La mujer que fue violada durante más de 20 años por su padre, tuvo siete hijos fruto del abuso y se atrevió a denunciarlo, carece de asistencia del Estado, vive hacinada con sus hijos en casa de un familiar y no puede enviar a los niños a la escuela ya que la difusión irresponsable que muchos medios, locales y nacionales, hicieron del caso, ha estigmatizado a los chicos, que por ahora han perdido toda la vida social que llevaban. Ayer, un diputado le pidió al gobierno mendocino que brinde asistencia social a la mujer, convertida en víctima una vez más. En tanto, dos abogados particulares, uno de los cuales es hermano de un ministro provincial, se harán cargo de la defensa del hombre que está detenido, imputado por violaciones reiteradas agravadas por el vínculo.

El diputado Ricardo Puga, del bloque opositor Todos, denunció ayer ante la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura que la mujer que denunció a su padre por violación, después de más de veinte años, atraviesa una situación “penosa”. “Lamentablemente se ha tenido que recluir en la casa de un familiar, está viviendo en una habitación con ocho personas, en una casa donde hay 17 personas en total, sin alimentos, sin recursos, sin la protección de una vivienda, con los chicos que no van a la escuela”, explicó el legislador.

Puga destacó que la familia “no tiene (dinero) ni para el micro”. Por eso, pidió a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social que tomen a su cargo la situación. “Han transcurrido demasiados días para que no se hayan tomado las medidas pertinentes. Uno tenía la expectativa de que la jueza hubiera ordenado al Ministerio de Desarrollo Social la atención

debida para que los chicos, que son sujetos de derecho, que significa que tienen el derecho a estudiar, a jugar, a vivir libremente, a tener protección, a no ser asediados, pero nada ha ocurrido”, subrayó.

Según Puga, hasta el diputado oficialista Jorge Tans pidió a Desarrollo Social que haga algo para salvaguardar la salud física y psíquica de los siete menores de edad y la madre. “En Desarrollo Social dicen que esperan orden de la jueza para dar la ayuda. Lo cierto es que si hay niños en riesgo una orden judicial no hace falta para ayudar”, enfatizó el legislador.

La mujer, de 35 años, denunció hace dos semanas ante la Justicia a su padre por abusar sexualmente de ella durante 20 años y procrear, de esa forma, siete hijos de 19, 17, 16, 12, 11, 6 y 2 años.

En tanto, fuentes de la investigación confirmaron que los abogados Fabián Hathallah y Pablo Cazabán, hermano del ministro de Gobierno de la provincia, Alejandro Cazabán, asumirán la defensa del acusado.

“Hasta ahora sólo hemos podido sacar una copia del expediente y hablamos personalmente con el detenido”, dijo Hathallah. El letrado adelantó cual será su estrategia, con una definición en una entrevista con una radio local: “No estamos ante la presencia de un delincuente sino de un pecador, cosa que se deberá demostrar con la investigación”.

“En este caso hay un pecado y no un delito, eso se demostrará con el transcurso de la investigación”, remarcó, y dijo que en el equipo de defensa están “convencidos de que no estamos en presencia de un delito con características de violencia”, con lo cual dio a entender que las relaciones habían sido consentidas.

En ese caso, no les será fácil demostrar que hubo consentimiento en las primeras relaciones, cuando la víctima era menor de edad. Si los exámenes de ADN demuestran que el hijo mayor, de 19 años, fue engendrado por el padre, la madre tenía en el momento de engendrarlo 15 años. Aunque según los testimonios del hermano, los abusos venían produciéndose desde que la niña tenía apenas ocho años.