A más de diez meses de ocurrido el incendio en la Cárcel de Varones I de Santiago del Estero, que causó 35 muertes según la versión oficial –los familiares elevan a 38 el número de víctimas fatales–, la Justicia provincial recién procesó ayer a trece guardiacárceles, diez de los cuales seguirán detenidos, imputados por el delito de “abandono de persona seguido de muerte”. Los otros tres, ya excarcelados, tienen cargos por homicidio culposo o incumplimiento de los deberes de funcionario público (ver nota aparte). Habría falencias graves en la investigación, al punto de que sólo seis de los cuerpos de las víctimas fatales fueron sometidos a pericias para determinar en forma fehaciente la causa de la muerte. “Se dice que han muerto por asfixia, en esos seis casos, pero no se han hecho estudios para saber si hubo fallecidos antes del incendio por los golpes de los guardias, como han denunciado en forma reiterada los familiares, sin ser atendidos”, le dijo a PáginaI12 Antenor Ferreyra, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Santiago del Estero. Un grupo de abogados hizo una visita al penal, a varios meses del episodio, y encontró un panorama “simplemente desolador”, definió Ferreyra.

El informe producido luego de la visita, al que tuvo acceso este diario, precisó que seguían sin estar habilitados los pabellones 1, 2 y 3, que fueron afectados por el incendio ocurrido el 4 de noviembre pasado, mientras que los lugares donde están alojados actualmente los internos están “extraordinariamente superpoblados”. Los pabellones en uso “constan de dos pisos oscuros con albañales tapados”, en tanto que parece “inconcebible” que “los baños y duchas estén destinados a humanos”. Los pabellones están “destruidos y con mugre de meses o años, cucarachas y ratas, y grandes tarros de basura malolientes”.

La delegación que visitó el penal fue integrada por Antenor Ferreyra, de la APDH de Santiago del Estero; Ernesto Moreau, de la Asociación de Abogados de Buenos Aires; Juan Carlos Valente, del Colegio de Abogados de Dolores, y José Manuel Estrada, del Colegio de Abogados de San Isidro. También asistió el procurador penitenciario, Francisco Mugnolo.

La Unidad I de Varones tenía, antes del siniestro, una capacidad máxima de 340 plazas, pero el día del incendio había 470 detenidos. Al momento de la visita de la comisión, el penal alojaba a un total de 375 detenidos, con un agravante: a raíz de la inhabilitación de tres pabellones, la capacidad máxima se redujo a 220 plazas. Al edificio se lo describe como “muy viejo y deteriorado, con instalaciones eléctricas deplorables y peligrosas, con cables externos y al alcance de la mano”. Se dejó sentado que la visita de la comisión “era esperada” por las autoridades, motivo por el cual “se podía advertir que en todos los sitios se había lavado el piso con agua pocos momentos antes del ingreso”.

Los lugares para las visitas, sobre todo los baños, “son deplorables”. Carecen de techo, los artefactos están deteriorados, no tienen piso ni higiene. Hasta el personal penitenciario, consultado por los visitantes, reconoció que “las condiciones de vida en el penal son infrahumanas”. En las entrevistas con los internos se escucharon quejas por “la pésima comida, el retraso de las causas judiciales, la falta de actividad laboral, la imposibilidad de estudiar, la deficiente atención médica y el maltrato a las visitas y durante las requisas”.

“Los detenidos en su casi totalidad manifestaron de viva voz ser sometidos a vejámenes diversos: requisas arbitrarias, golpes cotidianos, suspensión arbitraria de sus derechos, como visitas, trabajo, estudio, salidas transitorias, comida, comunicación con el exterior, recreos escasos o nulos”, se dijo en el informe. Los internos entrevistados coincidieron en que “la disciplina interna se establece a los palos”, a la vez que denunciaron que son protegidos “los detenidos que imponen métodos violentos asociados a la represión de los guardiacárceles”.

Los presos aseguraron que la comida “les llega fría y que son guisos grasientos, en raras ocasiones acompañados por carne o verduras en buen estado”. A las mujeres que visitan a los internos “las hacen desnudar y las someten a tacto vaginal”. Además, los testimonios expresaron que “la droga ingresa al penal y se vende con conocimiento de las autoridades, especialmente en la época del (ex) director Serra, aunque aun en el momento de la visita el tráfico continuaba”.

La comisión fue recibida por los jueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. En esa ocasión, Ernesto Moreau relató a los magistrados que “los internos beneficiados por salidas transitorias, para poder hacerlo, están obligados a ser acompañados por un agente del Servicio Penitenciario al que le tienen que pagar entre 100 y 200 pesos” en carácter de “servicio adicional”. Moreau advirtió, en nombre de la delegación, que mientras haya “superpoblación y hacinamiento, subsiste la posibilidad de que se vuelvan a producir hechos similares a los del 4 de noviembre de 2007”.