Para la libertad, ya se sabe no corren buenos tiempos. Sobre la tan legítima cuanto real preocupación social en torno de la inseguridad, proliferan sujetos inescrupulosos que intentan lucrar políticamente aumentando y administrando los miedos de la gente. En muchos medios de comunicación, el apoyo irreflexivo a respuestas tan musculosas cuanto inútiles e irresponsables, parece estar a la orden del día. El aumento de las penas y la disminución de las garantías constituyen, muy en especial para los pescadores de río revuelto, el sucedáneo de verdaderas reformas, iniciadas y hoy abandonadas, que permitan aumentar los niveles reales de la eficiencia policial, base imprescindible de cualquier política preventiva que pretenda ir un poco más allá de la demagogia barata y la noticia de mañana.

El problema de los menores de edad en conflicto con la ley constituye el más grave y olvidado de los múltiples aspectos que rodean al complejo problema de la inseguridad. Luego de casi un cuarto de siglo de democracia, tenemos todavía vigente un Régimen Penal de la Minoridad, herencia intacta de la dictadura militar: el decreto 22.278 de 1980.

Una profundamente errónea política que considera la privación de libertad de los adolescentes (pobres obviamente), como una forma “reforzada de política social”, mantiene, en cumplimiento del decreto de la dictadura y en violación flagrante de la Constitución Nacional, la Convención de los Derechos del Niño y la Ley de Protección de la Infancia 26.061, privados de libertad a menores de 16 años objetos, y ni siquiera siempre así, de una mera imputación policial. Ni el más peligroso de los delincuentes adultos se encuentra en una situación similar.

La Fundación Sur Argentina, con el apoyo del CELS y otros organismos de derechos humanos, presentó en septiembre de 2006 un hábeas corpus colectivo a favor de los menores de 16 años privados de libertad en el Instituto San Martín de la ciudad de Buenos Aires, pero bajo la responsabilidad de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia del gobierno nacional. Luego de un rotundo y veloz rechazo en la Justicia de menores y la Cámara Criminal, la Cámara Nacional de Casación Penal, con fecha 17 de diciembre de 2007 y luego de meses de una prolífica mesa de diálogo, donde menos el fiscal de Cámara asistieron todas las partes interesadas, falló favorablemente ordenando en noventa días la libertad de todos los menores que se encontraren en dicha situación.

Con fecha 18 de marzo de este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el único y enigmático argumento acerca de la “gravedad institucional” que la situación reviste suspendió, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, la ejecución del fallo de Casación. Cuesta realmente entender qué bien jurídico puede ser en este caso superior a la libertad personal de menores de edad absolutamente inimputables y no punibles según el propio decreto mencionado.

Desde Mendoza, sin embargo, llegan buenas noticias. El pasado viernes 8 de agosto, con el patrocinio de dos figuras más que representativas de la lucha por los derechos humanos en la provincia, Pablo Salinas y Carlos Varela, presentamos frente a la Cámara Penal de Menores un hábeas de similares características. En menos de 24 horas, la Justicia de Mendoza acogió favorablemente nuestra petición. Más aún, incluso días antes de la presentación del hábeas el gobierno provincial, a cuyos oídos había llegado la noticia del inminente hábeas, inició de motu proprio la liberación de la mayoría de los adolescentes que se encontraban ilegítimamente privados de libertad. Ojalá que esta voluntad política, que deberá ahora materializarse en una política social sistemática que permita proteger sin privar de libertad, pueda consolidarse e influir positivamente en el ámbito nacional. Una ley seria de Responsabilidad Penal Juvenil, complemento imprescindible del nuevo tipo de política que Mendoza parece prenunciar, es responsabilidad exclusiva del Congreso Nacional.

En estos días, la buena navegación exige vientos del oeste.

* Presidente Fundación Sur-Argentina.