El 24 de marzo, en ocasión del 134º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Audiencia referida al caso 12.651 -Prisión perpetua para menores de edad, Argentina, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, dijo, refiriéndose a la larga espera que padecen los jóvenes condenados: “A ellos, representantes del Estado que hoy no están presentes, muchas veces les transmitieron lo que se ofrecía y luego no se cumplía, y tuvieron que soportar la tensión de que operadores de la Secretaría de Derechos Humanos, concretamente la doctora Claudia Cesaroni, les informara: ‘Ya todo está arreglado, a vos te van a conmutar la pena’, y luego nada ocurría... ‘Ya todo está arreglado, se va a dictar una ley de topes de cinco años, y ustedes tres van a salir en libertad’, y eso no ocurría”.

Lo que hice durante estos siete años, desde que Lucas Mendoza llamó a la Procuración Penitenciaria para pedir que algún abogado lo vaya a ver, porque le parecía que su condena “viola la Convención sobre los Derechos del Niño”, fue difundir este caso, insistir para que la Dra. Martínez lo presente ante la CIDH; visitarlos semanalmente, o cuando se me permitía hacerlo, en las cárceles de Ezeiza, Rawson y Devoto; hacer peticiones a su favor; elaborar Amicus Curiae, denunciar una y otra vez los maltratos a que fueron sometidos; efectuar gestiones para evitar sus traslados, o para garantizar su seguridad; y sobre todas las cosas, escucharlos y atender sus angustias y la de sus familias, mucho más allá de lo que supone la tarea profesional sino desde una posición de militancia a favor de los derechos humanos y muy especialmente a favor de los derechos de niños, niñas y adolescentes privados de libertad.

La doctora Martínez conoce esta actividad, y en innumerables ocasiones hemos conversado acerca del mejor modo para que la situación de Lucas Matías Mendoza, Claudio David Núñez, César Alberto Mendoza y Saúl Roldán Cajal se resolviera favorablemente, así como los demás casos en los que se aplicaron estas penas.

Jamás prometí nada a Claudio, Lucas y César ni a los jóvenes presos en la Penitenciaría de Mendoza. Siempre fui clara y les expliqué que la mayor dificultad era que, si bien existía un reconocimiento de parte de altas autoridades de nuestro país de lo injustas que son las condenas a prisión perpetua, ese reconocimiento no se ha traducido en una decisión concreta con respecto a resolver sus casos.

Lamento enormemente que la doctora Martínez haya elegido mencionarme de este modo, poniendo en duda mi compromiso personal, y en riesgo mi actividad laboral y profesional.

* Abogada especializada en Derechos de las Personas Privadas de Libertad.