Una de cada tres travestis tiene el virus del sida en la Argentina, pese a que, en la ciudad de Buenos Aires, la tasa de transmisión está en baja desde el año pasado, cuando se puso en marcha un programa que facilitó su acercamiento al sistema de salud y las convirtió a ellas mismas en agentes de prevención. Entre las trabajadoras sexuales mujeres, la infección por VIH se acerca al tres por ciento, y en muchos casos no reciben el virus de sus clientes, con los que usan preservativo, sino de sus parejas, con quienes suelen no cuidarse. Estos y otros datos se examinaron en un encuentro que, por primera vez, reunió a organizaciones de personas trans y trabajadoras sexuales con autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, con respaldo y presencia de la Organización Panamericana de la Salud. El documento final subraya la necesidad de poner fin a la discriminación contra esos sectores: en especial, derogar los códigos contravencionales que, en catorce provincias, otorgan a las autoridades poderes discrecionales para encarcelarlos, castigarlos y coimearlos. El titular de Onusida para el Cono Sur destacó que el cese de la discriminación es “necesario para que estas comunidades se incorporen al sistema de salud”.

“La proporción de personas trans que viven con VIH llega al 34,5 por ciento; entre las trabajadoras sexuales mujeres es del 2,7 por ciento; entre los trabajadores sexuales hombres, del 23 por ciento; con referencia a una tasa del 0,5 por ciento entre la población general”, precisó Claudio Bloch, titular de la Dirección de Sida y ETS del Ministerio de Salud de la Nación. Javier Hourcade Bellocq, representante de la Alianza Internacional contra el VIH/sida, señaló que esos datos “son similares a los de relevamientos efectuados en Perú y El Salvador” y señaló que “históricamente fue un error no haber diseñado desde el principio programas de prevención específicos para la comunidad trans”.

Es que “a nosotras nos tienen que escuchar. No alcanza con que lean libros y revisen informes. Nosotras no somos el problema, sino parte de la solución”, afirmó Marcela Romero, titular de Attta, Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina. La activista elogió una normativa implantada por el anterior gobierno porteño y preservada como política de Estado por el actual: “Desde octubre del año pasado, en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, las compañeras pueden entrar en una sala de espera y ser llamadas por su nombre de mujer; antes, no iban a los hospitales, salvo para morir”. Romero destacó que, gracias a su actual relación con el sistema de salud, “Attta organiza la entrega de preservativos, ya que tenemos una logística organizada mediante promotoras de salud entre pares”.

Pero la situación es muy distinta en la mayoría de las provincias: “Exigimos que los servicios de salud sean respetuosos y no encontrarnos ante profesionales que no saben cómo atendernos y que nos piden desnudarnos por su curiosidad de ver cómo somos”, requirió Romero.

La discriminación en hospitales también es cuestión de lucha para las trabajadoras sexuales mujeres: Elena Reynaga, titular de Ammar –Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina–, recordó el caso de “una compañera que se había hecho una operación en el Hospital Alvarez, sin que supieran cuál era su actividad pero, cuando se enteraron, los profesionales la maltrataron al punto de que se fue en pleno postoperatorio. En ese mismo lugar la situación mejoró totalmente cuando la doctora Diana Galimberti asumió como jefa de Ginecología”. Reynaga exigió “la erradicación de las libretas sanitarias, que en muchas provincias persisten y se usan como herramientas de chantaje en manos de la policía y funcionarios, sin ninguna eficacia preventiva ni relación con el sistema de salud”.

Mujeres y trans coincidieron en reclamar el cese de los edictos o códigos contravencionales aplicados por la policía, que rigen en catorce provincias: “Una trabajadora sexual que debe mantener a varios hijos, como es el caso de la mayoría, y que está presionada por la policía con coimas y arrestos de 30 días, es mucho más vulnerable al cliente que le ofrece unos pesos más para que no use preservativo”, graficó Reynaga.

En la reunión participaron los jefes de los programas de sida de dieciséis provincias, que dialogaron con 80 trans y mujeres trabajadoras sexuales. Luis Escoto, consultor de la Organización Panamericana de la Salud –que auspició el evento–, hizo llegar “las felicitaciones de la OPS por la realización de este encuentro”.

Las “recomendaciones al Estado” acordadas incluyen “participar en una reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) para explicar por qué la derogación de los códigos contravencionales discriminatorios debe ser política de Estado”; “el reconocimiento del Ministerio de Trabajo del trabajo sexual como autónomo y de las cooperativas de trabajadores sexuales, sin proxenetas”; “que las legislaturas provinciales deroguen códigos y edictos policiales” y “que el Ministerio de Justicia ordene a la Policía Federal el cese de la persecución a trabajadoras sexuales”.