Un grupo de organizaciones denunció ayer al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por mantener privados de la libertad a jóvenes menores de 16 años “de manera arbitraria e ilegítima, con el pretexto de mantenerlos protegidos”. Los colectivos acudieron al organismo internacional “tras agotar todas las instancias judiciales a nivel nacional”, explicó Emilio García Méndez, titular de Fundación Sur, que junto con el CELS y la Asociación Xumek Argentina elaboraron la denuncia. A principios de diciembre de 2008, la Corte Suprema revocó la orden de la Cámara de Casación Penal –que había dado lugar a un reclamo presentado por las mismas organizaciones– de liberar en forma progresiva a alrededor de 60 chicos encerrados en un instituto de menores porteño. Sin embargo, no significó un punto final en el tema para los representantes de las entidades. Además de denunciar, en el escrito le solicitan a la Comisión Interamericana que ordene la aplicación de medidas para terminar con “la situación de encierro en la que se encuentran miles de niños”.

La denuncia de las tres organizaciones plantea dos cuestiones generales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a la situación de los chicos y chicas menores de 16 años en conflicto con la ley penal que permanecen internados en institutos de menores y lugares similares. En ese sentido, el titular de Fundación Sur, que además ocupa una banca en la Cámara de Diputados nacional por el SI, explicó que la presentación describe las “condiciones materiales deplorables” en las que esos chicos y chicas conviven, por un lado, mientras que por otro expone la situación de “ilegalidad judicial” en la que se encuentran.

Ambas problemáticas desembocan y justifican el pedido que acompaña la denuncia: “Ordenar la liberación progresiva de los chicos institucionalizados y su integración en programas que no establezcan la privación de la libertad entre sus puntos constitutivos”, apuntó.

La denuncia está amparada en las leyes que conforman la Constitución nacional, y en algunos puntos de la Convención sobre los Derechos del Niño y de otros pactos y documentos internacionales a los que Argentina adscribió dándoles rango constitucional. Es lo que sucede con el tema de la libertad de los individuos, en este caso de los menores, pilar de la denuncia: “Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la privación de la libertad a menores de edad sólo puede ser tenida en cuenta tras debido proceso, como medida excepcional y cuando es el último recurso disponible. En Argentina, hablamos de más de 1800 chicos en todo el país que fueron sujetos de esa medida, cuando no fue ni es excepcional ni último recurso y sin haberles sido otorgado un debido proceso”, argumentó el titular de Fundación Sur.

Entonces, la liberación progresiva se convierte, a lo largo de la denuncia presentada, en una medida de fondo a la que los representantes de las tres organizaciones que elaboraron el documento acompañaron con medidas cautelares. Para el diputado nacional, la que se destaca por encima del resto es la conformación de una comisión permanente, integrada por representantes de organismos públicos y entidades de la sociedad civil entendidas en la materia, que “visite y monitoree de manera sostenida los lugares que, en todo el país, funcionan como cárceles juveniles”. Según apuntó, la solicitud de la medida responde a “una forma de asegurar la transparencia de lo que pasa ahí adentro. Queremos que la Comisión Interamericana se preocupe por las condiciones materiales en las que los chicos viven encerrados”.

En tanto, la presentación también alerta sobre la condición judicial “de ilegalidad” que empapa a cada chico menor de 16 privado de su libertad, situación que “sólo puede superarse con una reforma legal”, reconoció García Méndez: la sanción de un régimen penal juvenil. “Hace seis años que el Ejecutivo tiene la posibilidad de sancionar una ley que lo cree. No lo hace porque nadie quiere pagar el costo político que implicaría. Es verdad que se habló hace poco tiempo de que no era el momento. Pero si esperamos a que sea el momento justo para algo, no avanzamos más”, consideró el diputado.

El Estado argentino es acusado ante el organismo interamericano de mantener encerrados en forma ilegal a menores de 16 años con la “excusa” de la protección. Al respecto, García Méndez opinó que en el país “la tendencia es a disminuir las garantías para poder utilizar la privación de libertad como una forma reforzada de políticas sociales destinadas al control de adolescentes pobres”. Entonces, arremetió contra la Corte Suprema y la decisión que tomó en diciembre pasado de rechazar la liberación de un puñado de jóvenes del Instituto San Martín, en la ciudad de Buenos Aires, ordenado por la Cámara de Casación Penal. “El fallo es el mejor ejemplo de que se está acabando con las garantías. Nunca la Corte Suprema emitió un fallo tan groseramente violatorio del derecho vigente. La ley 26.061 (de Protección Integral) prohíbe expresamente la privación de la libertad como forma de protección.”

El fallo supremo, unánime y emitido el último 2 de diciembre, rechazó definitivamente la liberación requerida por los camaristas en 2007 por considerar que si se devolviera a los menores a las calles, “la situación, que ya es seria, podría agravarse generando una vulneración de los derechos que se intentan proteger”. La orden de la Cámara de Casación había sido requerida por el rechazo que la Cámara del Crimen había expresado a un hábeas corpus colectivo que exigía la libertad de más de 60 menores de 16 años presentado en 2007 por Fundación Sur, el CELS, el Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño, Abuelas de Plaza de Mayo y el Inecip, entre otros organismos de derechos humanos.

Informe: Ailín Bullentini.