Marta Scaravaglione es asesora en el Ministerio de Educación de la ciudad. Trabaja en la Unidad de Auditoría Interna, la que debe controlar la transparencia en los gastos del ministerio y en el comportamiento de su personal. Pero por su historia, no parece ser la persona más indicada para ocupar ese lugar: estuvo procesada y acaba de ser condenada por un tribunal oral a un año de prisión en suspenso por haber concedido subsidios, cuando fue concejal porteña, a una institución de la que formaba parte junto con su esposo. Scaravaglione no podría seguir en el cargo porque la condena incluye una “inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos”. El traspié del Concejo pudo haber sido el primero pero no el último: en 2002, cuando integraba el directorio del Banco Ciudad, fue denunciada por el presidente de la entidad, Roberto Feletti, ante la sospecha de que había abierto 63 cuentas a nombre suyo y de allegados para sacar unos 150 mil pesos del corralito. En esa causa fue sobreseída.

Scaravaglione, una militante de origen radical, fue nombrada como asesora de la Auditoría durante la gestión de Mariano Narodowski. Llegó por recomendación del auditor Roberto Luis Ayub, también de origen radical, quien no podía desconocer los antecedentes de quien proponía para ese cargo: en diciembre de 2007, cuando asumió la actual gestión, Scaravaglione ya estaba procesada por ese delito. PáginaI12 intentó comunicarse con ella el jueves, en su despacho. Pero allí informaron que la funcionaria se reintegra el lunes.

De profesión abogada, con larga trayectoria como dirigente en el radicalismo, Scaravaglione fue concejal entre 1993 y 1997. Fue en esa gestión cuando presentó un proyecto para otorgar un subsidio de 30.000 pesos a la Asociación de Amigos del Parque Centenario, una organización de la cual ella misma era vocal y que estaba presidida por su esposo, Juan Manuel García Montiel. El dinero, según establecía la ordenanza aprobada por el Concejo, estaría destinado a “la construcción de baños” en ese parque y “la adquisición de herramientas para colaborar en el mantenimiento” de ese espacio verde. La Asociación, creada en marzo de 1986, tenía su sede en Díaz Vélez 4732. Otro subsidio de 10.000 pesos fue destinado a un centro de jubilados que funcionaba en el local partidario de Scaravaglione.

No fue la única en promover una donación para sí misma. En esa misma causa quedaron involucrados otros dos ex concejales, Roberto Larrosa y Miguel Alberto Salvatori. Al primero se lo acusó de ser autor de un proyecto para otorgar “un subsidio de 40.000 pesos al Sacachispas Fútbol Club, entidad de la cual era presidente”. Salvatori logró que se aprobara por ordenanza un subsidio de 10.000 pesos a la Sociedad Filosófica de Buenos Aires. La investigación se había iniciado en 1998: los tres fueron procesados por el entonces juez Mariano Bergés.

Los tres fueron condenados por el Tribunal Oral 16, integrado por los jueces Hugo Cataldi, Gustavo Rofrano y María Cristina Bértora, por haber incurrido en “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. “Por razones de delicadeza y de decoro no deberían haber participado en la generación y trámite de los expedientes del Concejo Deliberante, por mejores que hayan sido las intenciones”, consideraron los jueces. La sentencia puede ser apelada a la Cámara Nacional de Casación Penal.

El nombre de Scaravaglione apareció también en la célebre causa de los ñoquis del ex Concejo Deliberante: la empleada doméstica del matrimonio García Montiel-Scaravaglione y la presidenta del mencionado centro de jubilados aparecieron en recibos de sueldo del cuerpo legislativo firmados por Scaravaglione. Las dos mujeres, al declarar en la causa, dijeron que nunca había trabajado allí, pero después se desdijeron a través de un escrito.

Ante su procesamiento en la causa por los subsidios, su entonces jefe político, Fernando de la Rúa, le sugirió que pidiera licencia en su cargo de directora en el Banco Ciudad. Pero la funcionaria resistió en su cargo. Tiempo después, en mayo de 2002, el presidente del Ciudad, Roberto Feletti, la denunció después de que una auditoría interna encontró 63 cajas de ahorro a nombre de ella y de algunos familiares en distintas sucursales. En esa causa, sin embargo, resultó sobreseída.