El proyecto para construir dos túneles para el tránsito de vehículos bajo la avenida 9 de Julio, lanzado por el gobierno de Mauricio Macri hace un mes, cosechó una andanada de cuestionamientos y, ahora, una presentación judicial que pretende anular el llamado a licitación que ya está en marcha. Las críticas al proyecto son numerosas: promueve una obra de gran magnitud, que podría ocasionar un fuerte endeudamiento para la ciudad, sin consultas a urbanistas, arquitectos y expertos en tránsito; sin convocar a la audiencia pública previa que exige la Constitución porteña, y sin el aval de la Legislatura.

El recurso de amparo presentado el lunes por la legisladora electa María José Lubertino y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos reclama a la Justicia la suspensión del proceso licitatorio. Se suma al pedido de informes elevado hace una semana por el defensor adjunto del pueblo, Gerardo Gómez Coronado, al ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain. En ambas presentaciones también se cuestiona otro proyecto de la misma cartera: la que pretende crear un Central Park en Recoleta, eliminando un tramo de las avenidas del Libertador y Figueroa Alcorta y derivando el tránsito hacia una nueva avenida.

El proyecto del macrismo tomó estado público el 2 de julio último, cuando el gobierno porteño lanzó la licitación nacional e internacional 9-2009 para “diseño, construcción, mantenimiento y operación de la obra Túneles de la 9 de Julio”. La idea es trazar dos vías subterráneas para el tránsito rápido de vehículos, con tres carriles por mano, que una la Autopista Illia con la AU 25 de Mayo y la Buenos Aires-La Plata, previo pago de peaje mediante el sistema dinámico o telepeaje, confirmaron fuentes de Desarrollo Urbano. Se reemplazaría de esta manera a la Autopista Ribereña, cuyo recorrido estaba previsto por Puerto Madero. Esa obra debía ser construida por la Nación pero nunca prosperó.

El costo del proyecto de Macri se estima en más de 800 millones de pesos, que se afrontarían con la recaudación de la empresa AUSA en concepto de peaje. Esos fondos harían las veces de garantía, ya que la empresa que eventualmente se adjudique la obra debería encargarse de la búsqueda de financiamiento.

“Este llamado a licitación viola derechos ciudadanos y mandatos constitucionales, además de los lineamientos del Plan Urbano Ambiental”, argumentó Lubertino tras la presentación judicial. El amparo reclama que se declaren nulas las resoluciones por las que se llama a licitación tanto para la construcción de los túneles como para la obra del Parque Central Norte, en Recoleta.

La demanda se basa en parte en el pedido de informes que Gómez Coronado, presentó el 27 de julio último. Los cuestionamientos centrales de la Defensoría son los siguientes:

- No se puede encarar una obra de esta magnitud como si fuera la pavimentación de una calle o una avenida. Es que Desarrollo Urbano se basó en una ley, sancionada en mayo último, que le otorga a la empresa estatal AUSA la concesión de obras en la red de autopistas y vías interconectadas de la ciudad, entre las que se incluye la 9 de Julio. Con eso, dio por cubierto el aval de la Legislatura.

- El tratamiento legislativo es necesario, además, porque la obra requeriría un endeudamiento por parte de la ciudad.

- La Constitución de la ciudad establece, en su artículo 30, que las obras públicas de alto impacto requieren de una audiencia pública previa, para consultar a los distintos sectores sobre la necesidad del emprendimiento. El mismo requisito establece la ley 123, aunque en este caso la audiencia puede hacerse después de elaborado el proyecto.

Voceros del Ministerio de Desarrollo Urbano rechazaron los cuestionamientos al asegurar que el llamado a licitación incluye “la elaboración de un proyecto y un posterior estudio de impacto ambiental y el llamado a una audiencia pública”.

“La audiencia pública debe realizarse antes del llamado a licitación”, replicó el diputado Eduardo Epszteyn, de Diálogo por Buenos Aires. “Además, el proyecto se opone al criterio del Plan Urbano Ambiental que propone desalentar el uso del automóvil particular: por el contrario, los túneles bajo la 9 de Julio lo estimulan”, añade el legislador. Para Epszteyn, el proyecto macrista es “muy vulnerable”, ya que aparece en un contexto en que se prevé un rojo en la recaudación de la ciudad y “se habla de emitir bonos para afrontar el déficit”.

“Macri ha reflotado un proyecto de (el intendente de la dictadura, Osvaldo) Cacciatore, que endeudó la ciudad para hacer las autopistas e Interama, pero no pudo construir el túnel bajo la 9 de Julio”, cuestionó el diputado Sergio Abrevaya, de la Coalición Cívica. “Impulsa este proyecto como si fuese una empresa privada –agrega– y si la concreta, va a hipotecar a futuras gestiones de la ciudad.”

La idea de construir un túnel bajo la 9 de Julio había sido lanzada por el ministro de Planeamiento Federal, Julio De Vido y entusiasmó a la gestión porteña de Jorge Telerman, pero luego fue desestimada.

La versión macrista de la propuesta no cayó bien entre los profesionales que integran la Sociedad Central de Arquitectos y el Consejo Profesional de Ingenieros, que fueron consultados recién después del llamado a licitación y se enteraron del proyecto por los diarios.

El proyecto del Parque Central Norte, que propone desviar el tránsito de Libertador y Figueroa Alcorta a la avenida Facundo Quiroga, hacia el río, para unificar los parques de la zona de Recoleta, también generó similares cuestionamientos, a los que se agrega “la modificación inconsulta de Plaza Alvear, que es un área de protección histórica”, según expresó el defensor Gómez Coronado en un segundo pedido de informes, presentado ayer.

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