Apenas la Nación certifique que la Ciudad de Buenos Aires está cumpliendo con la ley de Responsabilidad Fiscal, la administración macrista colocará deuda por 250 millones de dólares, parte en el mercado internacional, parte seduciendo a las AFJP. Esta operación financiera –que se decidió con total independencia del anunciado pago al Club de París– se concretará días después de que la Legislatura apruebe una modificación al proyecto de presupuesto vigente, que reconoce que los ingresos porteños fueron superiores a lo pautado en 1524 millones de pesos, bonanza que, de todos modos, no deja chances para ninguna mejora a los salarios docentes de aquí a fin de año. Esta votación se hará mañana, a pesar de las protestas de la oposición, que cuestiona al macrismo su voluntad de tomar deuda teniendo una caja tan holgada.

Para el Ministerio de Hacienda a cargo de Néstor Grindetti, tal contradicción no existe. La colocación de deuda que la ciudad se dispone a hacer a través de un consorcio de bancos privados liderados por el Citi responde a la necesidad de financiar infraestructura social, cosa inviable de otro modo, ya que la mayor recaudación obtenida ya está comprometida para otros conceptos.

Gracias a una mejora que rozó el 40 por ciento en la recaudación de tributos como Ingresos Públicos, Inmobiliario y Patentes, la ciudad tuvo un “excedente” de fondos superior a los 1500 millones de pesos, casi el doble de lo que reconocía el propio Grindetti a mediados de julio, poco antes de enviar a la Legislatura un proyecto correctivo.

De ese paquete, 625 millones de pesos serán destinados al incremento salarial anual (19,5 por ciento a pagar en tres veces) de los estatales. La segunda asignación en orden de importancia corresponde a los 411 millones que insumirá el aumento a las empresas recolectoras de basura, concretado a través de una polémica “redeterminación de precios”.

Lo primero tiene el aval de oficialistas y opositores, a pesar de un punto gris: ya se habían previsionado 328 millones de pesos para cubrir esa mejora salarial, colchón que la cosmética contable hizo desaparecer. La mejora a los basureros gana objeciones, fundamentalmente en contraste por la mala calidad del servicio.

El resto del dinero no previsto cuando se sancionó la Ley de Presupuesto vigente implica reforzar en 120 millones los pagos a otros contratistas; 100 millones para subsidios a la educación privada, 60 como aporte de capital del Ceamse y un monto similar para pago de deuda. Con ese prorrateo, reiteran en Hacienda, no quedaría margen para mejora alguna a los maestros, a quienes la ciudad dio un ajuste del 24 por ciento en marzo. Al menos hasta ayer, la administración de Mauricio Macri se mostraba implacable respecto de este punto. Los docentes cumplen hoy un paro por 24 horas (ver página 14).

El cambio presupuestario en ciernes tiene el obvio aval del macrismo, aunque dictámenes en minoría de los legisladores K, los socialistas, el ibarrismo y observaciones de otros adversarios políticos como Martín Hourest, uno de los más insistentes respecto a la inconveniencia de aumentar la deuda ciudadana en este momento. También de los más insistentes respecto al problema de la subejecución presupuestaria.

Antes de que Hacienda resolviera cómo prorratear aquellos 1524 millones adicionales, la oposición ya advertía sobre lo innecesario de endeudarse en un momento poco propicio del mercado financiero. Pero Grindetti asegura que la nueva deuda a tomar por un total de 500 millones de dólares y a una tasa tope del 13,5 por ciento que la Legislatura autorizó a contraer a principios de julio es imprescindible para desarrollar obras del Fondo de Infraestructura Social (Foiso). Justamente, este carácter permitiría capturar recursos de las Afjp, que por ley deben asignar una parte de su cartera a inversiones de este tipo: la administración de Macri ya habría negociado ese eventual aporte con las administradoras. El resto será buscado en el mercado local o internacional, presuntamente mejor dispuesto después del anuncio presidencial de que Argentina cancelará la deuda con el Club de París.

En la ciudad existe cierta ansiedad por avanzar en esta colocación, ahora condicionada a un trámite que depende de Economía. Según sugieren en el entorno macrista, la emisión de aquel certificado sobre cumplimiento de Responsabilidad Fiscal es un trámite que no debería demorar más de 48 horas, por lo que los diez días de espera ya están generando cierta impaciencia, amén de alimentar la sospecha de que la demora de la Nación podría estar inspirada en una intención aviesa.