Detrás del portón de microenrejado ubicado sobre Pavón, a mitad de cuadra entre Entre Ríos y Solís, un empleado de seguridad privada contratado para “cuidar” la Subsecretaría de Desarrollo Social porteña que allí funciona le comunica a una mujer que el edificio está cerrado.

–Me dijeron que venga acá. Necesito presentar estos papeles.

–Está cerrado. No van a atender hasta después de las elecciones.

“Prevención”, escrita en enormes y blancas letras mayúsculas, se lee en la espalda de la campera que viste el hombre, mientras se aleja del portón. Pero vuelve rápido, para explicar a Página/12 que el gobierno porteño decidió cerrar las oficinas de la subsecretaría por “seguridad. Los villeros (en referencia a los vecinos del barrio La Fábrica, que se incendió la semana pasada) rompieron todo. Hasta las elecciones va a estar todo cerrado esto”. Fue la única información que provino del organismo porteño, ya que sus autoridades se negaron a hablar con este diario al respecto.

Ubicado en la esquina de Entre Ríos y Pavón, en el barrio porteño de Constitución, el edificio alberga las oficinas donde funciona por lo menos una decena de programas de asistencia social del gobierno porteño. “Son multitudes”, comentó un empleado del ministerio que trabaja allí, en referencia a la cantidad de personas que se acercan a diario a realizar trámites, evacuar dudas y adquirir ayuda para paliar la situación social por la que transitan.

Fue el caso de los vecinos del incendiado asentamiento La Fábrica, en el Bajo Flores, que se reunieron el lunes a primera hora en la puerta de la subsecretaría para reclamar por el pago del subsidio de 8200 pesos que la cartera prometió para las familias afectadas por el incidente, y que no recibieron. Unas 300 personas cortaron el tránsito de Entre Ríos y, con el correr de las horas, al no recibir respuestas por parte de las autoridades, clausuraron ambas salidas del edificio con las vallas que la policía utilizó para mantenerlo “a salvo” y prendieron fuego en la vereda. Si bien gran parte de las dependencias fueron evacuadas, hubo un grupo de empleados que quedó literalmente “encerrado” hasta pasadas las 21.

“Estaban enfurecidos porque los responsables se borraron”, apuntó la fuente en referencia al subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, José Luis Acevedo, y a Pablo Díaz, a cargo de la Dirección General de Asistencia Inmediata (Dgdai), que depende directamente de esa secretaría, ambos organismos que responden ante circunstancias como el incendio de la fábrica. “Son los que pagan los subsidios, los que reubican a la gente. Son ellos los que no cumplieron con los vecinos que reclamaron. La culpa no es de la gente, sino de los funcionarios”, explicó el empleado.

El conflicto se habría originado el jueves de la semana pasada, cuando el grupo de personas que se manifestó fue llevado hasta la sede de la subsecretaría para continuar con el censo que había comenzado en el lugar del incendio. “Como era mucha gente, a las 16 cerraron el edificio, pero a la gente no le pagaron”, explicó una fuente de la dependencia que no quiso revelar su identidad. Luego de esos incidentes, el gobierno declaró asueto administrativo en esa dependencia hasta el lunes 29 de junio, con lo cual ninguno de los organismos con sede en el edificio de Entre Ríos y Pavón funcionará hasta pasadas las elecciones legislativas del domingo.

Además de la de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, en las oficinas del edificio de Constitución funcionan la de la Tercera Edad y la atención al público de Promoción Social, que abarcan direcciones y programas que sirven como único sostén de las miles de familias pobres de la ciudad de Buenos Aires. Como ejemplo, vale nombrar el programa Nuestras Familias, a través del que se entregan subsidios de 200 pesos a familias en esta situación; la Dirección de Asistencia Social Inmediata, dirigida por Díaz, que otorga abrigo, remedios y colchones, condona deudas o tasas, y tramita DNI a personas en necesidad, y el Programa de asistencia a familias en situación de calle, que brinda subsidios para alojamiento. Sólo para dos de los programas, un cartelito indica que los trámites se realizan en otra dependencia.

Informe: Ailín Bullentini.