El hotel-albergue transitorio Leblón, de Rivadavia 3009 es el centro de los dimes y diretes, de diferentes áreas del gobierno de Mauricio Macri. Un informe de la Dirección General de Fiscalización y Control del gobierno porteño sostuvo que el local, adjudicado a los dueños de Cromañón y denunciado por estar habilitado como hotel y funcionar como albergue transitorio, había sido clausurado por esa dirección en junio, pero que seguía funcionando como telo porque su clausura había sido levantada a fin de ese mes, sin explicación, por una controladora dependiente del Ministerio de Justicia de la ciudad. El informe aclaratorio se produjo tres días después de que este diario informara sobre el doble carácter del hotel que funciona alegremente como telo. La aclaración de la DGFyC desató una polémica interna entre la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y el Ministerio de Justicia, dos áreas del mismo gobierno macrista, para dirimir sobre quién pesa la responsabilidad de que el Leblón aún hoy mantenga sus puertas abiertas. Como telo.

Hasta la fecha, la responsabilidad de la inspección de actividades comerciales en la ciudad corresponde a la AGC, la Agencia Gubernamental de Control, cuyo titular es Federico Young. Dentro de la AGC, el área de inspección es la Dirección General de Fiscalización y Control, a cargo de Vanesa Berkowski. Aunque la AGC en el organigrama figure dentro del Ministerio de Justicia, encabezado por el ex juez federal Guillermo Montenegro, goza de cierta independencia política. Cuando un inspector de la DGFyC observa irregularidades, puede ordenar una clausura preventiva. El expediente es derivado a un controlador administrativo, los ex jueces de faltas, que disponen el levantamiento o la sanción que consideren desde la multa hasta la clausura.

El caso del Leblón, habilitado como hotel sin comidas pero en actividad como albergue transitorio, es crítico. Este mes, la cooperativa La Alameda lo incluyó en una denuncia penal por explotación sexual de mujeres y reducción a la servidumbre, además de revelar que pertenecía a la sociedad Levy-Vengrover, señalados como dueños del boliche Cromañón. El martes 23 el cabaret Quatro Cat’s fue clausurado por la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, que investigaba el posible delito de trata de mujeres.

Tras la publicación de una nueva nota en Página/12, en la que se describió la protección policial y la actividad abierta del Leblón como rincón de paso del cabaret, la AGC se hizo eco de la denuncia. Motivos hay: como se describió más arriba, sus inspectores son responsables del control o descontrol de los locales, entre ellos, el Leblón.

Según el informe de esa área, por la disposición 1975 del 3 de junio pasado, un inspector de la DGFyC clausuró el Leblón por haber encontrado 24 faltas de funcionamiento, seguridad e higiene. Entre ellas, la de funcionar carente de habilitación como albergue; conexiones de gas no reglamentarias; cables expuestos; falta de matafuegos; estufas sin ventilación; falta de carteles de salida de emergencia; humedad en paredes y cielorrasos, y una diversidad multicolor de observaciones que hacen inexplicable la actividad. Todo esto, en la misma manzana del boliche incendiado que se supone erigido como modelo de la corrupción gubernamental y empresarial, y que para colmo está adjudicado a los mismos dueños.

El expediente recayó en la controladora 46, Carmen Martínez de Quiñones –continúa el informe–. La funcionaria, por nota 7993, pidió otra inspección para constatar si habían cesado los motivos. El 18 de junio, respondiendo al pedido, la DGFyC envió una inspección que “verificó que no fueron subsanadas las faltas”. El informe de la DGFyC agrega, en texto subrayado y en negritas, que “sin perjuicio de lo expuesto, con fecha 26 de junio, mediante nota Nº 8727/DGAI/2008, la Controladora Administrativa informa el levantamiento de la medida de interdicción”.

Fuentes de la DFGyC describieron a este diario lo inexplicable del levantamiento y la ausencia de explicaciones. Y aseguraron que “si sigue funcionando como albergue será clausurado otra vez”. Por el momento, sigue funcionando.

Ante la consulta de este diario, voceros del ministro Montenegro respondieron al informe críticamente. Afirman que “no dicen que después de la intervención de la controladora 46 hubo otra inspección, el 30 de julio, que ordenó clausurar el hotel. El expediente, por sorteo, recayó en otro controlador que ordenó levantar la clausura por vicios formales en el acta. Tampoco dice que el 22 de agosto, el inspector de la DGFyC Rolando Routuroa visitó de nuevo el hotel y esa vez no encontró motivos para ninguna clausura, o por lo menos no los pidió –deslizó la sospecha la misma fuente–. O sea, vio todo bien o por lo menos lo que habían detectado antes no lo vieron esta vez. El inspector derivó su intervención a los controladores con el legajo 872579000/08. El controlador, basándose en el informe del inspector, no ordenó una clausura”.

El insólito desencuentro entre inspectores y controladores de un mismo gobierno no concluye allí. Gustavo Vera, de Cooperativa La Alameda, aseguró que, del mismo modo que el Leblón, cuatro prostíbulos denunciados por la cooperativa fueron clausurados por la DGFyC y levantadas las clausuras por los controladores. “Padrino, en O’Brien 1231/33, con denuncia penal por explotación sexual de menores y venta de drogas, fue clausurado el 27 de septiembre por la DGFyC y el controlador 15, una semana después levantó la clausura; el I Qué, de Brasil 1347, fue clausurado el 3 de agosto y ocho días después el controlador 55 levantó la clausura. Fue otra vez cerrado el 12 de octubre y a los diez días el controlador 18 levantó la clausura. La Caribeña es otro prostíbulo denunciado, en Santiago del Estero 1361. Lo clausuraron el 3 de agosto y ocho días después volvió a funcionar; el 5 de septiembre fue cerrado de nuevo y el controlador 9 levantó el cierre. Otro local, de Santiago del Estero 1418, fue clausurado el 15 de abril y levantaron la medida; volvieron a clausurar por falta de matafuego y ventilación pero el 21 de julio el controlador 29 levantó la medida.”

Las áreas responsables se dicen no responsables. Las competencias competen al mismo gobierno que se autocritica. A todo esto, el Leblón sigue funcionando.