El fallo condenatorio de un tribunal bonaerense contra un sordomudo acusado de violación agravada sorprendió a todos; tanto, que al único que no dejó mudo es al acusado. El veredicto no incluyó el tiempo de condena, que recién será informado en una semana con los fundamentos. Pero no es ésa la sorpresa que enmudeció a los presentes sino que el juicio mismo fue una suma de procedimientos del no-se-debe. El caso fue revelado por Página/12 en septiembre de 2006, cuando Sosa llevaba nueve meses preso en Sierra Chica sin saber por qué estaba allí dentro y después de haber recibido una golpiza de la policía simplemente porque, al detenerlo, el sordomudo no escuchó ni respondió a la voz de alto. En el fallo, Sosa fue condenado en base a la primera indagatoria que ahora los jueces consideraron nula: en aquel momento, el defensor oficial lo asistió 15 minutos, no entendió ni jota de lo que decía Sosa, y no participó durante la declaración. Esa indagatoria fue la columna vertebral del caso, ya que por ella Sosa pasó dos años preso. Lo sorprendente, que enmudece a todos y hará hablar a los mudos, es que, pese a la anulación, los jueces lo condenaron. Habrá que esperar los fundamentos. Sosa sigue sin entender nada.

Hugo Sosa es un sordomudo iletrado. Jamás aprendió el lenguaje de señas. A los tres años tuvo una enfermedad que lo dejó sordo para siempre. Y a esa edad la sordera es garantía de mudez. No terminó el preescolar y apenas si estudió y abandonó la instrucción del lenguaje de señas. Sólo se entiende a duras penas con la familia y algunos amigos. Como un chino en la Argentina que no sabe español pero tampoco chino, Sosa vive semi-aislado.

El jueves pasado, en el tercer piso de los Tribunales de San Martín, se notaba que el funcionamiento del juicio sería anormal: la audiencia llevaba 45 minutos de retraso y los secretarios del tribunal aún insistían en pedir la matrícula a la intérprete de parte, Mabel Remón, traductora, intérprete de lenguaje de señas, master en Derecho, en mediación, autora de la ley que ordena el reconocimiento oficial de la enseñanza de lenguaje de señas, pero naturalmente carente de matrícula porque la actividad de intérprete de señas no está matriculada. Alrededor de media hora llevó hacer entender a los funcionarios judiciales que con la fotocopia de sus títulos alcanzaba; y eso que todos, Remón y ellos, hablaban el mismo idioma.

Sosa, sentado en el banquillo, aguardaba. Tenía colocada la tobillera electrónica que para un sordomudo es inútil porque funciona con el llamado telefónico que el sordo debe escuchar y responder. En noviembre de 2007, luego de la publicación de Página/12, la abogada de Sosa, Cynthia Celaya, pidió al Tribunal 2 la morigeración de la pena con detención domiciliaria, presentando la nota como parte de prueba en la causa. Recién entonces le concedieron la morigeración.

A las 10.48 entraron los jueces, Gustavo Garibaldi, María del Carmen Castro, presidenta, y Aníbal Bellagio. Castro se dispuso a leer los lineamientos del juicio que debía enterar al acusado. Frente a Sosa se encontraba la intérprete oficial de la Suprema Corte, convocada desde La Plata porque los intérpretes oficiales brillan por su ausencia. No se podía cometer el mismo desliz cometido en la investigación, de utilizar como intérprete oficial a alguien sin título habilitante.

Junto a Sosa y a su abogada defensora se encontraba Remón. La jueza Castro empezó a leer de corrido y al cabo de dos líneas comprendió que la perito oficial se había anudado en señas, mientras Sosa no parecía haberse enterado del inicio del juicio. Miraba para cualquier lado, mientras la fiscal Noemí Carreira se tomaba la cabeza. Difícil hacerle entender que se le pedía nombre y apellido. Imposible que dijera al fecha de nacimiento. No hubo caso, Sosa no entendió. La jueza, finalmente, dejó de lado la fecha y se conformó con la edad. Al rato, Remón intercambió su lugar con la perito oficial y la comunicación con el imputado se aceitó.

Sosa, como ya informó este diario, había sido detenido acusado de violar a una joven en un descampado de San Miguel. Durante el proceso no pareció evidenciarse que Sosa pudiera estar seriamente comprometido. El médico policial no constató lesiones propias de una violación, y si se encontraron restos seminales, se perdieron las muestras para un ADN comparativo. Se perdieron. Pero, además, todo el proceso estaba viciado de nulidad desde el inicio. Jamás convocaron a un intérprete habilitado, y el único convocado, sin título habilitante, recién apareció en escena un día y medio después de la detención. Si hubiera sido griego le hubiera ido mejor.

De los nueve policías sólo dos concurrieron a testimoniar: Edgardo Suárez dijo que Sosa no respondía a la voz de alto, y que se enteró de que era sordomudo en la comisaría. Eduardo Metivier, de lo único que se acordaba es que Sosa corría descalzo por las vías del tren, cuando nunca se había sacado las zapatillas.

Durante el juicio no fue citado el defensor oficial Marcelo Varvello, ausente durante la indagatoria. Pero la fiscalía citó a la intérprete Flavia Barrita. Llegó al caso convocada por el fiscal Marcelo Segarra porque un empleado de la fiscalía la conocía. Durante el juicio reconoció que carecía de título oficial. Barrita sostuvo que cuando tomó contacto con Sosa, lo hizo porque Varvello no podía hacerse entender, ni entender a su defendido. Pero cuando llegó, Varvello ya sabía qué había pasado y qué iba a declarar Sosa. “Lo único que me pidió –dijo Barrita– fue si el acusado sabía si empujar a una viejita estaba bien o estaba mal.” A Barrita, de todos modos, le costó hacerse entender por Sosa. Con esos 15 minutos, Sosa entró a su primera declaración indagatoria, que duró alrededor de 4 horas. Allí se jugaba todo, allí debería haber denunciado que lo habían golpeado, que le leyeron sus derechos y no escuchaba, y que se los hicieron firmar y no sabía leer. Pero no tenía abogado. A la intérprete, que de Derecho sabía menos que él, no se le ocurrió preguntarle. Varios días después, cuando Sosa concurrió a una ampliación indagatoria, Segarra convocó a la misma intérprete, invalidando de ese modo el argumento de que en la ocasión anterior había convocado de urgencia (era un sábado al mediodía) a la primera que tuvo a mano. En el fondo, todo indicaba el total desconocimiento de la función de un intérprete del lenguaje de señas, y de que el lenguaje de señas es un lenguaje. Mucho más grave, el desconocimiento de leyes ya que, si bien la que reconoce al lenguaje de señas como lengua autónoma tiene media sanción, un decreto presidencial de 2008 reconoce rango constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ley 26.378. Segarra no es el único. El Tribunal 2 anuló la primera indagatoria, pero dio cauce a la segunda, como si todo hubiera quedado salvado con la primera nulidad.