En la actualidad, en la provincia de Buenos Aires, sobre una población de 15 millones de personas, son 460 los chicos menores de 18 años que están privados de su libertad por “delitos graves”, según datos suministrados a Página/12 por el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Daniel Arroyo. Al mismo tiempo, otros 1800 pibes cumplen distintas medidas alternativas al encierro en un instituto por su supuesta participación en “delitos leves, como robos y hurtos; ellos no están privados de su libertad, pero deben cumplir una serie de requisitos o realizar tareas comunitarias ordenadas por un juez”. Frente a los datos, Arroyo sostuvo que “en la escala de los delitos ocurridos en la provincia, la participación de los menores es muy pequeña”. A nivel nacional, según un trabajo realizado por Unicef, “son 6294 los adolescentes y jóvenes que se encuentran incluidos en dispositivos penales juveniles por orden judicial”. De ese total, son 1799 –el 29 por ciento del total– los privados de su libertad.

En referencia al caso de Daniel Capristo, por cuya muerte ocurrida en Valentín Alsina está detenido un chico de 14 años, Arroyo admitió que “a los familiares de una víctima seguramente les importe poco que sean 460 los menores privados de su libertad o que sean dos millones, pero los datos concretos es que la participación juvenil en delitos es muy pequeña”. El funcionario precisó que del total de institucionalizados por delitos graves “410 tienen entre 16 y 18 años, mientras que los otros 50 son menores de 16”. Arroyo recordó que en el ámbito provincial está vigente la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil que determina que los menores tienen que ser enviados a institutos cerrados “sólo en casos excepcionales”.

Arroyo precisó que se consideran “casos excepcionales” los que van “de robo a mano armada para arriba”. Al mismo tiempo, señaló que la ley vigente establece que los chicos tienen que cumplir “sólo un tercio de la pena que le correspondería a un adulto por el mismo delito”. En la provincia de Buenos Aires hay 20 institutos cerrados, pero sólo en dos de ellos están reunidas las condiciones a las que aspiran las autoridades para todos esos sitios en el futuro: “Que dentro del lugar esté la escuela, el centro informático, la capacitación en oficios (carpintería o herrería), un centro de atención de las adicciones (paco, etc.)”.

El funcionario resaltó que en los últimos seis meses “todos los chicos privados de su libertad fueron llevados a institutos. Ya no hay pibes en las comisarías”. Arroyo consideró que, al analizar las razones que llevan a un joven al delito, hay que tener en cuenta “para quién roba, quién los manda a robar, quién está detrás de los robos y de la cocina del paco”.

Arroyo estimó que en los casos de delincuencia juvenil aparece un fenómeno en forma reiterada: “Los jóvenes son los más jugados, los más violentos”. Según Arroyo, en el perfil de los que tienen problemas con la ley aparecen dos elementos constantes: “El alto nivel de adicción y el embarazo adolescente”. En la provincia de Buenos Aires, “el 30 por ciento de las mamás son menores de 18 años que viven con su novio y su hijo en casa de sus padres, lo que provoca un fenómeno de rehacinamiento”. Como consecuencia de eso, en los últimos tiempos, “las tomas de tierra están lideradas por parejas jóvenes. Son chicos, con hijos a su alrededor”.

Otro estudio realizado el año pasado determinó que en todo el país hay “6294 casos de adolescentes y jóvenes que se encuentran incluidos en dispositivos penales juveniles por orden judicial, de los cuales 1799 (29 por ciento) se encuentran en establecimientos de privación de la libertad cerrados o semicerrados”. El “71 por ciento restante está en programas no privativos de la libertad”. El trabajo fue realizado por Unicef argentina, en colaboración con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf) y la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

De los 119 establecimientos de privación de libertad existentes “39 (33 por ciento) no son especializados para adolescentes, sino que permiten el encierro (mayor a 72 horas) en comisarías (21 por ciento) o en servicios penitenciarios de adultos (12 por ciento) en contradicción con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley Nacional de Protección”.

Por otra parte, existen 25 programas no privativos de la libertad “de acompañamiento para la población adolescente infractora o presunta infractora a la ley penal, pero en su mayoría se trata de programas no especializados en la temática”. Sólo nueve provincias cuentan “con un programa específico, tipo programa de libertad asistida o similar”.

En el informe se consideró como un dato “difícil de analizar” la tipología de los delitos que dan lugar al ingreso al sistema privativo de la libertad. “De todas formas, se puede ver que el 70 por ciento de las entradas está relacionado con delitos contra la propiedad, siendo su número más importante la modalidad ‘sin armas’ (38 por ciento).”

Los que son encerrados en institutos permanecen allí “entre uno y cuatro meses (29 por ciento), menos de un mes (15 por ciento), entre siete meses y un año (15 por ciento) y entre cuatro y seis meses (9 por ciento)”. El 81 por ciento de la población en establecimientos tiene entre 16 y 18 años, mientras que un 18 por ciento es menor de 16 años. Las mujeres encerradas representan un 8 por ciento del total, mientras que los varones llegan al 90 por ciento. La información, en este sentido, es incompleta y por lo tanto, los datos son estimativos.