En un marco de irritación por el monto de las últimas facturas del servicio de gas por redes, el Enargas decidió ayer sancionar a la empresa Metrogas por tener sólo tres oficinas habilitadas para que los usuarios tramiten una excepción al último cargo que encarece la tarifa. El reto oficial se materializó a través de una nota dirigida al presidente de la empresa, José Emilio Perruno, donde se le intima para que corrija esa estrategia, advirtiendo que por ello le correspondería una multa. Hasta ayer, la empresa aseguraba no conocer nada aún sobre esta nueva embestida del ente regulador, esta vez, menos contundente que aquella de hace dos años, cuando el Estado intervino la empresa y logró que se desplazara al director de entonces, Roberto Brandt.

Según recordó ayer públicamente el Ente Nacional Regulador del Gas, “en la oportunidad se indicaron pautas básicas a seguir en las facturaciones a los usuarios del servicio residencial R3, para evitar errores de inclusión”. En rigor, esas instrucciones no fueron nada precisas, ya que los reguladores dejaron a criterio de cada empresa definir quiénes son los clientes que no podrán zafar del último de los tres cargos impuestos sobre la tarifa del gas, con la aclaración de que luego auditarían lo actuado.

Litoral Gas, por citar un ejemplo, hizo llegar al ente su fórmula para distinguir a los usuarios que se harían acreedores del beneficio (comedores sociales, asilos, usuarios que vivan en situación de hacinamiento, etc). Metrogas, a su vez, definió sus propias pautas, consignadas en su página web y concentró al personal “capacitado” para atender esta demanda en las oficinas de Avellaneda, Centro y Caballito, limitación que molestó al ente que preside Antonio Pronsato. Pero finalmente, según aseguró ayer la empresa ante la consulta de Página/12, “el trámite se puede recepcionar en cualquier oficina”, a pesar de que los empleados más idóneos para la gestión están sólo en las mencionadas.

La excepción que podrían conseguir algunos consumidores está referida al último cargo impuesto sobre la tarifa del gas a través del decreto 2067/08 y que tiene por objeto ayudar al Estado a costear la importación de gas (y eventualmente obras necesarias para ello). Esta imposición implica subas que van de 5 a 27 centavos el metro cúbico según la categoría de usuario de que se trate: como la lógica es estimular el ahorro, la carga es mayor para quienes más consumen.

En rigor, los únicos involucrados en el aumento son los que consumen más de 1000 m3 al año y, desde mayo hasta el 31 de agosto, los que demandan más de 1500 (es decir que, desde el último día de este mes, el universo de facturas con ajustes se incrementará). Los consumos menores están exceptuados, tanto como podrían estarlo aquellos que por condiciones económicas y sociales sean acreedores de una excepción que se define a voluntad de cada empresa.

La recaudación de este cargo está en la caja de las distribuidoras sólo en forma provisoria, ya que su finalidad es aliviar a las arcas públicas. Esto hace más comprensible el cuidado oficial por cómo se traza esa divisoria entre los que pagan y los que no. Aun así, resulta excesivo el celo respecto de Metrogas en esta ocasión, privatizada con la que el Estado protagonizó más de un entredicho.

El primer episodio público y fuerte tuvo lugar en el invierno del 2007, cuando la escasez de gas obligó a la formación de un comité de crisis que presidía la Secretaría de Energía. Este cuerpo resolvía a quién se direccionaban los cortes de suministro que afectaron básicamente a la industria. Entonces, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, se mostró disconforme con la forma en la que aplicaba esa estrategia Metrogas. El funcionario le ordenó entonces revertir algunas medidas y, ante el reclamo de la empresa de que lo hiciera por escrito, promovió su intervención.

Defensa de la Competencia no autorizó la integración como accionistas de fondos extranjeros que habían comprado deuda de Metrogas con el propósito de asociarse, decisión que alimentó la sospecha de que el gobierno podía estar propiciando una “renacionalización” de la firma, es decir, su traspaso a manos de un empresario argentino. El Enargas tampoco le aprobó los aumentos tarifarios generales –que sí consiguieron algunas otras distribuidoras– porque Metrogas tiene una causa contra el Estado argentino ante la Ciadi. Seguidilla que muestra cierta inquina hacia la distribuidora que lidera la British, en sociedad con Repsol.