Veintiséis años de condena por estrago doloso seguido de muerte contra 194 personas y lesiones a otras 1524, y por pagar coimas a la policía para evitar controles en el local, fue el pedido del abogado José Iglesias, padre de una de las víctimas de Cromañón y abogado del grupo mayor de querellantes, contra el empresario Omar Chabán luego de un extenso alegato de casi siete horas de exposición. Acto seguido también solicitó para Raúl Villarreal, como socio menor de Chabán, la pena de 13 años de prisión por estrago doloso. Y contra el grupo Callejeros pidió: 26 años de prisión para Patricio Fontanet (al que consideró tan responsable como Chabán por su capacidad de evitar la tragedia, además del cohecho activo); también 26 años para Diego Argañaraz, manager del grupo, quien también para la querella tuvo conciencia directa del peligro y no hizo nada para evitarlo. Para los otros integrantes del grupo, los pedidos fueron de 5 a 12 años de prisión. Y para los policías acusados por cohecho, reclamó penas de 6 y 26 años de cárcel. Hoy continúa la acusación contra los funcionarios.

El juicio se hizo a sala cubierta y, por primera vez desde que se inició, hace nueve meses y medio, tuvo acceso la televisación en directo.

De ese modo, comenzó el último tramo del proceso que para muchos resultaba impensable o inalcanzable, el de los alegatos. Ante el Tribunal Oral 24, presidido por la jueza María Cecilia Maiza y con los jueces Raúl Llanos y Marcelo Alveró, desde las 9.40 de la mañana y asistido por la abogada Beatriz Campos, José Iglesias desarrolló un extenso alegato que derivó en el pedido de condenas.

A unos metros y separados por el blíndex, algo más de 80 familiares de víctimas en diez líneas de bancos, desplegaban sus fotos, se acurrucaban detrás de ellas, apretaban sus manos. Una mujer, de cabellos blancos, enjugaba las lágrimas, oculto el rostro detrás de la foto de un ser querido; otra se abrazaba a la foto y la acariciaba con su dedo pulgar, mecánicamente, mientras su rostro se crispaba. Otra gimoteaba en silencio, se notaba desde lejos, desde la galería de la prensa, porque su cabeza se balanceaba rítmicamente pero sin control, a veces apoyándose de costado, a veces colgando de sus propios hombros. El primer banco estaba vacío o cubierto, según se vea, sólo ocupado por las fotos de las víctimas que colgaban del respaldo y que los familiares cuidaban, respetuosamente, para que quedaran visibles.

Primero, Campos desarrolló las claves de lo que la querella consideró el origen y el motivo del incendio del boliche. Señaló la venta de entradas, que multiplicó la cantidad de público por encima de la capacidad del local. Recordó que el cupo permitido era de poco más de mil personas (1032, según la habilitación municipal). También dijo que la venta de entradas anticipadas fue de 2700 y en el local se vendieron poco más de 300, “y pese a todo Villarreal seguía vendiendo entradas en la esquina de Jean Jaurès y Mitre”.

Y recordó que las responsabilidades sobre la seguridad y control del local estaban repartidas entre Chabán, Villarreal, Callejeros y la propia policía, que había destacado un patrullero frente a la puerta del boliche y un vehículo de la Guardia de Infantería ubicado sobre la esquina de Jean Jaurès y Bartolomé Mitre.

Por otro lado, revisó los contradictorios expedientes de la habilitación del local, y las diferencias entre lo que mencionaban los planos municipales y los datos de la realidad: la ubicación de puertas donde no las había, la superficie en los planos y en la realidad. También la ubicación de las columnas y de las puertas y sus medidas, que no coincidían con la situación ni con las medidas reales. Según Campos, “medidas forzadas para que coincidiera con las exigencias de la ley”.

Luego, Iglesias dibujó un perfil psicológico de Chabán, para hacer hincapié en la figura del estrago doloso, que le permite a la querella intentar demostrar que el empresario se figuraba el riesgo concreto de la catástrofe y de los peligros que representaba. Recordó que Chabán dijo que “hay elementos combustibles aquí, nos vamos a incendiar todos”. “El Chabán de esa noche –dijo Iglesias después de mostrar en pantalla un video en el que Omar Chabán parece representar un empresario delirante durante una entrevista– no hizo el personaje del Chabán payaso, no hizo la advertencia del peligro por la pirotecnia en el personaje de un payaso. Tan en serio hablaba Chabán, que Pato Fontanet tuvo que tomar el micrófono para bajar el nivel de agresividad, porque Chabán estaba muy consciente del peligro de una catástrofe.”

Luego continuó la acusación contra Raúl Villarreal, señalado como la “mano derecha” de Chabán, “que no era como Chabán pero tampoco era su empleado, tenía capacidad de decisión”. Y solicitó para él 13 años por estrago doloso seguido de muerte de 194 personas y heridas a otras 1524.

Después desarrolló la acusación sobre el grupo Callejeros, al que definió y describió como un “grupo de rock grande”, con las características “de una empresa, con marca registrada, página web, división de tareas”. Sostuvo que la conducta posterior de parte del grupo, que intentó rescatar familiares y público, no incide en la responsabilidad previa (“permitió el ingreso de pirotecnia”, “advirtió sobre los riesgos por lo que los conocía y no realizó nada para evitarlo”), cargó las tintas sobre Fontanet como empresario y líder del grupo y sobre Diego Argañaraz, como manager de Callejeros.

El alegato cerró a las 22, con el pedido de 26 años de prisión para el subcomisario de la seccional séptima, Carlos Díaz, por estrago doloso y cohecho. El juicio continuará con los alegatos de los restantes grupos de querellantes representados por Mauricio Castro y Marcelo Parrilli; Alberto Urcullu y Patricio Poplavsky, y la acusación del fiscal Jorge López Lecube que tendrá lugar mañana. Las defensas tendrán su espacio de alegato a partir de la semana próxima. Y el veredicto se podrá escuchar el 19 de agosto.