Yolanda Besteiro lidera la Federación de Mujeres Progresistas de España, un colectivo de asociaciones con presencia en todo el territorio ibérico. Es abogada, concejala del bloque socialista en Alcalá de Henares, su tierra, y vicepresidenta del Observatorio Nacional de Violencia hacia las Mujeres. A cinco años de la sanción de la ley integral contra la violencia machista en su país, Besteiro conversó con Página/12 y realizó un balance de la aplicación de la normativa, que castiga con penas de prisión hasta la agresión que no deja marcas físicas y con la cual se logró condenar a un total de 95.284 hombres por malos tratos y vejaciones hacia sus parejas. “Es importante que no queden bolsas de impunidad porque si no queda la idea en los agresores de que no está tan mal lo que hacen como parece”, señaló a la hora de dejar un mensaje a los funcionarios del Ejecutivo y del Poder Judicial que deben poner en marcha el abanico de medidas que establece la ley integral para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres, sancionada en la Argentina dos meses atrás. También se refirió a la reforma legal sobre el aborto que impulsa PSOE y al impacto de la crisis económica sobre la población femenina.

Besteiro estuvo en Buenos Aires invitada por la Fundación Alicia Moreau de Justo. Tuvo reuniones con autoridades nacionales y de la ciudad de Buenos Aires y participó de un encuentro en la Legislatura porteña en el que se analizaron las legislaciones de España y la Argentina para enfrentar la violencia machista.

–¿Cuál es el balance de estos primeros cinco años de aplicación de la ley española?

–Muy positivo porque ha permitido avanzar en la protección tanto social como jurídica de las mujeres y a la vez acabar con bolsas de impunidad de los maltratadores. La legislación penal creada ha sido muy importante y se han endurecido las penas. Hasta el maltrato que no produce lesión, que puede ser tanto físico como psíquico, tiene castigo: dejó de ser una infracción penal muy pero muy leve. Ahora, cuando la víctima de ese maltrato de obra, como lo llamamos, es una mujer y quien lo ejerce es su compañero o ex compañero, se considera delito y puede ser castigado con pena de prisión.

–¿Cómo se puede probar si no deja marcas visibles?

–Ese es un problema. No sólo en esos casos sino también en otros en los que hay agresiones verbales como una coacción o una amenaza. Como se producen en el ámbito familiar, no hay testigos más allá de ese entorno. La otra dificultad con la que nos estamos encontrando es que en el Derecho Penal español existe un artículo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite a una persona no declarar si tiene que hacerlo contra su pareja o ex pareja. Por la propia naturaleza de la violencia de género, como se trata de mujeres que se encuentran completamente aterrorizadas y en muchas ocasiones con dificultades para enfrentarse a su maltratador en un procedimiento penal, muchas de ellas se suelen acoger a ese derecho a no declarar. Y como no hay más pruebas, se absuelve al imputado y el caso queda impune. Las organizaciones de mujeres estamos intentando o bien que se derogue ese artículo o que no se aplique en los casos de violencia o que se les otorgue valor probatorio a las manifestaciones o declaraciones que hace la víctima en la comisaría. En el Derecho Penal español, lo que se hace en una comisaría vale para iniciar el procedimiento penal, pero la acusación y la carga de la prueba se celebran en el juicio en sala.

–¿Están suficientemente capacitados los operadores de la Justicia para comprender la violencia de género?

–No. Esa es otra dificultad grande que vemos tanto en jueces y fiscales como en médicos forenses y equipos psicosociales, es decir, en los profesionales que participan de todo el proceso y deberían coadyuvar a obtener la condena del maltratador y a ofrecer una mayor protección a la víctima. Para muchos de esos profesionales el hecho de que la mujer sea incapaz de sostener la acusación delante del juez y se acoja al derecho a no declarar puede ser un indicio de que los hechos no son ciertos, cuando en realidad es al revés: una mujer que siente verdadero terror para enfrentarse a su maltratador es un claro indicio de que está siendo maltratada, de la inseguridad que siente y de su falta de autoestima. Por eso otro avance importantísimo de la ley es el trabajo psicológico que se hace con las mujeres, el tratamiento que permite que ganen confianza, empoderarlas, que puedan enfrentar al proceso y al maltratador e iniciar una nueva vida.

–¿Cuántas condenas hubo por maltrato?

–Con esta ley las mujeres se sienten más protegidas y al sentirse más amparadas se deciden más a plantar cara a su maltratador y a denunciarlos. Esto hace que se haya superado las 90 mil denuncias en 2007. Los datos del último año todavía no se dieron a conocer. Y hemos obtenido más de 72 mil condenas en ese año. Hay que destacar que inmediatamente que una mujer denuncia se aplican las medidas de protección y se dicta la orden de alejamiento del agresor de la víctima.

–¿Han podido evaluar si bajaron los índices de violencia de género?

–La violencia de género es un fenómeno que por desgracia tiene su raíz en la desigualdad que existe entre hombres y mujeres y en el hecho de que hay hombres que se consideran superiores a las mujeres, pero no de cualquier mujer sino de aquella que consideran propia y por lo tanto creen que están legitimados para violentarla. Entonces, la única manera de avanzar y erradicar la violencia es que se modifique esa desigualdad. La importancia de la ley integral contra la violencia es que no sólo abarca medidas penales para condenar al culpable y atender a la víctima sino también medidas de transformación de ese ideario que hace posible que la violencia exista. Me refiero a medidas educativas que promocionen los valores de igualdad entre varones y mujeres, y también prevé la supresión de todo tipo de imágenes y publicidades de mujeres estereotipadas o discriminadas para erradicar el concepto de superioridad de un sexo sobre otro. Y otra ley muy importante que marca un antes y un después en España y que va a contribuir a la erradicación de la violencia de género es la de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, sancionada en 2007, y que establece una serie de medidas de acción positiva para corregir la desigualdad entre los sexos en el campo económico, político, laboral, entre otros. Esa es la otra pata.

–¿Qué han hecho frente a la violencia mediática?

–La ley creó un Observatorio de Medios, que lo integran también organizaciones de mujeres, donde se estudia y corrige ese tratamiento estereotipado y discriminatorio de la información y la publicidad. El organismo recibe denuncias de cualquier mujer que pueda sentirse agraviada. Hubo un hecho en la televisión muy lamentable, en un reality show: un hombre le pidió ante las cámaras casamiento a su ex pareja, una mujer que había sido víctima suya de violencia, y ella lo rechazó. Después él la asesinó. A consecuencia de ese hecho la vicepresidenta de la Nación, María Teresa Fernández de la Vega, mantuvo una serie de reuniones con autoridades de los grupos de medios y se lograron varios acuerdos positivos. Por el momento se está en un período de autorregulación de las conductas y de adopción de buenas prácticas en el tratamiento de la información vinculada con la violencia de género. Fruto de esos acuerdos se consiguió que en todas las coberturas del tema siempre se haga publicidad del teléfono 016, que es específico para la atención de víctimas. Todavía nos falta mucho por andar en este campo pero estamos en eso.

–¿Cuántas mujeres fueron asesinadas en el último año por su pareja o ex compañero?

–Setenta y dos.

–¿Es menor el número de víctimas mortales que en otros años?

–La cantidad ha descendido muchísimo entre las mujeres españolas. De esas 72 mujeres, el 45 por ciento eran de otras nacionalidades. Como consecuencia de ello se está desplegando un amplio plan para hacer llegar la ley integral, todas las medidas de protección, a las inmigrantes. Las mujeres migrantes se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad porque carecen de apoyos de las redes sociales, muchas de ellas desconocen la legislación y no saben que las protege aunque no tengan papeles. Algunas tampoco conocen el idioma y por lo tanto tienen mayores dificultades. Uno de los problemas que había es que ellas podían obtener los papeles por una ley de agrupamiento familiar, es decir, él la reclamaba y sólo podían legalizar su situación a partir de ese vínculo. Ahora, si son víctimas de violencia se les permite obtener su propia documentación, al margen de su maltratador.

–La Argentina acaba de aprobar una ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que debe empezar a implementarse. ¿Qué recomendaciones dejaría en esta instancia?

–Es importante que no queden bolsas de impunidad porque si no queda la idea en los agresores de que no está tan mal lo que hacen como parece. Por desgracia, con la violencia de género hay gran permisividad social.

–¿Cuándo se tratará la reforma legal sobre aborto?

–La idea es que esté en debate entre septiembre y octubre en el Congreso y se apruebe antes de que finalice el año. En nuestra agenda hoy es prioritaria la reforma de la ley de interrupción voluntaria de embarazo. El anteproyecto que aprobó el Gabinete de Gobierno es un hecho histórico porque establece un sistema combinado de plazos e indicaciones y va a permitir ganar en seguridad jurídica y protegerles la salud y la vida de las mujeres.

–¿La crisis económica está afectando en forma particular a las mujeres en España?

–Nos está afectando y muchísimo. Como la situación de inicio de las mujeres era mucho peor que para los hombres, ya nos encontramos con tasas de desempleo femenino que rondan entre 16 y 18 por ciento.