Nadie ha podido olvidar, en la calle Blanco Encalada, el horror de aquella tarde, hace justo un año, cuando el agua se vino con todo, en cuestión de minutos, y subió a un metro y medio del nivel de la vereda. El gobierno porteño dice que hoy la ciudad está en mejores condiciones de soportar una inundación. “Pero si caen otra vez 90 milímetros en una hora, la ciudad se va a volver a inundar: la única manera de evitarlo era con la construcción de los reservorios, que no podemos hacer por un recurso de amparo presentado por la Defensoría del Pueblo”, advirtió el secretario de Obras y Servicios Públicos, Abel Fatala. Cuatro de los doce reservorios que había licitado el Gobierno de la Ciudad debían ser construidos en la cuenca del arroyo Vega, que corre por debajo de la calle Blanco Encalada.
La lluvia del 24 de enero de 2001 inundó a casi toda la ciudad, pero el escenario trágico estuvo en el barrio de Belgrano: cinco ancianas que habitaban el sótano del geriátrico Los Girasoles, en Superí al 2200, murieron ahogadas. Por ese caso están procesados por homicidio culposo los dueños del geriátrico, Luciano Astariz y Stella Maris Orbiscay, y los inspectores municipales Daniel Domb y Alberto Bergonzi, encargados del control del lugar.
A esa tragedia se agregó el perjuicio sufrido por vecinos y comerciantes: el agua superó las defensas, rompió vidrieras, arruinó mercadería y provocó daños en las viviendas. Algunos recibieron subsidios del gobierno porteño, que desembolsó en total 2 millones de pesos en asistencia a comerciantes. Otros debieron conformarse con salir a flote con sus propios recursos.
“Aunque no pude recuperar todo lo que perdí, hay que reconocer que se portaron bien: fue la primera vez que nos dieron un subsidio”, dice Angélica Asus, dueña de un kiosco en Blanco Encalada.
La ayuda que recibieron algunos vecinos –567 subsidios sobre 649 solicitudes– no fue una concesión oficial sino la consecuencia de la protesta que se generó en el barrio a partir de un hecho irrefutable: las obras del canal aliviador del arroyo Vega –que hubieran morigerado la crecida– estaban paralizadas desde hacía diez meses.
El gobierno porteño retomó las obras y prometió que se construiría el canal a razón de cien metros por mes. Después de un año, fue habilitado un tramo de 700 metros, desde la calle Arribeños –a la altura de las vías del ex ferrocarril Mitre– hasta el río. “Los plazos no pudieron cumplirse por la cantidad de días con lluvia”, argumentó Fatala. En ese tramo, asegura el funcionario, el canal podrá absorber una lluvia de 40 milímetros por hora, en lugar de los 30 que escurrían hace un año.
Los vecinos se quejan ahora porque, después de la inauguración de este tramo –hace una semana– las obras están paralizadas. “Estamos renegociando con la empresa (CCI Construcciones) porque después de la devaluación aumentaron el cemento y el hierro”, afirmó Fatala.
En Cabildo y Blanco Encalada nadie confía en que saldrá indemne de una nueva inundación. “El año pasado el agua volvió a entrar dos o tres veces, aunque no fue tanto como aquella vez”, dice María del Carmen Díaz, una de las dueñas de un local de cotillón, a 20 metros de la esquina. La mujer reconoce que “ahora, cada vez que llueve aparecen los móviles del Gobierno de la Ciudad para limpiar los desagües”.
“Estamos esperando la inundación”, dice, pesimista, el cerrajero José Correa, otros de los damnificados por el agua del 24 de enero. “La obra que hicieron sólo sirve para que no se inunde el subte, y tampoco van a servir los reservorios”, agrega.
A esas críticas se suma la formulada por la auditora general de la Ciudad, Noemí Fernández Cotonet, que elaboró un informe crítico hacia la gestión de Fatala. “De las 27 obras anunciadas en el Plan Hidráulico, desde 1997, se terminó solamente una, la del arroyo Maldonado”, dijo a Página/12 la auditora. La funcionaria cuestionó las “demoras en adjudicarlicitaciones, la falta de ejecución de los presupuestos y las imprecisiones en los proyectos” como causales de las atrasos.
Fatala adjudicó las críticas de la auditora a “motivaciones políticas, las mismas por las que (el defensor adjunto Antonio) Brailovsky paralizó las obras de los reservorios”.