El soldado chaqueño Mauro José Francisco Ramírez, de 22 años, murió mientras estaba de guardia. Fue en junio de 2003, en una barraca del Destacamento de Monte 30, en Apóstoles, Misiones. Según el Ejército, el soldado voluntario se quitó la vida al dispararse con un fusil FAL en el pecho. Sin embargo, las pericias de la Gendarmería Nacional (GN) determinaron que no pudo disparase él mismo, sino que fue asesinado: el disparo fue efectuado, al menos, a 25 centímetros de distancia del soldado, lo que hace imposible el autodisparo. Hay un juez provincial sospechado de entorpecer la investigación. La causa estuvo a punto de prescribir, pero el Juzgado Federal de 1ª Instancia de Posadas reabrió la causa días atrás. La familia del soldado Ramírez, que estaba próximo a casarse, no descarta acudir a la Corte Interamericana de Justicia (CIJ) si la causa no avanza.

En marzo de 2006 se llevó a cabo una reconstrucción de la muerte del soldado Ramírez, con un uniformado con los mismos rasgos físicos del militar muerto, que medía 185 centímetros de altura. Según precisó a Páginai12 el perito criminólogo Enrique Prueger, integrante de la querella por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, “el fusil no se encontraba apoyado en la víctima, sino a una distancia no menor de 25 centímetros”. “El largo del brazo no permite el disparo sin contacto con el cuerpo”, explicó Prueger.

Prueger agregó que “la imposibilidad de que se hubiera apoyado el fusil en el cuerpo previo al disparo surge de la inexistencia de pólvora en sus ropas y de quemaduras y tatuajes característicos de disparos de menos distancia”. “En mi opinión, la víctima estaba de rodilla o sentada cuando le dispararon”, concluyó Prueger.

En las fotos del cuerpo de Ramírez, el soldado está con el arma en las rodillas y sus manos sujetan las correas laterales del FAL. Para dispararse en el pecho debió apoyar el fusil en el suelo, ya que debido a su tamaño no se la puede sostener en el aire. De acuerdo con la pericia de Gendarmería, no se encontraron rastros de pólvora en su uniforme. Así, el informe respalda la hipótesis de homicidio sostenida por la familia del soldado.

Para la querella hubo “una errónea valoración” de las pruebas. “La investigación no se orientó hacía ninguna persona, pese a que surge que el disparo fue hecho por un tercero. En la misma resolución de la jueza subrogante Alicia Borchés, que ordena que sea archivada la causa, se reconoce que hubo errores en la investigación”, analizó en diálogo con Páginai12 el abogado de la familia Ramírez, Mario Bosch (reconocido querellante en causas de crímenes de lesa humanidad).

Ramírez era un soldado voluntario desde 2000. Oriundo de la localidad chaqueña de Barranqueras, había llegado en 2003 al Destacamento de Monte 30 para continuar con su carrera militar. El 26 de junio de ese año, su familia recibió un llamado telefónico desde la base militar. “Me dijeron que mi hijo se había suicidado”, recordó en diálogo con este diario Susana Mónica Pintos, madre del soldado muerto.

“El no tenía problemas, estaba muy contento con los preparativos de su casamiento. En noviembre de ese año se iba a casar. El mes que murió había estado en casa y me dijo que tenía miedo, que se sentía perseguido, hostigado y discriminado por un superior de la compañía de Comunicaciones. Pensé que le estaban haciendo pagar el derecho de piso por ser un soldado nuevo”, relató Pintos. Su abogado consideró que “parece que todas las muertes de soldados en el Ejército han sido suicidios”. Además, Bosch manifestó que “si es necesario acudirán a la Corte Interamericana de Justicia para esclarecer el hecho”.

Tras la muerte del soldado intervino la Justicia provincial de Misiones. “Fue raro que haya intervenido un juez provincial, ya que al tratarse del Ejército debió actuar una jurisdicción federal”, señaló Bosch. El entonces juez de Instrucción Penal de Apóstoles José Antonio Reyes cerró la causa en septiembre de 2003. Concluyó que se trató de un suicidio. A principio de año, la Justicia Federal acusó, a partir de una recomendación de la Procuración General de la Nación, al ex juez de prevaricato por su participación en la causa. Para la madre del soldado Ramírez, el ex juez Reyes participó de una maniobra para ocultar pruebas.

Cuando fue archivado el expediente, la madre recurrió a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Chaco para reclamar la intervención de un juez federal. A partir de entonces, la causa fue reabierta y quedó en el ámbito de la Justicia Federal de Posadas. En la presentación, el fiscal federal Juan Carlos Tesoriero recordó que cuando le solicitó a Reyes el expediente de la causa se negó “encontrando resistencia por parte del magistrado, quien rechaza con escasos argumentos la petición y provoca que la causa deba ser resuelta por la Corte Suprema de la Nación, la que falla a favor de la competencia federal”.

Sin embargo, Reyes no entregó el expediente y debió ser intimado, lo que provocó “una considerable demora en la tramitación de la investigación del fallecimiento del soldado Ramírez, con la consiguiente pérdida de pruebas que implica el paso del tiempo”.

Informe: Esteban Vera.