El próximo martes, una comisión bicameral elevará a ambas Cámaras la propuesta del nuevo procurador/a penitenciario/a (PP), encargado durante los próximos cuatro años de proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en las cárceles federales. El PP debe ser independiente del Poder Ejecutivo y contar con aquilatada experiencia en la defensa de los DD.HH. El oficialismo cuenta con su candidata, Silvia Martínez; el radicalismo propone a Francisco Mugnolo –que deja el cargo—; y el tercero, Ernesto Moreau, extrapartidario, inicialmente impulsado por colegios de abogados y luego apoyado por la Coalición Cívica (ARI). La designación tiene sus avatares. El martes pasado se realizó una audiencia pública que para la mayor parte de las ong participantes resultó bochornosa. Lo que se dirime es la independencia de criterio del PP. No es poco.

La polémica tiene su historia. En diciembre pasado, PáginaI12 publicó un informe del PP, Francisco Mugnolo, realizado por la especialista Alcira Daroqui y el Instituto Gino Germani de la UBA, sobre una base de casi mil presos, el 10 por ciento del sistema federal. El informe destacaba que la tortura es una práctica cotidiana denunciada por el 70 por ciento de los presos. Dos días después de la publicación, la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación emitió un comunicado que salió en defensa del SPF: “...de resultar cierto –dice el comunicado en referencia al elevado porcentaje de casos denunciados en la encuesta– hablaría de una práctica sistemática de tortura (...) un cuadro que no se ajusta a la realidad y que no sería posible sin el conocimiento de los jueces, fiscales y defensores”.

Integrante de la Comisión de Cárceles de la Defensoría Oficial, Silvia Martínez quedó sellada con el comunicado. Ahora, su postulación deja serias dudas entre las ong que trabajan con las cuestiones carcelarias. La duda es más que razonable y sigue una lógica: “Silvia Martínez defendió al SPF negando la existencia de torturas. El cargo al que la proponen tiene como una obligación central controlar y denunciar los casos de tortura a los presos. Es muy raro y poco confiable que desde la defensoría cuiden la imagen del SPF. ¿Cómo confiar en que como procuradora vaya a denunciar violaciones que antes negó que existieran?”

Pero, además, el comunicado estrechaba filas con jueces, fiscales y defensores. Hay que recordar que en las ong más comprometidas con el trabajo en cárceles, se considera al Poder Judicial como parte necesaria para que la tortura se produzca. “Sin el desconocimiento, el desinterés o la complicidad directa de jueces, fiscales y defensores, la tortura no podría existir.” En la audiencia del martes pasado, el tratamiento que dio al tema la mayoría oficialista de la Bicameral dejó buena parte de las impugnaciones en forma aparentemente inconsulta, según denunciaron los participantes. Además, aseguraron que dieron un trato preferencial a la candidata oficialista, filtrando las preguntas más riesgosas. “Para mí fue la candidata más sólida”, aseguró la diputada oficialista y vicesegunda de la Bicameral, Diana Conti.

Mañana, la Comisión elevará los dictámenes, pero el futuro es incierto. Las ong no van a cejar en su cuestionamiento.