En las próximas horas, Joaquín Gorina, una localidad a algo más de 10 kilómetros de La Plata, de apenas 9 mil habitantes y huertas en plena calle, será el centro de todas las miradas. Allí, si todo se cumple tal como los expedientes judiciales prometen, se pondrá en práctica la estrábica receta de la Justicia penal y su balanza desalineada. Los ingredientes: un barrio de importantes y coquetas casas de fin de semana y un enorme country, separados por una calle (originalmente eran dos) y un terraplén perteneciente a la estatal Ferrobaires por donde corrían vías en desuso desde hace casi 40 años. Agregue un par de jueces. Medio centenar de familias y su asentamiento ubicado sobre parte del terraplén. Y una pizca de inseguridad inmobiliaria. Tres años y tres meses de cocción a fuego lento. Resultado: orden de desalojo urgente.

Los acontecimientos tendrán un impacto diferente según se recorra la historia del expediente desde hoy hacia atrás, o desde su inicio hacia el presente. Como la justicia trabaja con la primera de esas versiones, será la primera en describirse en estas líneas: con fecha 27 de agosto pasado, el juez de Garantías 2 platense, César Melazo, ordenó el inmediato desalojo de 48 familias que ocupan seis cuadras del terraplén de Ferrobaires, paralelo a la calle 140, esto es, entre las calles 472 y 478. El desalojo es el objetivo a cumplir de una angustiante denuncia presentada por la vecina Ana Roncoroni y otros, denuncia calificada en el juzgado bajo el delito de “usurpación de propiedad” y que tiene un máximo de tres años de condena. Los motivos de la denuncia, enumerados en el mismo orden de importancia con que los presentaron Roncoroni y otros, son: “inseguridad”, “falta de energía eléctrica” y la sorprendente “obstaculización por el desarrollo del medio ambiente”. Y una más, al final, se ve que casi agregada de compromiso: la “baja del valor de las propiedades”.

Obediente de las garantías, Melazo firmó la orden y la entregó al fiscal 4 platense, Fernando Cartasegna, quien deberá ponerla en práctica. Hasta anoche Cartasegna no había tomado la decisión y estaba buscando la vuelta por donde avanzar.

Qué problema dificulta el cumplimiento de la justicia. En realidad, son varios. Analizando la historia desde su origen: el terraplén pertenece a Ferrobaires. Hace unos treinta años corrían las vías del Ferrocarril Provincial, línea Avellaneda-La Plata, que el dictador Jorge Videla levantó por inútil. Quedaron las vías solitarias, sobre el terraplén, entre dos calles paralelas, la 140, antes mencionada, y la 141, que existía en aquel momento. Hace veinte años, llegaron dos familias que instalaron sus casillas en lo que en ese momento era un descampado, sobre el terraplén abandonado. Una a la altura de la calle 478, la otra a la de la calle 472. Aunque las vías seguían más allá, ambas casillas marcaron involuntariamente algo parecido a los límites de un futuro asentamiento. Porque con los años se fueron incorporando más familias. Llegaron a ser alrededor de 100, en sus casillas apretujadas en seis cuadras y unos 25 metros de ancho, el espacio que hay entre las vías y la calle 140. Cruzando la 140, ya había huertas de quinteros y algunas casas desperdigadas. Del otro lado de la vía, otros 25 metros y la 141. Más allá, el campo bonaerense. Las últimas familias en asentar sus viviendas llegaron hace más de cinco años.

Del lado de la 140, cruzando, donde había quinteros, con el tiempo se fueron estableciendo casas quintas, de fin de semana, importantes en sus dimensiones y demostración de confort. Poco a poco, los quinteros se fueron retirando y los lotes fueron siendo ocupados por este tipo de casas, con amplios jardines y piscinas. Se lo llamó barrio Las Colinas, no está claro si por el terraplén ocupado o por alguna visión de futuro ya presente aquellos años. Los habitantes de Las Colinas son de fuerte capacidad adquisitiva, los hay funcionarios y ex funcionarios ministeriales, médicos forenses y hasta un funcionario judicial de garantías.

En 2001, en plena hecatombe económica, del otro lado de la vía, del lado de la 141 se montó un enorme country, el GrandBell. Estableció sus límites con foso y alambrado paralelo al terraplén y al asentamiento. Se apropió de la calle 141 que quedó como paseo interno y colocó su red sobre parte del terraplén libre, levantando las vías y colocándolas contra la red de alambres para que la red no fuera levantada por manos extrañas.

Cinco años después, el 14 de junio de 2006, un grupo de habitantes del barrio Las Colinas, los de las casas quintas, presentaron una denuncia por usurpación de terrenos. No se equivoque. No contra el GrandBell, sino contra los vecinos del asentamiento. Para ello, tomaron el adjetivo incluyente de vecinos, lo transformaron en el sustantivo excluyente de vecinos y lo hicieron propio. Luego, como vecinos presentaron la denuncia contra los ya no más vecinos del terraplén.

Hubo amenazas policiales (a los denunciados), les sacaron la electricidad, con lo que la mitad de las familias abandonó el lugar y fueron fotografiados por uniformados, para dar una idea de dónde se ubicaba la Ley.

Todo esto es curioso pero ya no sorprende. Hay algo que es más novedoso: los propietarios del terreno supuestamente usurpado no son los vecinos denunciantes sino Ferrobaires. Y tanto Ferrobaires como el Ministerio de Infraestructura, de quien depende la empresa ferroviaria, se presentaron ante Melazo para pedir que anule el desalojo, ya que no existía conflicto con los ocupantes. Melazo siguió adelante, de todos modos, para defender las garantías, no del dueño ni de los más vulnerables, sino de los amenazados por “inseguridad” (no es un delito sino una sensación lombrosiana), “falta de electricidad” (pese a que a las 48 familias les cortaron la luz), “obstaculización por el desarrollo del medio ambiente” (varios ambientes, piscina y garage), y la enmascarada causa de todo, la “baja del valor de las propiedades”, la inseguridad inmobiliaria.

Los vecinos a punto de ser expulsados lograron ayuda de la CTA (los abogados Javier Frías y Marcelo Ponce Núñez y Emilia Preux), el Comité Contra la Tortura, el Foro por la Niñez provincial y otras agrupaciones.

A Melazo no le tembló el pulso para firmar la orden el 27 de agosto ni ante el riesgo de ser tildado de garantista (de los vecinos temerosos). Resulta curioso que lo haya hecho dos meses y 13 días después de prescripta la causa. Más curioso es que nadie recuerde a la calle 141.