Cada vez menos delitos penales cometidos en el país tienen sentencia condenatoria. Así lo define un informe divulgado por el Centro de Estudios Nueva Mayoría en base a datos oficiales: en los últimos once años, sólo el 2,32 por ciento de los hechos denunciados llegó a ser probado como cierto ante la Justicia y su (o sus) culpables, obligados a pagar el crimen con una pena. “Mientras la cantidad de delitos se incrementó sistemáticamente desde 1991, el número de sentencias condenatorias fue decreciendo desde entonces”, le dijo a Página/12 Eduardo Ovalles, el director del estudio sobre el nivel de eficacia de las investigaciones judiciales en la Argentina. Las condiciones de seguridad, de acuerdo al estudio de Ovalles, se ven empeoradas no solo por el incremento de la violencia, sino también por la baja performance de la Justicia al esclarecer los hechos.
El mínimo porcentaje de condenas de violaciones a la ley penal está dado por la diferencia entre los 8.777.656 delitos denunciados entre 1991 y 2001 y los sólo 203.408 que llegaron a la fase condenatoria en el mismo período. Una de las conclusiones centrales del informe de Nueva Mayoría, una de las usinas de procesamiento de datos sobre la problemática de la seguridad dirigida por Rosendo Fraga, es que el incremento del delito en la última década ha sido de un 140,8 por ciento. De los casi quinientos mil hechos denunciados en el ‘91, se pasó a casi un millón doscientos mil registrados en los juzgados y fiscalías penales del país durante 2001. Sucede que en el mismo lapso las sentencias pasaron de ser 18.938 a 23.044: un crecimiento de apenas un 21,7 por ciento.
En esa misma línea de lectura de datos, el porcentaje de sentencias en relación a la cantidad de denuncias de delitos penales promedio de los once años es de un paupérrimo 1,55 por ciento. Mientras que en la evolución de las cifras lo que se ve es que en 1991 casi el cuatro por ciento de los casos investigados por la Justicia llegaban a dictamen condenatorio, ese porcentaje bajó a menos de dos por ciento en 2001. “Esto indica que se impone como necesario un cambio en la legislación –le dijo a este diario el sociólogo a cargo de la realización del informe–. Sin embargo no estoy a favor de que la solución pase por mayores penas”, aclaró. Ovalles sostiene que “el tema de la seguridad tiene muchas variables” y para analizar qué es lo que debería cambiar se debe contemplar “un alto nivel de participación de la sociedad”.
Uno de los ítem no contemplados en el documento divulgado por Nueva Mayoría es el de la cantidad de denuncias penales en las que si bien no ha habido sentencia condenatoria sí se produjeron procesamientos. Uno de los indicadores de lo que en verdad ocurre cuando un delito penal se denuncia es la multiplicación de la población penal en la Argentina desde 1991. Sólo en la provincia de Buenos Aires en los últimos dos años se duplicó la cantidad de presos por delitos penales.