Pedir la pena de muerte en la Argentina podría considerarse como una apología del delito. Ya lo advirtió ayer Carmen Argibay luego de una semana de altisonantes reclamos en favor de la pena capital: “Están pidiendo que se viole la Constitución nacional”. Casi en simultáneo a estos dichos de la jueza de la Corte Suprema de la Nación, la suegra del preparador físico Hernán Landolina, asesinado el martes, convocaba a una marcha con esta consigna: “Si no nos arremangamos, no vamos a lograr nada. El pueblo tiene que salir a la calle. Hoy yo pido la pena de muerte”. Página/12 consultó a especialistas de distintas disciplinas para entender cómo se instaló esta idea, que resurgió días atrás cuando Susana Giménez dijo que “el que mata tiene que morir”, refiriéndose a los delincuentes que asesinaron a su decorador de confianza.

“El melodrama siempre está presente. Esa escena, la de Susana Giménez caminando y diciendo lo que dijo, es difícil de lograr. Y los medios aprovecharon para instalar el tema como algo definitivo”, explicó ayer el semiólogo Raúl Barreiros. “Lo de ella es la clásica postura facha de ‘protejo lo mío’. La única posibilidad es mirarlo desde ahí, porque Susana Giménez puede tener un corazón facho, pero no tiene un aparato ideológico para sostener lo que dice”, agregó Barreiros, docente de la Universidad Nacional de La Plata.

Claro que este especialista no olvidó un dato de la diva que parece haberse escapado en los programas de chimentos: “Esa mujer, la más popular de la Argentina, es valiente. Estuvo con Monzón cuando ninguna figura salía con boxeadores. Supo manejarlo y se fue a tiempo, antes de que Monzón asesinara a Alicia Muñiz. ¿Cuando ocurrió este asesinato pidió la pena de muerte? No. ¿Y por qué lo pide ahora? Porque está en contra del gobierno”. Lo que sigue, según Barreiros, es la manipulación mediática de un miedo preexistente.

“En otro momento no hubiera pasado nada, pero hay una clara intención política. Este tema ya se intentó instalar 6 o 7 veces el año pasado”, aseguró el semiólogo. Su conclusión es que se corre peligro de que “uno se convierta en el otro”. El otro roba y mata porque “se está vengando del maltrato social” y las víctimas también sufren el maltrato. De vengarse, la situación tomaría forma de espiral. En medio queda la policía, en papel ambiguo. “Si hay alguien que tiene más posibilidades de convertirse en chorro es el policía, por la cercanía con el delito”, advirtió el semiólogo.

Para María del Carmen Verdú, abogada de la Correpi, al pedido de pena de muerte lo subyace un tema socioeconómico. “Estos son círculos recurrentes. Cada vez que en el horizonte se avecinan conflictos sociales, aparecen estos impulsos: se pide endurecer el sistema penal, bajar la edad de imputabilidad o imponer la pena de muerte”, repasó Verdú. Estos reclamos, que ella enmarca en los discursos de la inseguridad, “buscan generar consenso para utilizar los aparatos represivos del Estado, para garantizarlos”.

En este sentido, la abogada pone el reclamo en el marco de la crisis mundial. “No es casual que esto ocurra mientras hay despidos y suspensiones”, dijo Verdú, en referencia a la posibilidad del uso indiscriminado de la fuerza pública en caso de que emerjan las protestas de los sectores más postergados. Bajo su óptica, ya no importa que haya sido Susana Giménez quien haya disparado el tema. “Habría que revisar lo que dijo el sindicalista (Diego) Ibáñez cuando le mataron al hijo o el propio Blumberg, que pidió la pena de muerte y después se echó atrás cuando se supo que había policías involucrados en el secuestro...” El criminólogo Elías Neuman calificó de “misterioso” el surgimiento de este debate, luego de repasar una larga lista de países (entre ellos Francia y Brasil) que llevan ya siglos o décadas con la pena de muerte abolida. “No me parece que se haya abierto una discusión entre especialistas a favor y en contra, una polémica entre tirios y troyanos –afirmó Neuman–; en todo caso, lo que parece es que hay manifestaciones de gente que en su actividad tiene mucha recepción social, con mucha llegada y con impacto en los medios.”

El pedido de pena de muerte, explicó el experto, no emerge de la reflexión, sino del sentimiento o de confundir justicia con venganza. “Me pregunto cuánto tiempo el feroz sistema neoliberal necesita explotar los miedos de la sociedad”, inquirió Neuman. “Es cierto que los delitos urbanos crecen y dan miedo, pero ampliarlos como se los está ampliando, ¿no será una manera de no ver los delitos económicos o de corrupción?”. La constante repetición de los hechos delictivos en la televisión, para este criminólogo, no es más que un “terrible telón de miedos”.

Sobre el final de la charla con Página/12, el especialista recordó que alguna vez el ex presidente Carlos Menem armó un proyecto para instalar la pena de muerte y lo envió al Congreso. Allí tuvieron que explicarle lo que ayer advirtió la jueza Carmen Argibay: “Nuestro país tiene incorporado a la Constitución el Pacto de San José de Costa Rica que impide que se ponga la pena de muerte en un país donde no existe la pena de muerte. Es decir que está prohibida. No es una pena previsible y posible en la República Argentina”.

Neuman insistió en la idea de que la gente que pide esta pena lo hace intuitivamente, pero “el Estado no puede enseñar a no matar matando”.