El Senado sancionó la Ley de Prevención y Control de los Trastornos Alimentarios, que obliga a las obras sociales y prepagas a cubrir tratamientos para la obesidad –incluidas las cirugías bariátricas–, así como para la anorexia y la bulimia. La ley ordena también incluir la educación nutricional en los programas de todos los niveles de la enseñanza, y que los kioscos de las escuelas ofrezcan “una alimentación saludable y variada”. La publicidad de alimentos cuestionables deberá incluir la leyenda “El consumo excesivo es perjudicial para la salud”. La ley –que había pasado ya por la Cámara de Diputados– fue aprobada por unanimidad, aunque bajo cuestionamiento de especialistas en el tema (ver nota aparte). Y, durante el proceso legislativo, se plantearon discrepancias acerca de los mecanismos por los cuales el conjunto de los trabajadores se hará cargo de pagar las cirugías para personas obesas, que pueden costar 40.000 pesos.

La ley entiende por trastornos alimentarios “la obesidad, la bulimia, la anorexia nerviosa y demás enfermedades que la reglamentación determine, relacionados con inadecuadas formas de ingesta alimenticia”. Según la normativa, “queda incorporada en el Programa Médico Obligatorio (PMO) la cobertura del tratamiento integral de los trastornos alimentarios”. Esta cobertura “incluirá los tratamientos nutricionales, psicológicos, clínicos, quirúrgicos, farmacológicos y todas las prácticas médicas necesarias para una atención multidisciplinaria”.

También se establece “el Programa Nacional de Prevención y Control de los Trastornos Alimentarios, en el ámbito del Ministerio de Salud”, entre cuyos objetos se incluye “instrumentar campañas informativas relativas a los trastornos alimentarios”, “promover conductas nutricionales saludables” y “promover espacios de contención para quienes padecen estas enfermedades”.

La ley plantea también “la incorporación de la Educación Alimentaria Nutricional en el sistema educativo en todos sus niveles, como así también medidas que fomenten la actividad física”, y la “capacitación de educadores, trabajadores sociales y de la salud” para “detectar las situaciones de vulnerabilidad y promover acciones para abordarlas”.

En los establecimientos escolares, “los kioscos y demás medios de expendio de alimentos deberán ofrecer productos que integren una alimentación saludable y variada”.

“La publicidad o promoción, a través de cualquier medio de difusión, de alimentos con elevado contenido calórico y pobres en nutrientes esenciales, deberá contener la leyenda ‘El consumo excesivo es perjudicial para la salud’”, establece la ley. Y requiere que “los envases de productos comestibles que tengan entre sus insumos grasas ‘trans’ lleven la leyenda ‘El consumo de grasa trans es perjudicial para la salud’” (ver recuadro).

El Ministerio de Salud “deberá tomar medidas a fin de que los anuncios publicitarios y los diseñadores de moda no utilicen la extrema delgadez como símbolo de salud o belleza”. Y “queda prohibida la publicación o difusión de dietas o métodos para adelgazar que no lleven el aval de un médico o licenciado en nutrición”. En cuanto a los alimentos que anuncien tener propiedades nutricionales especiales, “el Ministerio de Salud podrá requerir la comprobación técnica de las aseveraciones”.

Además, “los proveedores de bienes y servicios no podrán negarse, ante el requerimiento de una persona obesa, a proporcionar el bien o servicio solicitado, en las condiciones que establezca el Poder Ejecutivo. Tal negativa será considerada acto discriminatorio”. Haydée Giri –presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores– aclaró que esto incluye “la dificultad que tienen muchos obesos para viajar en micro o en avión, por falta de espacio en los asientos: las empresas deberán resolver el problema”.

La senadora Giri destacó que la ley “logró unificar 23 proyectos: las leyes de este orden, si no salen por unanimidad, no resultan eficaces”.

–¿Hay antecedentes internacionales de legislaciones similares? –preguntó PáginaI12.

–No lo sé –contestó la senadora Giri–: hay abordajes desde lo médico, pero no sé si legislaciones sobre el tema.

Algunas ONG relacionadas con el tema, así como participantes en el programa de TV Cuestión de peso, se habían movilizado para solicitar la sanción de la ley. El Senado había dado media sanción en 2007 al proyecto; en junio pasado, la Cámara de Diputados lo aprobó pero excluyendo la anorexia y la bulimia, que los senadores volvieron a incluir.

Otro punto de discusión se refirió a quién se hará cargo de la financiación de los tratamientos, especialmente el más caro, las cirugías bariátricas: la Cámara baja requería que fuese la Administración de Programas Especiales, que distribuye entre las obras sociales un porcentaje de los aportes de trabajadores y empresarios. En el texto definitivo, queda a cargo de los aportes destinados a cada obra social o prepaga. Según la senadora Giri, “la incidencia no será muy alta: hay pocas cirugías bariátricas, ya que se llega a ese recurso sólo como última medida y para determinados pacientes. En todo caso, el Ejecutivo verá si veta este artículo”, refiriéndose al 16, sobre la cobertura de los tratamientos. El costo de una cirugía bariátrica se estima en 25.000 a 40.000 pesos.