El Salón Dorado del Hotel Castelar, sobre la Avenida de Mayo, a metros de la 9 de Julio, se llenó ayer de legisladores oficialistas y opositores que apoyan la iniciativa de un grupo de ONG para que la elección del próximo Defensor del Pueblo de la Nación sea transparente y participativa. Para hacerlo, aclararon las organizaciones, “es necesario romper la lógica de negociación política como criterio exclusivo de selección de candidatos”. Hasta el momento, la nominación del ombuadsman es discutida (o “negociada”, como afirman desde las organizaciones) en la Comisión Bicameral para la Defensoría del Pueblo, integrada por diputados y senadores de varias fuerzas. Luego es elevada al Congreso, donde se aprueba con una mayoría de dos tercios. Desde los ’90 hasta ahora, la Comisión siempre envió un solo candidato, sin que la comunidad pueda impugnarlo o proponer otros.

El cargo de ombudsman está vacante desde abril pasado, cuando –después de diez años de gestión– Eduardo Mondino dejó la Defensoría para encarar la campaña política ante las elecciones legislativos por Córdoba en las que resultó elegido senador por el justicialismo. Su nominación fue la única hecha por la Comisión Bilateral de entonces. El reclamo de las ONG apunta a cambiar esta situación, lo que implica ampliar la discusión sobre el rol de la Defensoría, su institucionalidad y sus reglas.

La conferencia para presentar el proyecto “Un defensor del Pueblo, por el Pueblo y para el Pueblo” estuvo encabezada por el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky; el titular de la Asociación por los Derechos Civiles, Alvaro Herrero; Rafael Gentili, de Asociación de Trabajadores del Estado, y Alberto Muñoz, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, entre otros referentes de las organizaciones. Verbitsky señaló que “es central dar el debate para garantizar una capacidad de respuesta efectiva de este organismo en la defensa de los derechos de todos los ciudadanos y, en particular, de los grupos más vulnerables de la sociedad”.

La Defensoría tiene un presupuesto anual de 40 millones de pesos y es, según las ONG, “uno de los principales organismos de defensa y protección de derechos que existen en la Argentina”. Las organizaciones exigen que antes de la designación se cumplan ciertos requisitos y que cambie el mecanismo de selección. En principio, piden que se garantice la postulación abierta de candidatos. Además, tal como se hizo cuando se renovó la Corte Suprema de la Nación, sugieren un mecanismo para presentar observaciones e impugnaciones en una audiencia pública y “la selección de los candidatos a través de un proceso público con pleno conocimiento y acceso efectivo a la trayectoria de los postulantes”.

Otro de los puntos centrales de la propuesta es que el próximo defensor tenga “la mayor independencia de criterio posible respecto de la influencia del poder gubernamental de turno y de los grupos de interés, a fin de poder evaluar libremente las situaciones en las que debe intervenir”. En pos de elevar el piso de eventuales nominaciones, las organizaciones sugieren que los candidatos presenten un plan de trabajo consensuado con los sectores sociales involucrados. “Hay que generar un mecanismo de rendición de cuentas periódicas y efectivas sobre la gestión, que se sume a los mecanismos formales”, advierten las ONG.

La lista de organizaciones que respaldan la iniciativa es diversa, por su contenido, y extensa, porque involucra a entidades de varios puntos del país. Incluye a las Abuelas de Plaza de Mayo, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Greenpeace y las universidades nacionales de La Plata y Córdoba. También hay organizaciones ligadas a grupos vulnerables: dispacitados, campesinos sin tierra, aborígenes y minorías sexuales.

“Se trata de un órgano unipersonal que carece de poder coercitivo respecto de sus recomendaciones, por lo que esta legitimidad dependerá en buena medida del prestigio del que goce y de la falta de cuestionamiento de la que pueda ser objeto su titular –destacaron en un comunicado las organizaciones–. Por lo tanto, la Defensoría del Pueblo debería cumplir un rol fundamental en la defensa y protección de los derechos humanos, y en el control de los abusos e ilegalidades de la administración pública y empresas de servicios públicos.”

En la presentación hubo más de 30 legisladores y representantes de todos los partidos políticos, excepto de la Unión Cívica Radical. Estaban Diana Conti (FpV), María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica), Laura Alonso (PRO), Cecilia Merchan (Encuentro Popular y Social), Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro), Claudio Lozano y Liliana Parada (Proyecto Sur), Eduardo Macaluse y Emilio García Méndez (SI), Patricia Vaca Narvaja (FpV), Samuel Cabanchik (Proyecto Buenos Aires Federal), Victoria Donda (Libres del Sur), Ariel Basteiro (Partido Socialista), entre otros.