En una hora y media, un equipo del Ministerio de Justicia de la Nación encontró al médico que hizo el examen forense a una chica que denunció una violación, cuyo informe, al llegar al juicio, no tenía la firma y sello del profesional. Esa omisión, y la falla de la fiscal que presentó esa prueba, fueron los argumentos para absolver al imputado, un vecino de la víctima. Ahora, con el hallazgo del médico y de los registros oficiales donde consta el examen que constató el abuso, el fiscal Diego Molina Pico tendrá un argumento de peso para apelar ante la Cámara de Casación. “Puede pedir la incorporación de la prueba y la reapertura del juicio”, dijo a Página/12 el flamante abogado de los familiares de la víctima, José Vera.

El error judicial que permitió la absolución del acusado alimentó las críticas a la Justicia. El ministro Aníbal Fernández, después de recibir a los familiares y al abogado de la chica violada, anunció que en una hora y media su cartera encontró al médico ginecólogo forense de la policía bonaerense, Carlos Pozzoni, quien aseguró que tiene “copia propia del documento, en el que consta quiénes participaron del peritaje y los testigos” en el hospital de San Fernando.

La absolución del acusado por el beneficio de la duda, originado en un error, fue criticada hoy por la propia presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. La víctima, de 20 años pero con mentalidad de 11 por un retraso madurativo, relató ante los jueces cómo era sometida por el acusado y el médico forense constató que hubo acceso carnal. Pero como el peritaje fue incorporado a la causa sin firma ni sello, tuvo que ser desechado como prueba.

Tanto los jueces del tribunal como la Presidenta y el ministro Fernández cuestionaron con dureza a la fiscal que instruyó la causa, María del Carmen Gigante, quien hoy comenzó a ser investigada por la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

La procuradora María del Carmen Falbo solicitó la “información sumaria” de toda la causa, en la que consta que no sólo Gigante participó del expediente, sino también otros dos fiscales de instrucción y el del juicio, Diego Molina Pico, todos del Departamento Judicial de San Isidro. Es que, si bien Gigante es la titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº2 (UFI) de Tigre que instruyó la causa, otro fiscal pidió la prisión preventiva y un tercero requirió la elevación a juicio oral ante el juez de Garantías de San Isidro a cargo de la causa, Rafael Sal Lari, quien también hizo lugar.