SOCIEDAD › SOBRE EL ASESINATO DE SICARIOS EN LA NAUTICA DE SAN FERNANDO
Fueron doce tiros a un muchacho de 29 años recién llegado de Bogotá. ¿Error o advertencia a su poderoso cuñado? Los fiscales y los investigadores en un caso que puede ser una ampliación de la guerra narco a nuestro país.
› Por Raúl Kollmann
El hombre de la moto se bajó y fue directamente hacia Juan Sebastián Galvis Ramírez. Le gritó “¡Carro!”, aparentemente el sobrenombre del joven de 29 años, y sin vacilar le disparó doce veces. Uno de los siete proyectiles le atravesó el pulmón y terminó con su vida. El desconocido pudo haber disparado contra los otros tres colombianos y el argentino que estaban en el negocio de náutica de San Fernando, pero no lo hizo. Su objetivo fue uno sólo. La ejecución plantea una serie de preguntas, algunas todavía sin respuestas claras:
Para el fiscal Luis Angelini, a cargo del expediente, no hubo error. El sujeto que disparó gritó el sobrenombre Carro que, según los otros colombianos, era el de Galvis Ramírez. El gran problema es que todo lo que declaró el resto del grupo está sujeto a evaluación.
Una alternativa que se maneja en la fiscalía desde el primer día es que la ejecución fue un mensaje para el que aparece como el poderoso en el grupo que estaba en San Fernando: Jorge Iván González Ramírez. Todos coinciden en que es el que manejaba el dinero, el que compró la camioneta Volkswagen Tuareg de 72.000 dólares, el que aparentemente adquirió el yate Woods de 400.000 dólares y quien alquilaba –algo que tampoco está claro– el lujoso departamento del piso 37 de Puerto Madero. El interrogante es por qué el homicidio podría ser un mensaje para González Ramírez.
Todo indica que sí. El grupo que acompañaba a Galvis Ramírez dice que el acento del que disparó era colombiano. Pero, nuevamente, hay muchas dudas sobre lo que declararon los que estaban con la víctima. Cuando se investigó el doble asesinato de colombianos en Unicenter no se llegó a ninguna conclusión sobre si los homicidas eran también de allá o no, pero los criminalistas, en forma unánime, señalaron que la metodología no es habitual en la Argentina. “Si se estuviera imponiendo aquí, tendríamos otros casos, pero, afortunadamente, hasta ahora, las únicas ejecuciones de estas características han sido de colombianos, de manera que es muy probable que los sicarios provengan de allí”, razonó uno de los fiscales.
En la fiscalía afirman que existe claramente una intención de ocultar bienes, lo cual ya constituye un elemento de sospecha. La Tuareg está a nombre de un testaferro. El yate es propiedad del ex presidente de San Lorenzo Fernando Miele, pero no queda claro si se lo vendió a González Ramírez o si existía alguna forma de leasing. Lo concreto es que tampoco el yate estaba a nombre de los colombianos, pese a que ellos lo usaban. Respecto del departamento de Puerto Madero, las dudas son las mismas. En la fiscalía declararon que lo alquilan, pero la propiedad está a nombre de una sociedad y no está claro a quién pertenece.
Como adelantó Página/12 en exclusiva el miércoles pasado, el cuñado de la víctima, González Ramírez, aparece vinculado con un expediente de lavado de dinero de drogas procesadas por las FARC y canalizadas a través de los paramilitares. Con el seudónimo de Jota, se lo vinculó con más de mil millones de pesos colombianos encontrados en una vivienda de Bogotá. La fuerza aérea colombiana argumenta que Jota fue sobreseído en la causa por un trámite sospechoso. Según dicen en la fiscalía descentralizada de San Fernando, otro integrante del grupo, Jesús Ariel Cubillos Burbano, que parece ser una especie de guardaespaldas, registra un antecedente de haber estado preso tres años por narcotráfico en Colombia. Se supone que el lunes la embajada colombiana entregará un informe sobre los protagonistas.
Hay un problema clave. El fiscal Angelini pidió el allanamiento del departamento de Puerto Madero, pero el juez Rafael Sal Lari no lo concedió, argumentando que se violentaban los derechos de las víctimas. La idea era encontrar elementos para determinar qué hacía el grupo colombiano en Argentina. Después de declarar ante el fiscal, el padre de Galvis Ramírez, junto al poderoso cuñado de la víctima y los demás integrantes del grupo, volvieron a vivir a Puerto Madero y tuvieron la oportunidad de llevarse de allí lo que quisieran. Relativamente distinto fue el caso del yate. El fiscal ordenó que se custodiara la nave, que no se dejara sacar nada y cuando Sal Lari autorizó la requisa, encontraron allí una pistola calibre 40, no registrada, que ahora es la base de la imputación de tenencia ilegal de armas contra González Ramírez.
En principio no, más allá de lo que señaló el juez Federico Faggionato Márquez. Cuando se produjo el doble asesinato de colombianos en Unicenter se hizo un amplísimo cruce de llamadas telefónicas y en la mira quedaron mexicanos, no colombianos.
Es obvio que la metodología es la misma y está el dato de que la mañana del doble crimen Galvis Ramírez entró a la Argentina. En las dos fiscalías que investigan estos casos aseguran que todavía es prematuro asegurar que están relacionados.
Los fiscales creen en dos hipótesis posibles. Por un lado, que se refugian aquí, escondiéndose de alguna represalia por alguna traición o conflicto desatado en Colombia. Está cantado que mantienen su increíble nivel de vida con los fondos derivados del narcotráfico. De todas maneras, hay que tener en cuenta que Galvis Ramírez estuvo en Colombia todo este tiempo y había llegado aquí a principios de febrero, en un vuelo desde Bogotá. La segunda hipótesis tiene que ver con el tránsito de cocaína hacia Europa. Narcos colombianos aparecieron vinculados con envíos, particularmente a España. Por ahora, no apareció ninguna evidencia que vincule a los muertos y sobrevivientes en Unicenter y San Fernando con una operación actual de narcotráfico, pero la realidad es que falta mucho por investigar y queda gran parte de la trama por descubrir.
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