Luego del escándalo provocado por la difusión del video en el que la jueza porteña Rosa Parrilli insulta, maltrata y discrimina a dos empleadas de la playa de estacionamiento de infractores del Obelisco, la magistrada sostuvo ayer que “no tiene que pedir disculpas”. Parrilli, que debe 29 infracciones de tránsito, aclaró que sólo les rendirá cuentas “a las autoridades competentes”. El ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, ya radicó una denuncia, después de conocer el informe de las jóvenes agredidas y en el Consejo de la Magistratura porteño se abrirá una investigación. “No sé lo que pasó y no sé lo que dije”, sostuvo la jueza, pese a gran repercusión de la imágenes, tomadas por una cámara de seguridad. “No me vi en el video porque no tengo televisión”, aclaró.

El 15 de septiembre pasado, la titular del juzgado en lo Contravencional Nº 28 estacionó su auto, un Volkswagen Gol, casi en la ochava de la calle Rodríguez Peña al 400, en el centro de la ciudad. Al rato, una grúa de la empresa SEC remolcó el vehículo hasta la playa de infractores, en el subsuelo del cruce de 9 de Julio y Sarmiento. Allí arribó la jueza, con prisa, y deslizó de corrido, casi sin respirar, su primera frase: “Yo soy jueza, me sacaron el auto mientras estaba haciendo un procedimiento; no es la primera vez que me pasa, estoy trabajando y necesito el auto ya”.

Las empleadas, Rocío Marlene Gómez y María Itatí Albe, le pidieron la documentación del auto. Parrilli les aclaró que no pensaba abonar nada, ni el acarreo (190 pesos), y pidió hablar con alguna “superioridad”. Le indicaron que debía consultar con el controlador de faltas. “Yo no tengo que ir a ningún tribunal de Faltas, a ellos, (por los controladores) también los mando yo. ¡Tonta! Que alguien me acompañe al auto”, dijo la jueza, impaciente. Las empleadas le indicaron el lugar donde estaba estacionado su coche, pero ella quería que la acompañaran, a lo que éstas se negaron.

“La que mando soy yo”, insistía Parrilli, que todo el tiempo repetía: “Rápido, rápido”, escudándose en que estaba en medio de un procedimiento. Gómez, detrás de la ventanilla, pedía que no la maltrate y le explicaba que ella no podía darle de baja a la falta. Finalmente, la jueza pasó por el edificio municipal de Carlos Pellegrini al 200 para comparecer ante una controladora de Faltas, quien le perdonó la multa y el acarreo que se había negado a pagar. La magistrada volvió triunfante a terminar el trámite y le dijo a una de las empleadas: “Te hubiera metido un cachetazo por hacerme perder el tiempo, no te das cuenta tontita de que te dije que acá mando yo”.

–No me trate mal, pase por la ventanilla de al lado, mal educada.

–¿Me das salida? –dijo la jueza a otro empleado y luego habló mirando a la anterior empleada–. A los paralíticos, a todo el mundo que no tienen que acarrear le sacan el auto... Mirá, espero que no caigas nunca en mi jurisdicción porque te meto presa ocho meses. Les pagan 1200 pesos para joder a la gente. Ja. Todas morochas, ni una rubia contratan...

–¿Y a usted cuánto le pagan por discriminar, señora? –soltó la empleada.

“Por lo que vi, la jueza chapeó. Las prácticas de muchos jueces son ésas”, opinó unaalta fuente de la Justicia porteña. “Hubo abuso de autoridad en todo momento, al menos eso intentó porque esas empleadas no dependen de ella, sino de la administración de la ciudad y, aunque así fuera, los funcionarios judiciales no estamos exentos a ninguna norma”, explicó.

Consultada por este diario sobre la justificación de Parrilli de que levantaron su auto mientras ella estaba en un procedimiento, la fuente dudó un buen rato. “Ella es una jueza penal, contravencional y de faltas. Los procedimientos de faltas están a cargo de la administración gobernante; en la parte contravencional, como indica el Código de Convivencia, el que instruye la prueba es el fiscal, no el juez. Sólo podría darse la presencia de un juez en un operativo por algunos de los 25 delitos penales que fueron traspasados a la ciudad, pero realmente es muy raro que pase eso. No creo que sea el caso.”

Ayer, luego de que las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar recorrieran los canales de televisión, el ministro porteño de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, confirmó que ya había denunciado a Parrilli por el delito de amenazas y discriminación. El caso recayó en la Fiscalía Penal Nº 6, de Angel Carestía. “Es sumamente grave –evaluó Montenegro–, la jueza entiende claramente de lo que está hablando porque es del Tribunal de Faltas.”

Además, el ministro hizo una presentación en el Consejo de la Magistratura para reclamar el juicio político y destitución de la jueza. El presidente de este Consejo, Mauricio Devoto, anunció la apertura de una investigación sobre el proceder de Parrilli. “Vi el video y esto no le hace bien a la Justicia para nada”, sostuvo. “Tenemos que ver cuáles son las distintas posibilidades y variantes que la ley nos da para encuadrar los hechos que han sido denunciados –aclaró Devoto–. Cuando se inicia un jury, gran parte de las cuestiones están vinculadas con el ejercicio de la función de la jueza, que no es lo que ocurrió en este caso porque esos hechos se han producido en otro ámbito.”

Fuentes del Ministerio de Seguridad porteño contaron a Página/12 que la jueza fue intimada por la Dirección de Faltas para pagar las 29 infracciones pendientes en los próximos quince días. Además, el secretario de Justicia de la ciudad, Daniel Presti, separó de su cargo a Mabel Angotti, la controladora que eximió de pagar la última multa. La controladora, aunque goza de cierta autonomía, está bajo la órbita del gobierno porteño. “Descubrimos que había nueve infracciones, incluyendo esta última, en las que fue eximida. En todas actuó Angotti como controladora”, precisó la fuente.