“Usted carece de estabilidad laboral, y en esas condiciones no puede ejercer adecuadamente su función”, dictaminó el inspector, pero se estaba inspeccionando a sí mismo. El 99 por ciento de los inspectores de la Dirección General de Protección del Trabajo porteña están bajo contratos transitorios: “Corremos el riesgo de que, si clausuramos una empresa vinculada con el poder político, no nos renueven el contrato”, señaló un delegado. La situación procede de administraciones porteñas anteriores, y el subsecretario de Trabajo de la ciudad aseguró que “a partir de octubre se efectuarán las convocatorias para planta permanente”. En cuanto al director general de Protección del Trabajo –que, según dio a conocer PáginaI12 el sábado pasado, fue condenado por tener un empleado “en negro”– el subsecretario anunció que continuará en el cargo. La nota de este diario que daba cuenta de ese caso fue arrancada por un funcionario y al vigilador a cargo del sector se le pidió el traslado.

“De los 320 inspectores de trabajo de la ciudad de Buenos Aires, sólo dos tienen estabilidad laboral –deploró Edgardo Castro, delegado general de ATE en la Dirección General de Protección del Trabajo porteña–: los demás estamos ‘en negro’, con contratos temporarios bajo el decreto 948. Esto es grave, porque un inspector debe tener independencia total: si yo le hago un acta de infracción o clausuro una empresa de alguien que fuera allegado a un alto funcionario del gobierno, corro el riesgo de que no me renueven el contrato.”

Castro advirtió también sobre “el fraude laboral que se comete contra los 60 asistentes técnicos de la Dirección General de Protección del Trabajo: figuran como personal de la Facultad de Ciencias Económicas; el Gobierno de la Ciudad le paga a la UBA, que les paga el sueldo a estos trabajadores”. El gremialista denunció también que “las actuales autoridades contrataron a más de 20 asesores que cobran entre cuatro mil y seis mil pesos: la mayoría son abogados sin conocimientos del tema”.

Jorge Ginzo, subsecretario de Trabajo de la ciudad de Buenos Aires, precisó que “de los 340 empleados de la Dirección de Protección del Trabajo, sólo tres están en planta permanente”, hecho que definió como “irregular”. La situación proviene de gestiones anteriores y, señaló Ginzo, “ya se firmó un acuerdo con Sutecba para regularizarla. Sólo falta que se apruebe por decreto la estructura orgánica de personal, y, a partir de octubre, comenzarán los concursos para la planta permanente, empezando por los inspectores”.

En cuanto a la cantidad de asesores contratados por la actual administración, Ginzo aseguró que “son menos de 20, y sus remuneraciones son de entre 2500 y 2800 pesos. Entre ellos está Gabriel Márquez, ex director general por concurso de recursos humanos del Ministerio de Trabajo de la Nación”. Respecto del personal de la UBA, sostuvo que “son convenios que facilitan los tránsitos de entrenamiento laboral para estudiantes y graduados recientes, y esas 60 personas estarán habilitadas para concursar y pasar a planta permanente”.

El sábado pasado, PáginaI12 informó que Nicolás Siseles, director de Protección de Trabajo, tuvo una condena firme por tener un empleado “en negro” en su estudio jurídico y que, durante el juicio, sostuvo que era “inconstitucional” la doble indemnización por despido fijada por la Ley de Emergencia Económica. Ayer, Ginzo sostuvo que “aquel empleado era un pasante de la UBA y los empleadores estimaban que estaba todo en regla, pero el juez laboral no lo aceptó así.

–Pero, en el juicio, Siseles no adujo que se tratara de una pasantía –observó PáginaI12.

–Yo no vi el expediente, es lo que me dijo el doctor Siseles. El desempeña adecuadamente su función: si no tuviera ganas de hacer las cosas en beneficio de los trabajadores, no hubiéramos triplicado la productividad del área, con 1177 suspensiones y 98 clausuras en obras en construcción –contestó Ginzo.

Según denunció también el delegado Castro, “el subsecretario Ginzo arrancó las copias de la nota de PáginaI12 sobre Siseles, que habíamos puesto en la cartelera gremial, y además pidió el traslado de un vigilador, de una empresa privada, que estaba dispuesto a atestiguar esa violación de los derechos gremiales”. Ginzo contestó que “la nota de PáginaI12 la habían pegado en las paredes, fuera de la cartelera gremial, y al vigilador se le llamó la atención por no preservar la limpieza y el buen orden”.