Los testimonios son contundentes. El último, el de una ex empleada doméstica que asegura que ella, con sus propios ojos, vio cómo le pegaba a su primera esposa. Una ex amante todavía se estremece cuando escucha su nombre y le recuerdan la noche de terror que la dejó con sus pezones quemados por cigarrillos y hematomas varios durante días internada en una clínica. Yo, con mis propios ojos, vi los de ella cristalizarse de miedo al recordar aquella paliza. La ex esposa huyó aterrorizada, de madrugada, del hogar que compartían ambos con dos pequeños hijos. Entre los políticos y políticas no son pocos los que dicen en La Pampa que a su actual esposa, una diputada provincial, la han visto con anteojos negros bien grandes en días de lluvia o bufandas al cuello en días de sol para ocultar marcas dolorosas. Pero a una parte importante de la ciudadanía de Santa Rosa estas historias la tienen sin cuidado. Destituido por una intervención dispuesta desde el gobierno provincial, Juan Carlos Tierno vuelve triunfal como el candidato del principal partido de la Argentina para disputar otra vez las elecciones a intendente. Ganó la interna sin el apoyo del gobernador Jorge, pero sin que hiciera demasiado para que no ganara: hubo en total seis listas y la dispersión de votos favoreció a Tierno. Ganó con casi el 40 por ciento de los votos, la mayoría de independientes –las internas son abiertas y simultáneas–, bastante menos que el 51 por ciento de la interna de 2007, pero suficiente para devolverlo a la arena política otra vez. Sus víctimas, la ex esposa, la ex novia, afirman que las denuncias que hicieron en su contra en su momento misteriosamente desaparecieron y no tienen dudas de que en la maniobra tuvo que ver la influencia de su poder político.

Está claro que estar señalado como golpeador no es una mancha indeleble en la carrera de un político en la Argentina. No alcanza con que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner llame por teléfono a la ex empleada doméstica para felicitarla por el coraje de animarse a romper el silencio y contar que ella fue testigo de las bofetadas del candidato del PJ. No alcanza. Para que ser señalado como golpeador sea imperdonable para la sociedad, la Presidenta y todo su gabinete, y los gobernadores y todos sus ministros, los intendentes y todos sus secretarios deberían repudiar en cuanto micrófono tuvieran cerca la violencia machista que lesiona, lastima, anula y mata mujeres. En los primeros siete meses del año, cada cinco días, al menos dos mujeres fueron asesinadas por su pareja, ex pareja o algún otro miembro de su entorno familiar en la Argentina, de acuerdo a un relevamiento de noticias publicadas en la prensa, realizado por Amnistía Internacional. Algunos casos no llegan a los medios. Cada funcionario y funcionaria debería decir y repetir de viva voz que la sociedad argentina no tolerará más las torturas que diariamente sufren y viven miles de mujeres en la Argentina, en sus propios hogares, en sus trabajos, en la calle, en un baldío. El cachetazo “aleccionador”, el acoso sexual, la violación, el femicidio, son distintas caras de la misma violencia de género.

Que pocos y pocas se indignen en Santa Rosa –como la ex empleada doméstica de Tierno, que por eso habló ahora– por que ese hombre vuelva a ser candidato –con chances de ser electo–, no es solo responsabilidad de la ciudadanía de la capital pampeana. Es culpa de la ausencia de una política de Estado integral y transversal contra la violencia de género. En España se horrorizaron hace unos años de la cantidad de mujeres asesinadas por su pareja, novio o ex esposo –similar a los niveles de Argentina, por cierto– y empezaron a trabajar para ponerle freno. La primera ley que impulsó José Luis Rodríguez Zapatero al llegar al poder en 2003 fue precisamente la Ley de Violencia de Género, que incluye un abanico amplísimo de medidas en el ámbito judicial y desde la administración pública para prevenir y sancionar la violencia y ayudar a las víctimas a dejar ese lugar. Esa ley lleva el emblemático Nº 1. En España dejó de ser un tema privado para ser un problema público, de política pública, básicamente porque el Estado no puede desentenderse y decidió no desentenderse. La Radio y Televisión Española tiene hace varios años un decálogo –voluntario– con recomendaciones de cómo deben tratarse las noticias sobre violencia hacia las mujeres en los medios.

Domingo Antonio Bussi fue elegido gobernador en Tucumán por el voto popular a pesar de sus conocidos antecedentes como perpetrador de delitos de lesa humanidad, entre ellos torturas y homicidio. El jueves fue condenado a prisión perpetua. La justicia llegó. ¿Qué cambió entre la elección que ganó en 1993 para diputado y dos años después para gobernador y la sentencia del Tribunal Oral Federal Criminal de Tucumán de esta semana que lo confinó a prisión, aunque sea domiciliaria? En 1987 el punto final de Raúl Alfonsín le garantizó impunidad. Hoy hay una clara política de Estado que dice que no tolerará la impunidad de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. A pesar de las limitaciones de la analogía, lo que tiene que cambiar para que un hombre señalado como golpeador nunca más sea candidato a un cargo electivo es el contexto. Hasta que no haya una política de condena y sanción a la violencia de género, que debe ser parte de una política integral de derechos humanos, los tiernos seguirán sorprendiéndonos en las urnas.