“Estoy totalmente de acuerdo con la despenalización del aborto, porque la penalización hace que las mujeres consulten tardíamente (al hospital cuando tienen una infección) por temor a ser denunciadas y esa demora ocasiona muchas muertes”, se posicionó la ginecóloga y obstetra Ana Ferrarotti, flamante directora del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, en una entrevista de Página/12. La nueva funcionaria adelantó cuáles serán las prioridades de su gestión: entre ellas, mencionó regularizar la provisión de anticonceptivos –todavía faltan en algunas provincias–, combatir las resistencias médicas a colocar DIU y a realizar ligaduras de trompas de Falopio, armar un registro en cada provincia con los profesionales que no son objetores de conciencia y profundizar los programas que promueven la atención “humanizada” en los hospitales de las pacientes que llegan con un aborto en curso.

Ferrarotti proviene del riñón de la intendenta kirchnerista de Luján y ex viceministra de Salud de la Nación, Graciela Rosso. Llegó al Ministerio de Salud, desde ese municipio, donde hasta hace algunos días encabezaba la Secretaría de Salud. En realidad, volvió: entre 2005 y 2007 ya se había desempeñado en el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, pero como técnica. También asesoró a Rosso cuando ocupó una banca en la Cámara de Diputados: en ese lugar, recordó, trabajó en la elaboración de las leyes de educación sexual y de legalización de la ligadura tubaria y en un proyecto –todavía sin tratar– que modifica el ejercicio de las obstétricas (parteras) para permitirles, por ejemplo, colocar dispositivos intrauterinos. Antes, mucho antes, pasó por el Hospital Ramos Mejía, donde fue jefa de residentes, médica de guardia y de planta.

La nueva funcionaria ocupará el lugar que dejó la ex legisladora porteña Ana Suppa, quien fue forzada a renunciar días atrás a pedido de la ministra Graciela Ocaña, con quien ya casi no tenía diálogo. Suppa pertenece al sector del peronismo en el que se ubica la embajadora en Cuba, Juliana Marino. Uno de los cortocircuitos más fuertes entre Suppa y Ocaña se produjo en torno de un pedido de aborto no punible en Mendoza –un caso que reveló este diario– presentado por la madre de una niña violada. Ante las trabas que le pusieron en un hospital local para acceder a la interrupción del embarazo, organizaciones de mujeres reclamaron a la ministra su intervención. A diferencia de lo que pensaba Suppa, Ocaña sostuvo que aquel caso no encuadraba en los supuestos de no punibilidad por no tratarse de una niña “idiota o demente” y no intercedió.

El que termina fue un año signado por la escasez de métodos anticonceptivos para distribuir a las distintas provincias. En varias oportunidades, como denunció Página/12, el Programa Nacional se quedó sin insumos por problemas en la entrega de compras realizadas a un laboratorio extranjero. De ahí que la regularización de la entrega de insumos a las provincias –una de las obligaciones legales del Programa– vaya a ser una de sus prioridades, según adelantó Ferrarotti a este diario.

–¿Siguen faltando métodos en algunas provincias?

–Estamos por recibir una compra que se hizo por licitación. Pero hay faltantes en varias provincias, sobre todo en algunas regiones de la provincia de Buenos Aires. Nos quedamos sin anticonceptivos inyectables. Uno de los pilares básicos del programa es que estén los insumos. Vamos a trabajar con la disminución del embarazo no deseado y del aborto. Lamentablemente, tenemos las mismas tasas, que no han bajado.

–¿Cuáles son?

–Las cifras de fecundidad adolescente siguen en un valor más o menos parecido: 62 por mil chicas son madres antes de los 20 años. Son las tasas más difíciles de bajar, incluso en los países desarrollados, porque influyen factores como el consumo de drogas y de alcohol.

–Y la falta de educación sexual...

–Sí, es cierto. Vamos a empezar a trabajar con el Ministerio de Educación. Ya avanzamos con algún diálogo: queremos ayudar en la capacitación de los docentes para que puedan trabajar para mejorar la salud de los adolescentes.

–Uno de los problemas que observan los monitoreos de ONG es la resistencia de muchos médicos a colocar DIU y a realizar ligaduras de trompas. ¿Cómo va a trabajar con esos temas?

–Hay poca colocación de DIU en la mayoría de las provincias. Los ginecólogos y obstetras se resisten a ponerlos. Por eso queremos capacitar a los médicos generalistas para que ellos se ocupen. Además, hay un proyecto de ley, que había presentado Graciela Rosso y que ahora lo impulsa la diputada Graciela Gutiérrez, que modifica el ejercicio de las obstétricas. Establece que van a realizar algunos procedimientos más invasivos, como colocar un DIU. Esta ley va a ser un gran avance, porque las obstétricas son un pilar muy importante en la atención primaria de la salud. Para facilitar la realización de ligadura de trompas estamos pidiendo un registro, a todas las provincias, de los profesionales que no son objetores. Además, vamos a sacar una reglamentación de la ley. Si bien no es necesaria porque se legisló en términos de derecho, estamos trabajando en eso porque muchos médicos plantean que como no está reglamentada no está vigente y no acceden a realizar las ligaduras, sacando la ciudad de Buenos Aires, donde se trabaja bastante bien,

–¿Por qué ocurre eso?

–Los médicos hacían las ligaduras en el consultorio privado por dinero y cuesta que las hagan gratis en el sector público.

–¿Cuál es su posición frente al problema del aborto?

–Estoy totalmente de acuerdo con su despenalización, porque la penalización hace que las mujeres consulten tardíamente (a un hospital cuando tienen una infección) por temor a ser denunciadas y esa demora ocasiona muchas muertes. Hay personal de salud que las incrimina. Yo trabajé en la elaboración de proyectos de despenalización.

–¿Considera que el Gobierno debería impulsar la despenalización del aborto?

–Sí. Desde el programa vamos a impulsar la atención post aborto. El 18 de diciembre vamos a hacer un encuentro en Buenos Aires con todos los responsables de los programas provinciales de salud sexual y reproductiva para seguir avanzando con un programa de atención humanizada de las mujeres que llegan con un aborto en curso, que se basa en el uso de la aspiración manual intrauterina (AMEU), un procedimiento que se puede hacer con anestesia local y la paciente puede irse pronto a su casa.