En febrero próximo el gobierno argentino firmará un decreto convalidando la medida más importante surgida del Mercosur en toda su historia y que tendrá influencia en la vida de millones de personas: la residencia única en los cuatro países del Mercosur –Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay– y además en Chile y Bolivia. El decreto deberá ser después ratificado en el Congreso, pero significa, por ejemplo, que cualquier argentino tendrá casi de inmediato la residencia en Brasil y por lo tanto podrá vivir allí y trabajar, sólo presentando su documento de identidad argentino y un certificado de buena conducta. Como es obvio, también significa que tenderán a legalizar su situación los bolivianos, paraguayos o chilenos que residen en la Argentina y que se estiman en unos 500.000. Esto abre una serie de polémicas sobre la posibilidad de que lleguen más ciudadanos de otros países, pero lo cierto es que en este momento Argentina es lo menos atractivo de la región para atraer inmigrantes: tiene el mayor índice de desocupación y los sueldos más bajos en dólares. Se calcula que de igual manera en febrero, los demás países emitirán sus decretos o leyes estableciendo la residencia única.
Hace una semana, en la XII Reunión de Ministros del Interior del Mercosur, que se hizo en Bahía, Brasil, y que fue presidida por el primer mandatario brasileño Fernando Henrique Cardoso se aprobó el acuerdo de Residencia Unica de los Nacionales del Mercosur. Por la Argentina estuvo el ministro de Justicia y Seguridad, Juan José Alvarez, pero la propuesta y todo el proyecto surgió del Ministerio del Interior y de los encargados del área: el viceministro Christian Ritondo, el titular de Migraciones, general retirado Juan Manuel Llabar, y el director de Administración de Extranjeros, Alejandro Fernández. Hubo un claro respaldo a la iniciativa por parte del presidente de Brasil e incluso de Luis Inácio Lula da Silva quien manifestó su acuerdo con el paso más serio en la integración del Cono Sur. Según circuló en la cumbre de ministros, es muy probable que el año próximo se firme un acuerdo similar con el área andina, o sea Perú, Colombia y Ecuador.
Hasta el momento, la obtención de la residencia en los distintos países es casi una tortura: requiere de certificados de trabajo, contratación de empresas, establecimiento de vínculos familiares y otras trabas difíciles de sortear para buena parte de los inmigrantes. Quienes en estos tiempos viven las mayores dificultades son los argentinos que quieren establecerse en Brasil o Chile, en especial profesionales con buena formación de las universidades argentinas y que tienen buenas chances de ser contratados en empresas de primera línea.
También está el drama de los que residen en forma ilegal en los distintos países y a los que de la misma forma apunta la resolución del Mercosur. Esos inmigrantes sin residencia son objeto de gravísimas discriminaciones y están reducidos a la esclavitud a cambio de ínfimos salarios. Por ello compiten todavía más con los trabajadores de cada país. Pese a que en enero y febrero se mencionó que los peruanos, paraguayos, bolivianos y chilenos residentes en la Argentina se habían vuelto a sus lugares de origen, las autoridades de Migraciones sostienen que eso sólo ocurrió en un pequeño porcentaje: “La mayoría descubrió que no va a vivir mejor en su país y se quedaron”, le explicó a Página/12 una autoridad de Migraciones.
En el censo de población de 2001 se estableció que en la Argentina viven 36.223.947 personas, pero todavía no se procesó el dato sobre el lugar de nacimiento por lo cual no se sabe cuántos extranjeros están en el país. En 1991, el último censo procesado, estableció que vivían en la Argentina 1.615.473 extranjeros, la mitad de ellos provenientes de los países limítrofes. De todas maneras, un cálculo razonable indica que unos 500.000inmigrantes están en el país sin los papeles en regla. Esos inmigrantes se verán beneficiados con la Residencia Unica.
Por supuesto que el mayor cuestionamiento a esa medida del Mercosur viene de quienes sostienen que vendrán aún más inmigrantes a la Argentina y que por lo tanto van a competir con los argentinos por los puestos de trabajo. Lo cierto es que en este momento, estas tierras son poco propicias para la llegada de inmigrantes. Los índices de desocupación son los siguientes:
u Argentina: 20,5 por ciento.
u Uruguay: 15,3.
u Chile: 9,7.
u Paraguay: 7,6.
u Brasil: 6,2.
A esto hay que agregarle que un salario usual en la Argentina es de 500 pesos, o sea 150 dólares, lo que cambia totalmente lo que sucedía hace un año. Por entonces, por ejemplo, ese salario significaba 500 dólares y el inmigrante, con ahorrar 100 dólares, enviaba a Paraguay, Bolivia o Perú una cifra que equivalía a un salario en esos países.
Una vez que se emita el decreto del Poder Ejecutivo, el inmigrante tendrá que presentar sólo su cédula de identidad, partida de nacimiento y un certificado de antecedentes de su país de origen para que en forma casi automática le otorguen dos años de residencia temporaria. Ya no necesitará ni certificados ni contratos de trabajo ni pruebas de algún vínculo familiar en la Argentina. Transcurrido los dos años, se tiene que volver a presentar y agregando otro certificado de antecedentes, esta vez emitido por la Policía Federal, se le concede la residencia permanente. Como muchos inmigrantes tienen enormes dificultades para aportar hasta la documentación más elemental, se creó una oficina de Asistencia al Migrante, a cargo de José Manuel Martínez, y en la que trabajan voluntarios de organizaciones no gubernamentales, estudiantes de universidades y representantes de colectividades. Se busca así evitar la acción de los gestores y sobre todo de las mafias (ver aparte) que manejan un negocio millonario. Contrariamente a lo que se piensa, con el inmigrante legalizado existen menos posibilidades de que le ofrezcan un sueldo de esclavo y, por lo tanto, la competencia por el trabajo se hace más transparente.