Los sacerdotes católicos que viven en doce villas o barrios pobres de la Capital Federal, al reflexionar sobre el proyecto de despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal, aseguraron que “el lado oscuro de nuestros barrios es la droga instalada desde hace años, quizá con más fuerza desde el 2001” y que “está despenalizada de hecho” porque “se la puede tener, llevar, consumir sin ser prácticamente molestado”. De acuerdo con la visión de los religiosos, “habitualmente ni la fuerza pública ni ningún organismo que represente al Estado se mete en la vida de estos chicos que tienen veneno en sus manos”. En el comunicado se afirmó que sólo “la prensa amarilla” se ocupa de esos chicos cuando “responsabiliza a la villa del problema de la droga y la delincuencia”, cuando “el problema no es la villa sino el narcotráfico”. En ese punto resaltaron que “la mayoría de los que se enriquecen con el narcotráfico” no viven “en estos barrios donde se corta la luz, donde la ambulancia tarda en entrar, donde es común ver cloacas rebalsadas. Otra cosa es que la villa –como zona liberada– resulte funcional a esta situación”.

Los firmantes de la declaración sostuvieron que la vida de los jóvenes de los barrios pobres “se fue tornando cada vez más difícil hasta convertirse en las primeras víctimas de esta despenalización de hecho”. Son miles de chicos “arruinados en su mente y en su espíritu” que “se convencieron de que no hay posibilidades para ellos en la sociedad”. Los miembros del Equipo de Sacerdotes para las Villas señalaron que el problema de la droga está “profundamente ligado” al “de la delincuencia, de las peleas, y los hechos de muerte violenta”. Los curas aseguraron que “esto nos hace tomar conciencia de otro gran tráfico que hay en nuestra sociedad, que es el tráfico de armas, y que visualizamos como fuera de control”.

“Cuando vemos muertes causadas por menores adictos, también nos preguntamos ¿quién es el que pone el arma en manos de los menores? De esta espiral de locura y violencia, las primeras víctimas son los mismos vecinos de la villa.” Hicieron hincapié en la falta de presencia de las autoridades en la prevención y en la ayuda de los que tienen hijos o familiares adictos: “Estas familias deambularon por distintas oficinas del Estado sin encontrar demasiadas soluciones”. Los sacerdotes afirmaron que “asombra ver cómo ese niño que fue al catecismo, que jugaba muy bien en el fútbol dominguero, hoy ‘está perdido’. Causa un profundo dolor ver que esa niña que iba a la escuela hoy se prostituye para fumar ‘paco’”.

Los curas admitieron que “la despenalización de hecho generó inseguridad social”, pero recalcaron que “la raíz de la inseguridad social hay que buscarla en la insolidaridad social” porque “a poco que nos pongamos a la luz de la palabra de Dios, descubrimos que como sociedad no nos hemos movilizado suficientemente ante el hecho dramático del hambre de los niños, que da lugar a adolescentes débiles física y mentalmente”, hijos de madres y padres “angustiados, sin trabajo o con changas mal remuneradas”.

En ese estado de cosas, “ahora escuchamos hablar de despenalizar en el derecho el consumo de sustancias. Nos preguntamos: ¿ministros y jueces conocen la situación de nuestros barrios? ¿Han dialogado con el hombre común de la villa? ¿Se han sentado a elaborar con ellos proyectos liberadores –la droga esclaviza– o simplemente se piensa en implementar recetas de otras latitudes?”. Los curas plantearon la necesidad de trabajar en la prevención para ponerle fin a la tríada “hambre–criminalidad-droga”, construyendo para esos jóvenes “ámbitos de recreación y un proyecto real para sus vidas”. Plantearon que la escuela es “el principal mecanismo de inclusión” porque “quienes se van de la escuela pierden toda esperanza” dado que ése “es el lugar donde los chicos pueden elaborar un proyecto de vida y empezar a formar su identidad”.

José María Di Paola, párroco de la Villa 21-24 y del barrio Zabaleta, en Parque Patricios, aclaró a Página/12 que los curas villeros intentaron “hacer un aporte” a la discusión del tema de la droga, desde la visión de quienes “tenemos la experiencia de vivir en la villa, de estar día y noche en contacto permanente con la gente”. Lo que ellos quieren es que la sociedad “separe lo que es la villa de lo que es el narcotráfico”. La opinión de Di Paola es que “la despenalización está pensada para los chicos de clase media o clase media alta, que tienen un abanico de posibilidades que no tienen los chicos de las villas. El Estado tiene que intervenir para darles una mano a nuestros chicos. El Estado se tiene que hacer cargo de los chicos pobres, de la prevención, de la contención, del tratamiento y también se tienen que hacer cargo todas las instituciones, incluyendo la Iglesia”.

Los otros firmantes son Carlos Olivero, Facundo Berretta y Juan Isasmendi (21-24 y Zabaleta); Guillermo Torre y Martín Carrozza (Villa 31), Gustavo Carrara, Adolfo Benassi y Joaquín Giangreco (1-11-14), Jorge Tomé y Franco Punturo (Villa 20); Sebastián Sury y José Zámolo (Villa 15); Pedro Baya Casal y Martín del Chiara (Villa 3 y Barrio Ramón Carrillo); Nibaldo Leal (Villa 6); Sergio Serese (Villa 19); Enrique Evangelista (Villa 26) y Jorge Torres Carbonell (Villa Rodrigo Bueno).