La Asesoría Tutelar porteña presentó un hábeas corpus que exige “el cese de la privación de la libertad, en dependencias policiales, de niñas, niños y adolescentes” en la ciudad de Buenos Aires. Se trata de menores de edad detenidos en relación con delitos o contravenciones bajo jurisdicción de la Justicia porteña; las detenciones, que suelen durar varias horas, son, según la presentación, “palmariamente ilegales” y “no se atienen a las reglas mínimas de Naciones Unidas para la administración de Justicia de Menores”, que requieren “centros especializados, con personal capacitado que no debe portar armas de fuego”.

La acción de hábeas corpus lleva las firmas de Laura Musa, asesora general tutelar, y del asesor tutelar Carlos Bigalli. Requiere “la proscripción de toda privación de la libertad en dependencias policiales de niños, niñas y adolescentes”, a la cual considera una “ilegal práctica perpetrada por integrantes del Ministerio Público Fiscal”.

La presentación advierte que “la Legislatura asignó a las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing) el estatus de ley”. De acuerdo con ello, “la ley 2451, de Régimen Procesal Penal Juvenil, establece que la privación de libertad sólo puede cumplirse en establecimientos especialmente destinados a esos efectos, con personal especialmente capacitado y que no debe portar armas de fuego”.

El texto de los asesores observa también que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2005, en el caso ‘Verbitsky’ (hábeas corpus presentado por Horacio Verbitsky, en representación del CELS, a favor de personas detenidas en la provincia de Buenos Aires), ha dicho que la presencia de adolescentes en dependencias policiales ‘configura un agravamiento de las condiciones de privación de libertad’ que ‘resulta intolerable’”.

Bigalli aclaró que “estas privaciones de libertad duran horas y se vinculan con la identificación, la certificación de antecedentes, la aprehensión hasta determinar de qué delito se trata y otras razones. La situación es distinta de la que tenía lugar en la provincia de Buenos Aires, donde los chicos permanecían durante meses y años en comisarías”.

Las causas se refieren a hechos en los que interviene la Justicia porteña: “Delitos como lesiones en riña, daño, amenazas y portación de armas, contravenciones como la oferta de sexo, la mendicidad o el hostigamiento”, precisó el asesor tutelar.

Según Bigalli, “este año se han producido unas 200 detenciones de este orden, en chicos y chicas de 12 a 17 años”.

El funcionario de la Asesoría Tutelar señaló que, en caso de que se haga lugar al recurso presentado, “el gobierno de la ciudad deberá crear, como ya lo indica la ley, un centro especializado, que no tendría el formato del instituto de menores clásico”.

El juez porteño Javier Bujan, quien recibió el hábeas corpus, convocó para hoy a los asesores tutelares a una audiencia en la que citó también a Mario Kestelboim, defensor general de la ciudad, y a Germán Garavano, fiscal general.

Bigalli –quien, como asesor de menores de San Isidro, presentó centenares de hábeas corpus por menores en comisarías de ese distrito– observó también que “la provincia de Buenos Aires había dejado de tener chicos en las comisarías hace cinco años, cuando León Arslanian, entonces ministro de Seguridad, ordenó a todos los comisarios cesar esa práctica. Sin embargo, en los últimos tiempos ha vuelto a suceder: hace unos tres meses el juez de garantías Fabián Cascivio hizo lugar a un hábeas corpus por menores detenidos en comisarías de La Plata”.