El aumento de la tarifa de gas generó un debate entre las propias asociaciones en defensa del consumidor. Mientras algunas recomiendan presentar recursos de amparo ante la Justicia en rechazo a los aumentos –ya hubo varias sentencias favorables en el interior–, otras sugieren que se debe promover el ahorro de gas mediante incrementos moderados. Como aclara Sandra González, de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua), que si bien reconoce que hubo casos de aumentos del 400 por ciento, “hace 8 años que el precio del gas no sube y el aumento afecta sólo al 20 por ciento de los habitantes de todo el país”. Por su parte, el dirigente socialista Héctor Polino, de Consumidores Libres, afirmó que “el aumento es ilegal” y destacó que hay 16 proyectos de ley propiciando la derogación del decreto 2067/98, por el que se establece el aumento.

El tema sería tratado esta semana por la Comisión de Usuarios integrada por veinte organizaciones. Buscarán, en principio, analizar la situación y unificar criterios ante la suba de precio del fluido. De esa reunión, continuidad de otra realizada la semana pasada, pero con una mínima concurrencia, saldrá un comunicado conjunto.

Alicia Calabró, de la Cruzada Cívica para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Servicios Públicos, opinó que “salir a protestar sin informar a la gente no es nuestra postura”. “Hay aumentos de hasta el 300 por ciento –reconoció–, pero mucha gente no sabe cómo se calcula el precio. Lo importante es ahorrar energía y que esto sea se haga de manera efectiva. No queremos ir al choque, sino llevar propuestas. Hace 8 años que no aumenta el gas, todos sabían que esto iba a pasar.” Para Calabró, el aumento deberían haber sido gradual. “Podría ser porcentual, es decir, que suba gradualmente por mes y que la gente vaya cuidando el gasto.”

¿Cómo hacerlo?, preguntó Página/12. “Si alguien puede hacer un esfuerzo, conviene, por ejemplo, cambiar el calefón por un termotanque, que gasta muchísimos menos”, ejemplificó. Por otra parte, destacó que podrían proponerse estrategias como cuando se incrementó el precio de la luz. “Logramos excepciones con el tema de la luz –recordó–. Se aplicaron en los casos de una persona que está conectada permanentemente a un respirador artificial en su casa, o para las familias de bajos recursos que necesitan electricidad para el bombeador de agua, porque no tiene conexión a la red.”

Para Héctor Polino, de Consumidores Libres, se trata de un “aumento triple”. Esta es su explicación: “Primero porque es retroactivo, segundo porque se hizo por decreto y para financiar el mayor costo que tiene el gas traído de Bolivia, que antes pagaba el Estado y ahora los usuarios residenciales. Por último, se establecen recargos de 11 centavos por metro cúbico más el 21 por ciento de IVA, a través del Pure (Programa de Usuarios Responsables de la Energía), que suele castigar más que beneficiar a los usuarios”.

La solución que vislumbra Polino es someter el aumento a una audiencia pública y luego llevarlo al Congreso. “El único problema es que la Comisión de Energía (de Diputados) no se reunió en todo el año...” Mientras tanto, recomendó, conviene seguir con las medidas cautelares que suspenden el pago. “Ya salieron varias medidas en Mar del Plata, Chubut, Salta y Neuquén”, afirmó el ex candidato a diputado por el Partido Socialista. Por último, Polino dijo que no existen excepciones para el aumento de gas, “salvo para las personas carenciadas”.

“Las audiencias públicas tienen que ser vinculantes, si no la gente va a hacer catarsis y nada más”, agregó Sandra González, de Adecua, al conocer la propuesta de Polino. También detalló varios puntos del aumento. “Se cambiaron las categorías en base al consumo. Por lo que sabemos, en Capital Federal, sólo el 11 por ciento recibe el aumento”, dijo. Para González, más allá de la suba, “el problema es la locura que se genera: hay una señora, por ejemplo, que por miedo al aumento de gas se calefaccionó con artefactos eléctricos ¡y le salió el doble!”.

Otro punto señalado por la representante de Adecua es el de la garrafa social. “Es central que siga siendo subsidiada, contra lo que muchos sectores opinan”, deslizó. También señaló que hay excepciones para los consorcios que usan calderas, y graficó lo que para ella sigue siendo el problema central, el abuso: “Cuando yo me voy a trabajar dejó la estufa en piloto, algo que no mucha gente hace. ¿Por qué? porque el gas es barato”.