Un bebé tose y llora. Está solo, recostado en un colchón sobre el piso de un cuarto blanco, sin muebles pero lleno de luz de mediodía. Su madre corre a ver qué pasa. Tose porque todavía flota la cal en el departamento, uno de los 128 tomados masivamente ayer por la madrugada en la villa 1.11.14, a metros de la cancha de San Lorenzo. Adentro hay miedo por las represalias. La idea, masticada durante la noche anterior, era ocupar el lugar y negociar. Y resultó, pero a medias. Mientras se escriben estas líneas, cientos de personas están siendo censadas por la policía, funcionarios judiciales y del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). Los que ya tenían su vivienda adjudicada, tendrán su departamento; los que no, el 70 por ciento de los ocupantes, tendrán que seguir esperando, como el bebé y su madre. Este pacto fue suscripto por los ocupantes de tres de los cuatro edificios tomados. La orden de desalojo vence hoy a la noche.

“Se corrió la bola de que lo iban a ocupar, pasa siempre”, explica Alberto Scolari, un vecino que cruzó la avenida Perito Moreno para hablar con las autoridades. El hombre recita la opción consensuada entre el IVC, el fiscal Luis Duacastella y la comisaría 34ª: el autodesalojo, “dejando una consigna para poder seguir negociando”. Según este vecino, el IVC venía retrasando hace dos meses la entrega de llaves de esos departamentos de la calle Bonorino y avenida Riestra. Y la gente desconfió por las mismas razones que él. “Están esperando a las elecciones –asegura–, si hace poco había 60 albañiles y después quedaron sólo 7. Al final, había más custodia policial que trabajadores.”

La noche del jueves, cerca de 250 vecinos se amontonaron alrededor de los muros de madera que rodean a los departamentos y los derribaron, pese al alerta que dio la policía. Hubo disparos y mucha violencia, cuenta Juan Oviedo, otro adjudicatario que acompaña a Scolari. “Eran 30 policías y le pegaron a una señora embarazada. Y los chicos de la señora les tiraron piedras. Los policías se tuvieron que ir corriendo”, recuerda Oviedo. Varios vecinos comentaron que un joven resultó herido de bala en una pierna. Según la policía, también un agente resultó herido por un botellazo.

Luego hubo algunos saqueos. Y a las pocas horas los ocupantes se terminaron de acomodar. “En mi casa no hay ni inodoro, ni lavatorio, ni termotanque. Pero no importa. De última lo compro, el tema es la casa”, comenta Scolari, rodeado de una importante presencia policial: 60 efectivos, dos carros hidrantes, diez combis de traslado de detenidos y media docena de patrulleros. Algunos de los adjudicatarios que se quedaron afuera denunciaron la usurpación. La orden de desalojo, pedida por el fiscal y firmada por el juez Carlos Bentolila, fue despachada ayer temprano. Las barricadas para impedir la entrada de la policía también.

Para acceder a la villa en momentos complicados como éste hace falta convencer a los “chalequeros”, los encargados de hacer pasar a los extraños. El que acompaña a Página/12 es un joven que por nada del mundo querrá dar su nombre ni su apodo. Espera en la esquina de avenida Perito Moreno y Bonorino, detrás de una barricada levantada con los propios muros de madera que fueron derribados la noche anterior. Tiene los párpados caídos y los ojos secos, ojos que no se mueven cuando habla.

“Hay criaturas, niños. Estuvieron toda la noche. Si entran va a ser una masacre”, dice el “chalequero” mientras indica los edificios amarillos, de tres pisos, nuevitos. “Son ésos, padre.” Dos muchachos se suman para custodiar la retaguardia. Alrededor de los edificios en cuestión, hay un mundo de carritos con cartón y autos destartalados. “¡Abran!”, ordena el “chalequero”. Detrás del tabique, el grito se responde con otro grito, el de los chicos que cantan a coro: “¡No nos saquen! ¡No nos saquen!”.

La entrada está tapiada con una madera del muro y cuando cede, aparecen las mujeres y, los chicos. Los hombres, en su mayoría, hacen turno en algunas de las cinco barricadas puestas en los distintos accesos y mantienen a raya a los móviles policiales. Sobre el hall, con su nieta en brazos, Pascuala Rocalbo reconoce que está cansada de esperar. “Somos toda gente pobre y trabajadora, somos necesitados. Para mí es un peligro venir acá adentro. Nos puede pasar cualquier cosa”, dice la señora. Hace catorce años que vive en la 1.11.14.

La presencia de Página/12, los primeros extraños en entrar en el edificio, causa revuelo. El hall se llena de gente predispuesta a hablar, sí; pero con ganas de saber qué pasa afuera. O mejor dicho, de cuántos “ortibas” (policías) aguardan órdenes tras la barricada. Una vez enteradas, dos mujeres piden que se fotografíe el lugar e invitan a pasar a los departamentos. Están, como dijo el gerente general del IVC, Jorge Sutton, 98 por ciento terminados y equipados, porque los propios ocupantes cuidaron que no hubiera saqueos. Faltan las cortinas y los portalámparas.

“Acá (en la villa) alquilar un cuarto sale 700 pesos y no todo el mundo tiene”, dice la hija de Pascuala Rocalbo, de 23 años. Ambas resultaron adjudicatarias. La ronda se desarma y deriva en una recorrida por el edificio. Hay colchones tirados en el piso y cunde el mate entre los vecinos. Para sentarse, las mujeres usan los enormes tachos de pintura blanca. Los chicos copan los balcones que dan a otros edificios, usurpados hace tres años. “Vamos a resistir”, jura la abuela.

En la puerta principal, el “chalequero” charla con un puntero. “La cosa es hablar”, dice el puntero. “¿Y si hay represión?”, pregunta el cronista. “Y... pelamos los chumbos.” El “chalequero” sonríe. La noche anterior se quedó con las ganas de pegarles a los policías.

Las fuentes judiciales consultadas por este diario admiten que la postura más intransigente es la del IVC. Con el correr de la tarde, los ocupantes de tres edificios aceptaron irse bajo promesa de que se tendrá en cuenta para futuros proyectos de vivienda social a quienes no fueron adjudicatarios. La negociación hecha por los referentes del barrio parecía en parte cerrada. Del otro lado del mostrador estaban el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, y el presidente del IVC, Ricardo Apelbaum.

Habrá una guardia conjunta entre policías y adjudicatarios para que los departamentos no sean tomados de nuevo. Nadie, ni el fiscal, sabe si la policía intentará sacar a los ocupantes del edificio que se negó a autodesalojarse. En las barricadas, la desconfianza y la bravura se funden en el ánimo de los vecinos. Una mujer putea al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, pero después admite haberlo votado. “Pensé que iba a ayudar a la gente pobre, a todos los que necesitamos ayuda”, dice la señora. A su lado está Gladys Vegara, delegada de la manzana 9, que se ríe de todo lo que dice la señora. “¿Sabés cómo se llama? –susurra en medio del gritos–. Adriana ‘La Loca’”.