se entregó ayer a la Justicia. Se llama Agustín López Vidal, tiene 21 años, quedó detenido y probablemente sea indagado hoy. Además, se presentó en la fiscalía la madre de dos hermanos de 15 y 13 años que podrían haber sido víctimas del grupo. Los menores declararán como testigos en los próximos días. Entretanto, en una medida que no reconoce antecedentes, la editorial Paidós decidió retirar de la circulación los cuatro libros de Corsi que tiene publicados “hasta tanto la Justicia se expida sobre la situación” del autor. La Facultad de Psicología de la UBA, por su parte, lo suspendió en el cargo de director de la Carrera de Especialización en Violencia Familiar.

Dentro del grupo, López Vidal –apodado “Pachi”– habría sido uno de los que captaban a los adolescentes en lugares públicos. Tras estar prófugo durante una semana, se presentó ayer, acompañado por su abogado, en el juzgado de instrucción interviniente, a cargo de María Fontbona de Pombo. De inmediato quedó detenido y fue trasladado a la comisaría 3ª, en Tucumán al 1500, a la espera de que, en las próximas horas, se le tome declaración indagatoria.

En cuanto a los dos hermanitos, “vieron por la tele las noticias sobre el caso y reconocieron que se trataba del grupo de hombres que habían entablado relación con ellos”, comentó una fuente judicial. A partir de eso, los chicos hablaron con su madre, que se presentó ante la fiscalía a cargo de Martín Niklison.

Los chicos, de 15 y 13 años, “son los que aparecían en las conversaciones telefónicas interceptadas a los miembros del grupo”, precisó el fiscal Niklison. “Todavía no sabemos si hubo delito con respecto a ellos –advirtió el fiscal–. Lo que sí sabemos es que estaban en relación con el grupo, en una situación parecida a la del chico que ya declaró como víctima. Se encontraban con estos hombres, iban a jugar al fútbol y a otros lugares, durante bastante tiempo. Pero podría ser que no hubieran llegado a padecer situaciones sexuales: cada chico es distinto y estos hombres no los obligaban mediante violencia abierta, sino por una violencia más sutil.”

La declaración de los menores se concretará, como indica la ley, por intermedio de una psicóloga del Cuerpo Médico Forense.

La editorial Paidós había publicado cuatro libros de Jorge Corsi: Violencia familiar. Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social; Violencia masculina en la pareja. Una aproximación al diagnóstico y los métodos de intervención; Maltrato y abuso en el ámbito doméstico. Fundamentos teóricos para el estudio de la violencia en las relaciones familiares; y Psicoterapia integrativa multidimensional. Alfredo Caputo, director general de la editorial, precisó que “vamos a retirar los ejemplares de las librerías y suspender toda actividad de difusión, hasta tanto la Justicia se expida sobre la situación de Corsi. Dado que todavía no hay decisión judicial, no llegamos a una medida definitiva como sacarlos del catálogo”.

“Sería distinto si, supongamos, se tratara de libros escritos por Ricardo Barreda (el odontólogo que mató a su mujer y a sus hijas): si Paidós le hubiera publicado un libro, quizá sobre odontología, lo pensaríamos mucho antes de retirar los ejemplares. Pero en este caso, lo que agrava la situación es precisamente que el acusado era profesor en la especialidad y atendía víctimas: esto hace que toda la comunidad de la psicología esté consternada.”

Según reconoció el editor, “no conozco antecedentes en el mundo de una medida de este tipo, pero tampoco de una situación de tal particular gravedad con un autor: mirar para otro lado sería una mezquindad de nuestra parte”.

Respecto de la decisión de la Facultad de Psicología de la UBA, lleva la firma de la vicedecana, Graciela Filippi, y consiste en “suspender provisionalmente al Lic. Jorge Corsi de la dirección de la Carrera de Especialización en Violencia Familiar, del área de Posgrado, así como de todo curso perteneciente a dicha actividad, hasta tanto se esclarezcan los hechos denunciados y que se están investigando en sede judicial”. La medida se fundamenta en “la gravedad de los hechos denunciados” y en que “hasta tanto tales hechos se aclaren, resulta necesario que la comunidad universitaria tome medidas preventivas”.